WOLA: Las comunidades en Colombia continúan enfrentando incidentes de seguridad

por ONIC

Durante el primer mes de 2018, en Colombia una ola alarmante de ataques contra de defensores de derechos humanos, en particular los activistas comunitarios en las zonas rurales, continua . La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) está monitoreando de cerca estos casos, y seguirá respaldando a las víctimas y nuestros socios para garantizar que el gobierno colombiano proteja a estos activistas de más amenazas y violencia.

En nuestra primera publicación de monitoreo de 2018 sobre la situación actual de derechos humanos, WOLA vuelve a detallar las tendencias que siguen afectando a los líderes sociales. Específicamente, nos gustaría llamar la atención sobre los asesinatos de Eleazar Tequía Vitucay y Temistocles Machado, dos destacados líderes sociales que fueron asesinados por hombres no identificados durante el fin de semana del 26 al 28 de enero. Vitucay, del pueblos Embera Katio, era un veterano de diez años de la guardia indígena en el Departamento de Chocó, mientras que Machado fue instrumental en la defensa de los derechos de las personas en la ciudad portuaria de Buenaventura. Ambos fueron parte de la Comisión Étnica por la Paz, una plataforma que ha representado los intereses de las comunidades afrocolombianas e indígenas desde el inicio de las negociaciones de paz.

Como se mencionó en la última publicación de monitoreo de la situación de derechos humanos en el 2017, la alarmante cantidad de asesinatos, incidentes de seguridad y amenazas que involucran a líderes sociales significa que es urgente que los legisladores de los Estados Unidos hagan todo lo posible para convencer a las autoridades colombianas de tomar medidas audaces, eficientes y constructivas para abordar la crisis de seguridad que enfrentan los líderes comunitarios y los defensores. Continuaremos presenciando más asesinatos a menos que las autoridades colombianas lleven a los autores de estos crímenes ante la justicia y brinden una protección efectiva a las comunidades vulnerables.

A continuación hay una lista de incidentes desde nuestra última entrega en diciembre de 2017. Para ver las últimas actualizaciones de derechos humanos, haga clic haga clic aquí.

  • Líder afrocolombiano muerto tras ser abaleado 7 veces (Nariño)
    El pasado 22 de enero, José Olmedo Obando, líder del Consejo Comunitario Nueva Esperanza fue acribillado con siete disparos de bala por sicarios en el municipio Sucumbios del departamento de Nariño. En el mes de diciembre, 4 residentes de dicha comunidad fueron asesinados. Los líderes de la comunidad son blanco persistente de amenazas y persecuciones. Los esfuerzos para obtener medidas efectivas de protección por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales han sido infructuosos.
  • Líder de comunidad asesinado en Yondó (Antioquia)
    La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) informó que Victor Morato fue asesinado el pasado 17 de enero. El señor Morato era el presidente de la Junta de Acción Comunal y miembro del Comité de Servicios Municipales de Yondó y era reconocido por defender los derechos de su comunidad. Hombres no identificados lo mataron en frente de su casa.
  • Testigo en caso de muerte extrajudicial sobrevive ataque (Valle Del Cauca)
    El pasado 20 de enero las organizaciones de derechos humanos del Valle del Cauca informaron que José Wilson Giraldo Barrera sobrevivió a un segundo intento de asesinato. El Sr. Barrera es un testigo clave en el caso de José Orlando Giraldo Barrera ocurrido en el 2006. José Orlando fue asesinado por miembros de las fuerzas armadas colombianas, quienes luego justificaron la muerte informando falsamente que era guerrillero de las FARC. El Sr. Barrera tiene medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
  • Fundadora de MOVICE es secuestrada (Cundinamarca)
    La Sra. Blanca Nubia Díaz, una de las fundadoras del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) fue secuestrada en Bogotá el pasado 13 de enero. Los secuestradores la llamaron “una guerrillera camuflada haciendo campaña política”. La Sra. Díaz fue sedada por los secuestradores que procedieron a cortarle el pelo. Después del ataque, la dejaron frente al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Durante los últimos 16 años, Blanca ha exigido la verdad por la desaparición, la violación y el asesinato de su hija. Ella ha recibido múltiples amenazas de muerte debido a su labor por obtener justicia.
  • Dos muertos y dos heridos (Cauca)
    El 23 de enero en municipio de Buenos Aires, Cauca hombres armados atacaron un carro que viajaba hacia Timba. Los atacantes usaron explosivos y armas de fuego que dejaron dos muertos y dos heridos. Fares Carabalí y Diego Fernando Castillo murieron en el lugar de los hechos. Mientras que otras dos personas que se encontraban presentes, Álvaro Arará Rodallega y Carlos Mina, resultaron heridos. Los 4 hombres están vinculados a una cooperativa afrocolombiana en Santander de Quilichao.
  • Descubierto plan de asesinato contra líder social en Mapiripán (Meta)
    El 22 de diciembre, la organización Justicia y Paz informó que estructuraras paramilitares hablaron públicamente sobre las órdenes de asesinar al líder de restitución de tierras, William Aljure. Durante los últimos cinco años, el Sr. Aljure ha luchado por reclamar los derechos de su familia a las tierras que fueron usurpadas violentamente e ilegalmente por los paramilitares. Durante los últimos tres años, se ha unido con líderes de comunidades indígenas para exponer el daño ambiental causado por las plantaciones de palma aceitera en Mapiripan. El Sr. Aljure es portavoz en el Meta de la Red de Comunidades que Construyen la Paz en los Territorios (CONPAZ). La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) lo ha recibido en Washington, DC.
  • Distribuyen en Sincelejo panfletos amenazantes (Sucre)
    El 22 de diciembre, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) distribuyeron un panfleto con amenazas de muerte, que acusa a los miembros de MOVICE y Sembrando Paz de ser colaboradores de la guerrilla. Ambas organizaciones son socios de WOLA desde hace varios años. En el panfleto, las AGC declara que las personas nombradas en el panfleto son “guerrilleros civiles” que desean engañar al pueblo colombiano y convertir el país en “el espejo de Venezuela”. Con esta acusación advierten a estos líderes que planean matarlos. Esta amenaza directa que contiene acusaciones falsas aumenta el nivel de inseguridad de estas organizaciones. Dichas afirmaciones falsas contra los líderes erosionan su legitimidad y los convierten en objetivos militares.
  • Incursión paramilitar deja tres personas muertas (Cauca)
    El 21 de enero, el pueblo de El Plateado en el municipio de Argelia, Cauca sufrió una incursión paramilitar que dejó tres muertos: Lenin Gómez Samboni, Belén Suárez Tribillo y Carlos Muñoz. La Comisión Inter-Eclesial para Justicia y Paz (Justicia y Paz) informó que varios hombres armados con capuchas y portando armas de fuego ingresaron al pueblo. Ellos procedieron a disparar contra una multitud que participaba en las fiestas del pueblo en la plaza principal.
  • Desplazamiento masivo de pueblos indígenas (Córdoba)
    La Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó sobre el desplazamiento de al menos 425 personas (aproximadamente 131 familias) en el municipio de San José de Uré. OCHA señala que este desplazamiento fue provocado por el asesinato, el pasado el 18 de enero, del presidente de la Junta de Acción Comunitaria de San Pedrito.
  • Comunidades indígenas denuncian violencia persistente (Cauca)
    La comunidad indígena Chab Wala Kiwe del pueblo Nasa del norte del Cauca, informó acerca de una serie de incidentes violentos ocurridos en sus territorios del 6 al 18 de enero. Estos incluyen: el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares colombianos los días 6 y 16 de enero; actos de intimidación por parte de grupos armados ilegales durante varios días (12, 16 y 17 de enero) y la distribución, el pasado 15 de enero, de amenazas de muerte por parte del grupo paramilitar AGC. Lo más importante es que denunciaron también el asesinato, por hombres no identificados, de German Andrés Ruiz Mera, quien era familiar del representante de la comunidad.
  • Continúa persecución de demandantes de tierras en el Bajo Atrato (Chocó)
    El 24 de diciembre, Justicia y Paz reveló un plan para asesinar a miembros de la comunidad de Bracitos en el territorio colectivo de Jiguamiandó. La ONG señala que los grupos armados ilegales que existen en la zona acusan falsamente a los miembros de la comunidad de ser colaboradores de la guerrilla. El objetivo final del complot era asesinar a Seferino Armanta, uno de los líderes de la comunidad, y otros dos residentes de Bracitos no identificados.El 23 de diciembre, un grupo armado incursionó la comunidad cercana de Bijao Onofre, buscando a Rosario Amaya, líder de una zona de biodiversidad y reclamante de tierras. Según Justicia y Paz, el grupo fingió ser miembros del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero en realidad estaba asociado con ocupantes de tierras usurpadas.

    La situación de seguridad para las comunidades y el líder de la región del Bajo Atrato fue el epicentro de una carta al presidente Juan Manuel Santos por parte de miembros afroamericanos del Congreso de los Estados Unidos.

  • Líderes afrocolombianos instan a Colombia a mejorar la seguridad (Chocó)
    El 11 de diciembre, los representantes legales del Consejo Comunitario afrocolombiano del Bajo Atrato y los líderes de las comunidades afrocolombianas del Bajo Atrato y la región del Darién publicaron un documento denunciando formalmente la continua violencia contra sus comunidades. Citan los asesinatos de dos de sus ciudadanos y la amenaza inminente de desplazarlos de sus tierras. Según el documento, estos ataques y amenazas crecientes son una reacción a los esfuerzos de restitución de tierras y tienen como objetivo desalentar a los ciudadanos y a las comunidades de continuar reclamando sus derechos a la tierra.
  • Comunidad de Paz San José de Apartadó amenazada por la Violencia Paramilitar (Antioquia)
    El 22 de enero, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó expresó su preocupación por los niveles, siempre presentes, de violencia paramilitar en su comunidad. Los incidentes que involucran a los paramilitares incluyen complots de asesinato contra miembros de la comunidad, amenazas públicas y actos para provocar una reacción de los residentes, y un complot para quemar estructuras simbólicas en la comunidad. Estos incidentes se producen después del intento de asesinato el 29 de diciembre de 2017, del representante legal de la comunidad, German Graciano Posso, a manos de cuatro paramilitares. La comunidad observa que a pesar de la presencia militar en la zona, los paramilitares pueden ingresar fácilmente a la comunidad. Afortunadamente, el ataque contra German Graciano Posso  fue frustrado por la rápida reacción de los miembros de la comunidad que pudieron desarmar a los atacantes.
  • Más de 70 familias indígenas en peligro inmediato en el municipio de Cáceres (Antioquia)
    El 19 de enero, la Organización Indígena de Antioquia expresó su preocupación ante riesgo de desplazamiento inminente  que enfrentan 70 familias Senú. Los enfrentamientos armados entre grupos armados ilegales en el municipio de Cáceres están poniendo a estos civiles en peligro de muerte.
  • Advertencias de limpieza social en La Hormiga y San Miguel (Putumayo)
    El 18 de enero circularon panfletos en las poblaciones La Hormiga y San Miguel, departamento de Putumayo, que advierten sobre una inminente limpieza social. Los perpetradores amenazan con “limpiar” la región de traficantes de drogas, ladrones, prostitutas y violadores. Advierten que pasadas las 10:00pm cualquier persona que se encuentre en la calle se convierte en un blanco de su “cacería”. Este tipo de amenazas aumenta la frustración general de los ciudadanos con la violencia continua en la región y también representa un riesgo de seguridad adicional para los ciudadanos.
  • Presunto guerrillero del ELN muere en accidente después de amenazar con matar a un niño (Chocó)
    El 25 de diciembre, Justicia y Paz denunció la muerte de un supuesto miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la comunidad Cetino del territorio colectivo de Curvaradó. Según el informe, el guerrillero quien se encontraba borracho y vestido de civil, amenazó con dispararle a un niño de 11 años. Después de ser confrontado por varios adultos que lo instaron a detenerse, el hombre disparó tres veces en el aire, tomó una motocicleta y se estrelló contra un árbol.
  • DANE no implementa adecuadamente el censo de 2018 en territorios indígenas
    El 28 de enero, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció el fracaso del DANE, la agencia de estadísticas de Colombia, para llevar a cabo el censo de 2018 en los territorios indígenas. Advierte que el DANE no pudo trabajar con la ONIC para desarrollar un enfoque culturalmente sensible y consciente de la situación, para determinar el número y la ubicación geográfica de los pueblos indígenas en Colombia. El hecho de que el DANE no haga esto pone en riesgo a los pueblos indígenas, ya que esto podría significar una exclusión efectiva de las políticas nacionales que son cruciales para las necesidades de las comunidades indígenas de Colombia.
  • Sindicatos condenan la impunidad sistemática por violaciones de los derechos de los trabajadores (Bolívar)
    El 22 de diciembre, varias organizaciones sindicales en Cartagena emitieron una petición en la que exponían sus preocupaciones laborales al Ministerio de Trabajo, en el Departamento de Bolívar. Sus principales preocupaciones involucran la persistente violación de los derechos de los trabajadores por parte de varias compañías, incluyendo: Biofilm, Seatech, Yara, Sodexo, Tubos del Caribe, Sociedad Portuaria, El Cayao, Puerto Bahía, Sipor y puertos privados de Cartagena. Además, citan un patrón de negligencia del Ministerio de Trabajo y señalan el posible sabotaje de casos dentro del Ministerio, citando problemas persistentes de perdida de papeles y documentos y demoras como evidencia de esto. Piden al Ministerio que investigue más a fondo estos casos y sancione a las empresas tal como lo exige la ley y el Plan de Acción Laboral de los EE. UU.-Colombia firmado por los Presidentes Santos y Obama en abril de 2011.
  • Trabajadores denuncian las reformas económicas propuestas por el Banco Central (Bolívar)
    El 12 de enero, sindicalistas y trabajadores del Banco Central en Bolívar realizaron una protesta para denunciar cambios en las políticas laborales del banco. Los trabajadores piden mayores salarios y más oportunidades de ser propietarios de viviendas. Denunciaron las políticas del banco que según los sindicatos solo benefician a las elites económicas y promueven la desigualdad. También mencionaron preocupaciones sobre la corrupción que afectaba a la junta directiva del banco, redactando políticas que aumentarían la edad de jubilación e implementarían diferentes salarios según la región. Durante 20 años los trabajadores han intentado que el banco negocie con ellos, lo cual ha sido rechazado por el banco.

En una nota más positiva:

  • Sanciones impuestas a Sintrabiofilm por violar los derechos laborales (Bolívar)
    El 26 de diciembre, el Ministerio de Trabajo de Bolívar anunció multas por más de 589 millones de pesos (≈ $ 200,000 USD) contra Sintrabiofilm por violar los derechos de sus trabajadores. La empresa recibió una multa de 368 millones de pesos por violar los códigos de salud y seguridad, y 220 millones de pesos por castigar ilegalmente a los trabajadores que realizan actividades sindicales.