Minga Social y Comunitaria por la Defensa de la Vida, el Derecho a la Protesta Social y la Jurisdicción Especial Indígena - JEI
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- Publicado el Miércoles, 11 Noviembre 2015.
Desde el Tejido de Comunicación, compartimos la convocatoria de las organizaciones indígenas ACIN, CRIC y ONIC, a la “Minga Social y Comunitaria por la defensa de la vida, el derecho a la protesta social y la Jurisdicción Especial Indígena-JEI” que empezará el próximo 22 de noviembre de 2015.
Celebramos que las autoridades indígenas busquen la reactivación de la Minga social y comunitaria del 2008, en el actual contexto de persecución política, jurídica y mediática de la que ha sido víctima el movimiento indígena como consecuencia de las acciones legítimas de control que se realizan actualmente en la Liberación de la Madre Tierra. Esperamos que esta iniciativa respete la agenda que se planteó en el año 2008, en su sentido original ya que es el resultado de un trabajo en conjunto con las comunidades indígenas de base y la síntesis de sus necesidades, exigencias y propuestas. Estos son los cinco puntos de la minga del 2008 que acogieron diferentes pueblos y procesos sociales del país:
1. No aceptamos "Tratados de Libre Comercio" porque tienen el propósito de despojarnos de nuestros derechos, culturas, saberes y territorios.
2. Rechazamos y exigimos la derogatoria de las reformas constitucionales y legales que sirven a los intereses del modelo económico y a la codicia transnacional.
3. Denunciamos el terror y la guerra como estrategias de despojo que en Colombia se implementan a través del Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática.
4. Exigimos el cumplimiento de normas, acuerdos y convenios que se ignoran de manera sistemática. Pero no exigimos solamente como indígenas. Todas las causas son nuestras.
5. Construyamos la Agenda de los Pueblos. Nos comprometemos a compartir y sentir el dolor de otros pueblos y procesos. Tejido de dolor que se haga camino para que esta institucionalidad ilegítima al servicio del capital transnacional sea reemplazada por un Gobierno Popular Sabio.
Minga Social y Comunitaria por la defensa de la vida, el derecho a la protesta social y la Jurisdicción Especial Indígena-JEI
El actual contexto de terminación del conflicto armado y diálogos de paz, promete tranquilidad y esperanza para todos los colombianos y colombianas, se ve alterado por fuertes vientos de guerra que aún continúan poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los ciento dos (102) pueblos indígenas y de los sectores sociales y populares de la mayor parte del país. Las acciones de guerra y terror hoy son reemplazadas por medio de reportajes tendenciosos, infames y calumniosos de las grandes cadenas televisivas representadas en RCN y CARACOL. Las acciones cívico-militares continúan suplantando el deber de las instituciones públicas. Los falsos positivos siguen sucediendo quedando en la impunidad de los actores intelectuales. Las desapariciones forzosas trascienden hoy a asesinatos selectivos por parte de la fuerza pública. Las políticas del gobierno nacional son reglamentadas vía decretos con fuerza de ley, que no prometen mayor cumplimiento ni garantizan los derechos. Los proyectos económicos y megaproyectos de transnacionales afloran en todas las regiones sin ningún tipo de retribución económica y control ambiental. El proceso de resistencia del movimiento indígena y social es hoy criminalizado y encarcelado por algunos tribunales y jueces especializados, bajo el pretexto de poner en riesgo los intereses de las llamadas “locomotoras del desarrollo”.
Los resultados electorales de las principales ciudades del pasado 25 de octubre en el país, dejan entrever claramente que los grandes intereses económicos de empresas y multinacionales han decidido “democratizarse” mediante la recolección de firmas y la obtención de avales de sus propios partidos, a fin de asegurar política y jurídicamente el accionar extractivo. Los acuerdos pactados entre organizaciones y sectores campesinos y agricultores, representantes de víctimas, mujeres, LGTB, camioneros, sindicatos de estudiantes y profesores son igualmente incumplidos y cooptados algunos de sus representantes. A lo anterior se suma la omisión por parte del Gobierno de cumplir insistentemente las órdenes proferidas por la Honorable Corte Constitucional contempladas en la Sentencia T025 de 2004. Luego de 23 años de aprobada la Constitución Política de Colombia, se siguen presentando vacíos jurídicos que han permitido no solo el incumplimiento de nuestros derechos sino la criminalización y judicialización, tipificando las acciones judiciales de la justicia propia indígena como acciones delincuenciales.
Existe en el escenario nacional una aparente voluntad política de atender las peticiones de todos los sectores sociales, pero en la práctica, esto es solo un sofisma de distracción para avanzar con las políticas minero-energéticas establecidas por las multinacionales y los tratados de libre comercio suscritos por Colombia.
Haciendo memoria revitalizamos la Minga Social Comunitaria.
Desde hace un tiempo hemos venido caminando la palabra en Minga con otros y otras. Han sido diferentes las acciones que hemos realizado para la exigencia y la defensa de nuestros derechos. Las recientes movilizaciones comenzaron con la realización del primer congreso Indígena y popular, movilización que contó con la participación de más de cuarenta mil personas desde La María Piendamó, hasta la ciudad de Cali en septiembre del año 2004. Cuando se discutía en el país el Tratado de Libre Comercio-TLC- con Estados Unidos, realizamos una consulta popular en nuestros territorios en el mes de Marzo de 2005, en esta rechazamos de manera contundente ese tratado por lesivo a los intereses nacionales. Ese mismo año 2005, iniciamos el proceso de liberación de la madre tierra, que hemos continuado en sucesivos años hasta el día de hoy. Posteriormente realizamos la cumbre nacional de organizaciones sociales por la defensa de la vida, el territorio y los procesos sociales en mayo de 2006. Realizamos también el Parlamento indígena y popular en Agosto de 2007 en el Congreso de la República y meses posteriores en la María, Piendamo. La Minga de Resistencia Social y Comunitaria en Octubre de 2008, el hecho de mayor represión que ha vivido el movimiento indígena y los sectores sociales en el pasado reciente, convocó al país a la defensa de los derechos, y hoy está siendo cuestionada por el establecimiento y el aparato judicial del país a través de la criminalización y la judicialización de nuestro compañero y vocero, Feliciano Valencia.
Propuesta de País Minga 2008 [1]
Durante la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, solicitamos al gobierno nacional las siguientes exigencias, aún vemos que la vigencia de las mismas no han cesado, por el contrario, parece que se van profundizando con los sucesivos gobiernos. Siete años después, hoy volvemos a llamar la atención al país, pues consideramos que es vital para las actuales circunstancias evaluar los resultados de las demandas realizadas:
- Garantía del derecho a la vida y los derechos humanos.
- Cese a la agresión y ocupación territorial en contra de los pueblos y comunidades locales.
- Cumplimiento de Declaraciones, Pactos, Acuerdos y Tratados Internacionales. De maner
particular, la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas.
- Cese y desmonte de la legislación del despojo: código minero, cambio climático, Ley de Semillas, etc.
- Debate nacional sobre los Tratados de Libre Comercio.
- Cumplimiento de los acuerdos con organizaciones y movilizaciones sociales.
Durante la Minga Social y Comunitaria y, en el ejercicio de las funciones que nos fueron otorgadas por el derecho consuetudinario (Derecho Propio y Ley de Origen) y el art. 246 de la Constitución Política de 1991, en medio de la movilización de octubre del año 2008, el cabo del Ejército Nacional Jairo Danilo Chaparral Santiago, se infiltró, por lo que la asamblea reunida en aquel momento lo investigó y aplicó remedio por considerar que desarmonizaba la justa movilización. La reciente captura al líder indígena nasa Feliciano Valencia por estos hechos, es una grave amenaza y pone en riesgo el derecho constitucional a la Jurisdicción Especial Indígena que se promulga en el mencionado artículo, que forma parte constitutiva del Estado Social de Derecho, Multiétnico y Pluricultural. El juzgamiento de Feliciano Valencia por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de dicha jurisdicción, es un juzgamiento a todos los pueblos indígenas de Colombia y a los sectores movilizados en aquel momento; en este sentido consideramos que se ha constituido un golpe de Estado contra nuestros derechos constitucionales y se ha revocado el Tratado de Paz que la Carta Magna del 91 representó en nuestra historia, particularmente para los pueblos indígenas.
¡Seguimos Proponiendo!
- Respeto y garantía a las decisiones de los Tribunales Indígenas y a los procedimientos propios de cada pueblo indígena (detención, investigación, juzgamiento, aplicación de remedio).
- Condiciones y garantías para el Ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena. (Asignación presupuestal).
- Exigir la revocatoria inmediata del fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal del Circuito de la Ciudad de Popayán, en el caso del compañero Feliciano Valencia.
- Garantía del derecho a la vida, del derecho a la movilización social y del derecho a la protesta. (Desmonte del ESMAD, No criminalización y No judicialización de manifestantes).
-Derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición por los casos en los cuales miembros del Estado y de sus Fuerzas Militares y de Policía (ESMAD) han abusado de su autoridad y han violado los Derechos Humanos ocasionando muertes y graves lesiones a personas civiles en medio de manifestaciones o fuera de éstas.
- Activación de la comisión mixta de alto nivel para el seguimiento, documentación, investigación y sanción de casos de vulneración de derechos humanos que afectan a pueblos indígenas y sectores sociales.
- En el marco del derecho fundamental a la Consulta Previa, reiteramos el llamado al gobierno nacional y a las guerrillas de las FARC y el ELN, a definir escenarios con participación de los sectores sociales para la construcción de los acuerdos a que lleguen los diálogos que se adelantan para la terminación del conflicto armado y social.
Llamamiento y convocatoria para el próximo 22 de noviembre.
Nuestra decisión al retomar el carácter de la “Minga de Resistencia Social y Comunitaria” es continuar ejerciendo los derechos que como colombianos hemos ganado y logrado que se plasmen en tratados internacionales y en la Constitución Nacional.
Llamamos al país, indígenas, campesinos, afro descendientes, estudiantes, trabajadores, mujeres, LGBT, a los mingueros y mingueras, medios de comunicación alternativos, a las organizaciones sociales con las cuales hemos caminado la palabra a que reactivemos la Minga de Resistencia Social y Comunitaria de 2008, en su carácter de unidad popular en la movilización y en la lucha por los derechos. Consideramos que no es solo Feliciano el que se encuentra condenado por el Estado: es toda la Minga 2008.
La paz de los pueblos se construye respetando derechos
Otras mingas y movilizaciones:
-MINGA SOCIAL Y COMUNITARIA 2008
Asociación de cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN
Organización Indígena de Colombia-ONIC
Consejo Regional Indígena del Cauca.-CRIC
