La reglamentación de la Consulta Previa no va a resolver los problemas estructurales del país, pero acelera el genocidio premeditado

por ONIC

- Posición conjunta MPC Indígena, en rueda de prensa próximo lunes 27 de Febrero a las 9:30 a.m. en la sede de la ONIC – Bogotá ( Calle 12B No. 4-38).

- El proyecto de Ley de Reglamentación de la Consulta Previa, acelera el exterminio y la extinción física y cultural de nuestros pueblos. Es un genocidio premeditado.

- La agenda indígena no está contemplada en la agenda del Gobierno Nacional, por ello no se “acercó” no nos escuchó en el Foro Internacional.

Dado que el objetivo de la consulta es alcanzar el Consentimiento o No Consentimiento Previo, Libre e Informado, y como los Pueblos Indígenas como constructores de paz con su relacionamiento diferenciado con y en sus territorios, por tanto, se requiere voluntad política por parte del Gobierno de la Paz, para avanzar en la Institucionalidad multicultural, en la Justicia Redistributiva y en la Interculturalidad, y no en la homogenización y atomización de los pueblos y sus organizaciones propias.

Por ello, la propuesta de proyecto de Ley para reglamentar la Consulta Previa Libre ni siquiera le sirve al sector económico, ni mucho menos a la agenda de paz de este país. Así lo puntualizó Patricia Tobón Yagarí, Embera Chamí, abogada y experta en asuntos territoriales y de consulta previa, al cierre del panel sobre ´antecedentes e impactos nacional e internacionales sobre reglamentación de la Consulta Previa´ en el marco del Foro Internacional ´El Derecho fundamental de los Pueblos Indígenas de Colombia a la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado´, espacio que posibilitó entre otras el reencuentro de gran parte de los 106 Pueblos Indígenas del país, y hermanos de otras nacionalidades.

En el tercer día, se situó importante acumulado de argumentos en relación al contexto de la consulta a los días de hoy, un análisis a profundidad del contenido del Proyecto de Ley elaborado por el Gobierno Nacional para la reglamentación de la Consulta y los impactos ambientales, territoriales, sociales y culturales en los Pueblos Indígenas por la explotación de los recursos naturales.

Ante esta tres temáticas, queda en el contexto del Foro que se ha dado un marcado avance jurisprudencial en la profundización de los derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales matizan que las decisiones los pueblos deben ser vinculantes y que se debe ejercer el Consentimiento Libre e Informado.

En contraste al marco jurídico nacional e internacional sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, se identifica que el proyecto de Ley para la reglamentación de La Consulta, tiene un claro objetivo de regresividad de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia. Para terminar la jornada se presentó, a través de investigaciones científicas, los impactos a los derechos fundamentales por la explotación de sus recursos, impactos que dejan en claro, el riesgo de pervivencia física y cultural de los pueblos, así como de toda la humanidad.

Otras voces:

Desde la academia, Luis Jorge Garay, Ingeniero Industrial e Investigador Social, situó que “los Pueblos Indígenas en ejercicio de su autodeterminación define el uso de sus territorios y la libertad de dar consentimiento o no, de planes, proyectos o actividades que ponga en riesgo a las comunidades o del territorio”.

Mientras que, a título personal y profesional, Andrée Viana sostuvo que el proyecto además de ser inconstitucional es inviable. Contradice el régimen constitucional y constituye un muro de contención para el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Según su interpretación, el proyecto modifica todos los elementos del derecho a la consulta previa de manera regresiva. Lo reduce a un derecho de mera participación que se ejerce por medio de una garantía procedimental, ajeno a los derechos al autogobierno y a la autodeterminación –con lo que vuelve a las discusiones iniciales de los años 80-, privatiza sus actores y lo convierte en un escenario transaccional para conciliar intereses. Incluso convierte el principio de proporcionalidad en un mecanismo de valoración de intereses para viabilizar un modelo de desarrollo único entendido de entrada como un interés jerárquicamente superior.

Ella sostiene que el proyecto instrumentaliza el derecho a la territorialidad convirtiéndolo en una circunscripción física y aplicando nociones descontextualizadas como condiciones para la procedencia del derecho a la consulta, que terminan por desvincular el territorio de las formas propias de organización y poder de los pueblos. El proyecto desarticula las organizaciones indígenas y atomiza a las comunidades debilitándolas en su capacidad de autogestión de sus derechos. Algunas de las reducciones del contenido de la territorialidad sumadas a la descontextualización de nociones como la de impacto directo y diferenciado, y a la eliminación radical de toda opción de incluir conocimientos propios de los pueblos en la valoración de impactos e incidencia de los proyectos, terminan por homogeneizar pueblos étnicos y otras comunidades rurales, apuntando a una reducción clara del ámbito de aplicación del derecho a la consulta.

Explicó que el proyecto recurre principios constitucionales, los descontextualizar y cambia su contenido, convirtiéndolos en normas jurídicas regresivas e incluso reaccionarias, en obstáculos para los derechos de los pueblos. El más preocupante es el principio de nacionalidad, según el cual los derechos de los pueblos étnicos no son especiales, son los mismos que se reconocen a todo Colombiano. Con este principio, el proyecto niega de un tajo todo el sistema del derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y el régimen constitucional para su protección diferenciada.

Finalmente, Andrée Viana sostuvo que el proyecto contraviene el espíritu del Acuerdo de Paz y todo lo acordado en su capítulo étnico. Si ese proyecto de ley, que no tiene ninguna relación directa con el Acuerdo, fuese aprobado, haría inviable la implementación del acuerdo en más del 30% de la Colombia rural, habitado por pueblos indígenas y comunidades negras."

​A la vez, Julio Fierro Morales, Geólogo de la Universidad Nacional, reiteró “El gobierno se basa en licencias ambientales, pero no se tiene en cuenta los daños ambientales, y aún más en el uso de mercurio que se queda en los seres vivos, deteriorando gravemente las vidas. Desde el 2014 la institución nacional encargada de los títulos mineros NO debe haber entregado, ni estar entregando títulos, pero se debe verificar que realmente se esté respetando”.

Así mismo precisó que “No hay división posible entre suelo y subsuelo, pero eso no se respeta esa realidad para prevenir las licencias de extracción, y licencia ambiental, por ejemplo, la empresa Cerrejón es la que más respeta las normas colombianas, y sin embargo, la afectación en el aire, según la autoridad mundial de la salud, sobrepasa los límites, ya que el agua es afectada por metales y arsénicos que se encuentran guardados por la madre naturaleza en el subsuelo pero que con la minería se sacan y dejan en el aire. Las mediciones que se han dado es que entra con una calidad y al salir sale totalmente densa, bajando la calidad del agua.

Otros casos Nacionales en el último día:

​Por su parte Raquel Trujillo, autoridad del Resguardo Cristal Páez de Florida Valle, recordó “Las comunidades indígenas protegemos el territorio, aislamientos, siembra de árboles, agradecen a nuestro padre y madre para que sigan armonizando. Por ello cerraron el páramo para protegerlo, lo estaban llenando de basuras los turistas y ahora lo quieren atravesar un viaducto, que beneficiaría el paso a otros sectores, pero a cambio se destruiría el territorio.

Otros datos:

En los últimos cinco años se han realizado 5 mil 556 consultas, 123 sentencias ( 59 legislativas y 64 administrativas), pese a ello Colombia es el segundo país con mayores conflictos ambientales del mundo.

Conclusiones conjuntas, por los y las panelistas nacionales e internacionales “lo planteado por el Gobierno Nacional en la propuesta de Ley Estatuaria radicada, es una afrenta sin precedentes que viola de manera directa el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia nacional e internacional, y los derechos fundamentales y colectivos de los Pueblos Indígenas y demás grupos étnicos del país”.

Al final, este sentir se tejió con cinco dobleces con fibras de los 106 pueblos Indígenas del país, plasmado en comunicado conjunto de las cinco organizaciones con asiento en la Mesa Permanente de Concertación – MPC, cuyo posicionamiento se dará a conocer el próximo lunes 27 de Febrero en rueda de prensa, en el auditorio 'Kimy Pernía Domicó' de la ONIC (Sede Bogotá , calle 12 No. 4-38).

 

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Contacto:

Luis Fernando Arias Arias - Consejero Mayor ONIC: 3183501737.
Silsa Arias Martínez - ComunicaONIC: 3182174569 - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.