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Renunciar a la represión como método, brindar garantías para el diálogo social y el ejercicio de la protesta. No puede ser el compromiso de disminución del área sembrada hecho con el gobierno Trump, lo que guie la política gubernamental. Dicho de otra manera, No se puede servir simultáneamente al señor Acuerdo Final y al Señor Trump.

Antonio Madariaga Reales

Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía


Esta semana el presidente Santos tomó dos importantes decisiones en las que utilizó una parte del escaso capital político con el que cuenta y mostró su decisión y compromiso con la paz. La primera de ellas fue la de separar de sus cargos a más de 100 policías de Tumaco, donde se produjo la masacre de 6 miembros de las comunidades del Rio Mira y Frontera y el hostigamiento a la Misión Humanitaria que hizo presencia en el sitio de esa masacre. La segunda cuando decidió poner fin a la presencia de Cambio Radical en la coalición de gobierno, (en realidad con su comportamiento ya Cambio Radical la había abandonado), en razón de su oposición al proceso de paz.

En el caso de Cambio Radical, se trata de una medida necesaria para poder alinear las fuerzas en el Congreso de la Republica a fin de lograr la aprobación de las normas que deben ser tramitadas antes de que finalice, dentro de poco menos de 50 días el procedimiento legislativo especial o fast track, y dentro de las que se destacan las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, la Reforma Política y la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta alineación, conseguida con mucho esfuerzo, es particularmente importante en la Comisión Primera de Senado donde ningún amigo de la paz puede ausentarse, so pena de perder las votaciones que se hagan de los proyectos. Se demoró Santos en hacerlo dada la irritante y descarada posición del representante Lara de entorpecer el trámite legislativo, con el respaldo, por supuesto, de su jefe político, Vargas Lleras.

En el caso de Tumaco la primera pregunta es ¿por qué sucedió lo que sucedió? Y la segunda es, ¿cómo evitar que vuelva a suceder, allí o en cualquier otra parte?

En cuanto a lo primero, a nuestro modo de ver, corresponde a la confluencia de tres factores.

El primer factor es la permanencia, en una buena parte de nuestro Estado y de nuestras elites, de una enorme resistencia a la participación ciudadana y a la utilización del dialogo social, antes que el tropel y el enfrentamiento, lo que va acompañado de una negativa a brindar garantías al ejercicio del derecho a la protesta social pacífica. Son múltiples las demostraciones de este aserto y los trágicos hechos sucedidos en Tumaco son una muestra dolorosa de ello, así como lo es, el sin número de dificultades que dentro del gobierno ha habido para lograr el consenso necesario para la presentación al Congreso del Proyecto de Ley estatutaria de Garantías para la Participación Ciudadana de Movimientos y Organizaciones Sociales y del Ejercicio del Derecho a la Protesta.

El segundo factor es tratar de responder simultáneamente a dos exigencias opuestas entre sí. Las del gobierno norteamericano que busca ante todo la erradicación de las matas de coca, negando por cierto los acuerdos a los que se llegó en La Habana con el delegado Aronson, y por otra parte el cambio de política frente a los cultivos de uso ilícito, que está contenida en el Acuerdo Final y que efectivamente conciben a los cultivadores y a los consumidores como los eslabones débiles de la cadena.

El tercer factor, es la increíblemente burocrática implementación de los Acuerdos de Sustitución de Cultivos que opera con una lentitud y morosidad incompatible con las exigencias del momento político y con la necesidad de ofrecer alternativas ciertas y concertadas con las comunidades, y por otra parte el incumplimiento de parte de las ofertas hechas en los acuerdos de sustitución voluntaria suscritos.

La política de erradicación en la que los Estados Unidos insiste, que incluye presiones para el retorno de la dañina e inútil aspersión aérea, lleva inevitablemente en la coyuntura actual a la utilización de un componente de represión, que debilita aún más la limitada confianza de la población en el Estado y produce muertos y heridos por doquier.

Para evitar que vuelva a suceder se requiere que el gobierno se tome en serio por un lado las Alertas Tempranas que emite la Defensoría del Pueblo, respete a las misiones humanitarias, (resulta inaceptable la agresión a la misma que contrariamente a lo afirmado por la policía, si cumplió con todos los protocolos en la zona), y por otro la implementación de los cambios en la política del fenómeno de las drogas, que están contemplados en el Acuerdo Final y que reconocemos como tímidos pero en la dirección correcta. Y eso tiene un nombre, renunciar a la represión como método, brindar garantías para el diálogo social y el ejercicio de la protesta. No puede ser el compromiso de disminución del área sembrada hecho con el gobierno Trump, lo que guie la política gubernamental. Dicho de otra manera, No se puede servir simultáneamente al señor Acuerdo Final y al Señor Trump.

Coda 1: Destacable desarrollo de los primeros 13 días del Cese al Fuego Bilateral y Temporal pactado entre el gobierno y el ELN, sin incidentes conocidos y con resolución del Consejo de Seguridad que autoriza el despliegue de la Misión de Naciones Unidas que lo monitoreará y lo verificará, con el acompañamiento de la Iglesia Católica.

Coda 2: La pronta presentación de la Ley de Garantías para la participación y la protesta social y el adecuado tratamiento que se haga de las importantes movilizaciones, (indígenas, cocaleras, campesinas, etc.), que se desarrollarán en el país este mes serán señales claves que el gobierno y la fuerza pública envían a las propias organizaciones sociales y también a la Mesa de Negociación de Quito.

Coda 3: La decisión tomada por unanimidad y comunicada por la Corte Constitucional de declarar exequible, el Acto Legislativo que blinda jurídicamente el acuerdo final, no solo lo caracteriza como referente de interpretación, también habla de la implementación de buena fe a la que está obligado el estado Colombiano y sus agentes por los próximos doce años, en el entendido de que la buena fe significa la plena aceptación y cumplimiento de lo allí pactado. Bien por la Corte y se acabaron las excusas para cumplir.