RESGUARDO INDÍGENA UNIFICADO CHAMÍ SOBRE EL RÍO SAN JUAN MUNICIPIO DE MISTRATÓ - Comunicado a la opinión pública

por ONIC

Como mandato de la gran asamblea de la comunidad indígena del resguardo Unificado Chamí de Mistrató, realizados los días 7 y 8 de julio del presente año en Purembará, Mistrató, se decidió hacer conocer públicamente la situación crítica que está pasando en el territorio ancestral embera Chamí de Mistrató.

A continuación se relatan hechos, necesidades y demandas de la comunidad embera:

A. Denuncias y llamados a la protección del derecho a la vida, derechos colectivos y derechos territoriales de la comunidad indígena del resguardo Unificado Chamí de Mistrató.

1. Derechos Humanos.

Hechos:

- El 14 de junio del presente año, se encontraron 15 personas no indígenas dentro del resguardo. Estos desconocidos fueron vistos en el sitio Carbones, límite entre Puerto de Oro y Currumay, por el camino que conduce hacia las minas San Felipe y Danubio, donde preguntaron por los líderes de Puerto de Oro.

- En el alto del Cebo, camino hacia Puerto de Oro, seis forasteros amenazaron al líder Oscar Bernaza y le robaron la billetera en la que portaba sus documentos y dinero. Entre estos desconocidos se decían que ése no era el que buscaban.

- Ya se han visto encapuchados en algunas zonas del resguardo.

- Se han conocido de amenazas a Nelson Siágama, consejero del Consejo Regional Indígena de Risaralda - CRIR, a través del señor Juan Carlos Vargas, quien ha dicho que están buscando al consejero para asesinarlo. Se requiere que se investigue y se conozca quién es el que hace las amenazas y se tomen medidas para proteger al líder indígena.

- También llegan amenazas a través de celulares con mensajes de texto a Hermeregildo Jaramillo, María Luz Nariquiaza y Araceli Nariquiaza.

- Hay que recordar el genocidio por el asesinato del gobernador mayor Hugo González Bernaza, en el año 2008, por encapuchados, sin que a la fecha se hayan adelantado investigaciones serias que den con los responsables del crimen. Del mismo modo, se arremetió contra la vida del suplente gobernador Javier González, en el año 2012, hermano del gobernador asesinado Hugo González; tampoco se ha dado con el paradero de los homicidas.

- En reunión del consejo de seguridad realizado recientemente en Mistrató, se pudo tener información que hay un grupo de indígenas en el resguardo, en cuatro sitios, que están organizados haciendo daños, y al parecer ya los tienen identificados. Requerimos que expliquen de dónde sacan esa información y cuáles son los motivos por los que se hace tal acusación; esto se requiere saber para brindar protección y tranquilidad a la comunidad.

2. Conflictos territoriales.

Se presentan en el resguardo los siguientes conflictos:
- Nos preocupa seriamente que hay planes para la ampliación de la carretera Mapay a La Unión, carretera que atraviesa nuestro resguardo, por el cual pasaría transporte hacía el Chocó. Nos oponemos a cualquier proyecto que se realice en nuestro territorio que no sea consultado y menos si afecta la tranquilidad de la comunidad y la armonía del territorio, ya que esto busca que por allí gente que no sea indígena, entre hacer minería, a cazar o deforestar y a transitar por allí pasando droga hacia el pacífico. Esto generaría violencia en el territorio por la lucha de grupos delincuenciales para controlar esta ruta.

- Tenemos información que la corporación ambiental de la CARDER de Risaralda ha entregado 13 concesiones de agua en nuestro territorio: en 4 quebradas para minería y 9 para la generación de energía.

- Asimismo, se tiene la información que se pretende embalsar el río San Juan y el río Chamí en el sitio Arkakay o Chamí, para construcción de hidroeléctrica, a la cual no oponemos rotundamente.

- El ministerio de Ambiente, a través de Parques Nacionales Naturales, está ejerciendo control del páramo de Citará, límite entre Antioquia, Chocó y Risaralda, sin que se haya efectuado la debida consulta previa con la comunidad indígena.

- Ante la vista de problemas de amenazas, incursiones de desconocidos al territorio y conflictos territoriales, hemos considerado realizar el control territorial realizando recorridos y retenes por las vías y caminos del resguardo. A los foráneos que no tengan nada qué hacer en el resguardo o justifique su presencia allí, será retenido, investigado y se expulsará del territorio o entregado a las autoridades civiles, a la justicia ordinaria. No se dejará entrar al resguardo a nadie que no sea indígena, exceptuando personas no indígenas que realicen actividades en beneficio de la comunidad.

B. Solicitudes, demandas y/o exigencias.

1. Tierra.
Requerimos:
- Ampliación del resguardo para 7 veredas que tienen familias sin tierra:
• Playa Bonita (251 personas - 40 familias).
• La María (101 personas – 20 familias).
• El Silencio (160 personas – 32 familias).
• Aribató (234 personas – 39 familias).
• Las Delicias (135 personas – 26 familias).
• Buena Vista (151 personas – 29 familias).
• Barrancas (140 personas – 28 familias)
Lo que suma 1.172 personas – 216 familias sin tierras.
- Ampliación del territorio ancestral en límites entre Chocó, Antioquia y Caldas (hacia los lados del Paramillo). Las veredas aledañas a las áreas de ampliación son las siguientes: Puerto de Oro, Bidúa, Caimito, Bequé, Currumay, Embordó, Alto Geté, Las Palmas, La Josefina, Catarrana, Jeguadas, Carrema.

2. Educación.
Se necesita:
- La construcción de:
• Escuelas: 7.
• Dormitorios para docentes: 9.
• Acueductos para las escuelas: 12.
• Restaurantes escolares: 13.
• Reparación de la infraestructura del internado indígena de Purembará. El Ministerio de Educación aprobó el desembolso de 1.800 millones de pesos, pero solicita que las instituciones departamentales hagan la cofinanciación de 600 millones de pesos, pues la obra tiene un valor de 2.400 millones de pesos. Si la administración departamental y municipal no aportan para la reparación del internado de Purembará, se va a perder ese recurso.

- Nos parece injustificado el hecho que la Secretaría de Educación departamental haya negado a las autoridades indígenas la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales indígenas. Dicha administración de los recursos asignados para la educación indígena del resguardo deben de manejarse de forma autónoma y directa por las comunidades indígenas, tal como está definido en el Decreto Ley 2500 de 2010, para fortalecer el proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio - SEIP. Requerimos que se haga entrega de esos recursos educativos a las comunidades indígenas para la administración de la contratación de la atención en educación, tal como lo ordena la Ley y se haga acompañamiento a las comunidades para que haya un efectivo manejo del recurso.

3. Salud.
Vemos con preocupación que:

- Hay en la comunidad 600 personas sin carnet de salud, y que hay niños menores de 2 años sin atención en salud.

- Se presenta una inadecuada atención en el hospital municipal de Mistrató, porque las fichas que dan a los indígenas por día para las citas médicas, no alcanza para todos quienes llegan desde muy lejos y madrugados a que se les dé la atención adecuada por el padecimiento que sufren.

- Hay citas represadas hasta 3 meses. Además es difícil la comunicación de los indígenas con el centro hospitalario.
- Los puestos de salud del resguardo están sin drogas.

- Estos puestos de salud están sin atención en las noches y fines de semana, pues sólo hay un enfermero para atender la población en cada puesto y no hay reemplazos. Se requieren que hayan tres enfermeros por puestos de salud, para que atiendan allí de noche y de día, toda la semana.

- Es alarmante el número de suicidios que se están presentando de los jóvenes indígenas en el resguardo. No hay atención ni orientación psicológica a los jóvenes por parte del hospital, ni la alcaldía municipal.

- Se presentan en el territorio enfermedades renales, de sida, cáncer, sífilis, gastritis crónicas, leishmaniosis y otras que atentan contra el bienestar de los indígenas.

4. Infraestructura.
Demandamos a las instituciones:
- La construcción de 4 puentes en:
• Puerto de Oro, sobre el río Patató, que conduce a Chirrinchá.
• Caimito, sobre el río Agüita.
• Bidúa, sobre el río Agüita,
• Bajo Chata, sobre el río San Juan.

Ya se han presentado muertes de personas que han caído de estos puentes de guadua en mal estado.

- Los arreglos de caminos que conducen de:
• Río Mistrató a Puerto de Oro.
• Currumay a Purembará.
• Bequé a Purembará.
• Partidas de Jeguadas a Alto Llano.
- La construcción de la cárcel indígena para la aplicación de la justicia indígena. Que tiene un costo de $ 800 millones.
- La construcción de coliseo en Jeguadas. ($ 1.500 millones).
- Construcción de un gran centro hospitalario embera Chamí. ($ 500 millones).

Requerimos que el Estado tome enserio nuestras necesidades porque está en riesgo la pervivencia de los emberas Chamís; un pueblo que está en peligro de extinción física y cultural, tal como se señaló en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, que ha ordenado al gobierno nacional implementar un plan de garantías como salvaguarda para nuestra pervivencia ancestral, el cual no ha sido efectivo hasta el presente, más aún cuando hemos sido víctimas del conflicto armado porque durante años nuestro territorio fue escenario de cruentas guerras y fuimos blanco de los fusiles, llevándonos a la aniquilación de líderes y comuneros. Nos mata las balas y el abandono del estado. Exigimos soluciones ya; basta de burla a los pueblos indígenas.