ONIC

La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, manifiesta su preocupación ante la opinión pública, el Gobierno Nacional y la comunidad internacional sobre los últimos sucesos ocurridos en el proyecto Hidroeléctrico Pescadero Ituango – HIDROITUANGO-.

MANIFESTAMOS QUE:

Para los Pueblos Indígenas de Colombia y del mundo, la naturaleza, la Madre Tierra y por ende sus ríos son seres con vida, a ellos hay que cuidar y proteger, represar el curso de un río, es coartar su vida, es limitar su existencia y su función original de llegar a la madre mar.

1. Hasta el momento no se ha dado la suficiente atención con enfoque diferencial, a las comunidades y familias indígenas por parte de las instituciones del Estado colombiano, las cuales deben propender por el cuidado y protección de estas, encontrándose los pueblos que hoy se han desplazado, con protección reforzada por encontrarse en peligro de exterminio físico y cultural, como lo dijo La Honorable Corte Constitucional en la sentencia T – 025 de 2004 y sus autos de seguimiento como el 004 de 2009.

2. Durante la construcción del el proyecto HIDROITUANGO, fueron advertidas por organizaciones indígenas las afectaciones culturales sobre las comunidades indígenas que habitan la zona de influencia del mismo, como es el caso de los actuales herederos históricos, Cabildo Indígena Nutabe de Orobajo, tradicionalmente conocidos como "los cañoneros", quienes se han visto afectados en sus prácticas diarias de producción como la pesca y el barequeo de aluvión que se desarrolla a las orillas del río Cauca de manera artesanal, y quienes hoy ven como se destruye su afluente por el proyecto, con la posibilidad de generar un cambio drástico en el paisaje y sus tradiciones, producto de la contingencia que pueden generar los diques de la represa.

3. Según información de nuestra filial en la región de la emergencia, la Organización Indígena de Antioquia –OIA-, hay hasta el momento tres comunidades evacuadas, tales como: Isla Dulzura, Puerto Santo y Puerto Bélgica, esta última fue trasladada a un terreno donde no cuentan con las condiciones mínimas para su subsistencia, pues no tienen un albergue donde pernoctar, no tienen agua potable ni alimentos; lo cual complica aún más las difíciles situaciones de sobrevivencia de estas comunidades declaradas en extermino físico y cultural.

4. De Igual manera informamos que aún faltan otras 9 comunidades indígenas por ser evacuadas en la zona y hasta el momento no se cuenta con las condiciones y garantías suficientes para su traslado, teniendo en cuenta que en horas de la mañana del día de hoy (23 de mayo) las autoridades pertinentes emitieron la señal de alerta roja en la zona, lo que representa un plan de evacuación inminente de dichas comunidades, que debe realizarse en el marco del respeto de sus derechos fundamentales.

5. Tal como lo emitimos en el numeral 2, los Nutabe y demás comunidades indígenas dependen para su subsistencia de las prácticas tradicionales de producción que desarrollan en su territorio, debido a la problemática, esto les ha representado dificultades para su alimentación basada en sus tradiciones dietarías, por lo tanto se requiere atención diferenciada para mitigar los impactos culturales, físicos y mentales que la contingencia está generando en las comunidades indígenas de la zona.

SOLICITAMOS DE MANERA URGENTE QUE:

1. Teniendo en cuenta el enfoque diferencial a grupos étnicos, se requiere que la atención a la población indígena sea de carácter diferencial en términos de su alimentación, dado que ya se están generando problemas gastrointestinales, principalmente en niños y adultos mayores, quienes ya presentan cuadros diarreicos, además de gripe.

2. Solicitamos a las autoridades nacionales la evacuación preventiva y ágil de las demás comunidades indígenas que se encuentra en la zona de riesgo de desastre; en trabajo y comunicación mancomunada con las autoridades indígenas, donde se les brinde la suficiente tranquilidad y garantías a las personas para la salvaguarda de sus enceres y animales domésticos; y también, derechos como el acceso al agua potable y la debida atención diferencial en salud, a todas las comunidades evacuadas y las que están por evacuar.

3. Solicitamos que el Gobierno Nacional emita un plan de choque, en el que se incluyan, subsidios para las familias que se ven afectadas por la tragedia con sus cultivos y demás actividades de producción, esto con el fin de generar condiciones mínimas para su pervivencia frente a sus necesidades básicas.

4. Que se garantice un plan de retorno para las comunidades cuando se dé por terminada la situación de crisis, bajo condiciones de atención y reparación integral a la población indígena de la zona.

CONSEJERÍA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS Y PAZ
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC

 

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