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La derrota sufrida por el proyecto del acto legislativo 05 de 2017 del Senado en el cual se buscaba adicionar 16 nuevos miembros a la Cámara de representantes a través de una circunscripción transitoria para la paz, hace más gravosa la crisis por la que está atravesando el camino de la implementación de lo acordado en La Habana.

Héctor Alonso Moreno Parra Profesor Asociado,
Universidad del Valle, Doctor en Ciencia Política
Universidad de Granada (España)

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La discusión acerca de la circunscripción especial para la paz no es de forma; de si falto un voto más o un voto menos para el trámite del acto legislativo; esos, no son más que asuntos santanderistas. Lo de fondo, es que hay una plutocracia mafiosa incrustada en el poder enemiga de los cambios y las transformaciones democráticas. La actual inscripción de candidatos para las elecciones del Congreso del 2018 es una muestra evidente de que más del 60% de los candidatos representan las oligarquías mafiosas encarnados en el legislativo en cuerpos ajenos. La discusión es de fondo; es sobre si es posible la ampliación de la democracia y la consolidación de la paz en Colombia.

La idea central de la creación de una circunscripción especial de paz para 16 zonas de mayor afectación del conflicto armado se planteó en el marco de una acción de reparación y de la ampliación política de la democracia en más de la tercera parte de los municipios colombianos azotados históricamente por la violencia. Es verdad que hay algunas consideraciones a este proyecto que es preciso definir social, política y conceptualmente para que la gente tenga mayor tranquilidad cuando de debatir este asunto se trate.

En primer lugar, esas circunscripciones solo pretenden hacer justicia política y social a manera de reparación con los ciudadanos de 167 municipios de la periferia colombiana, que representan el 7.6% del censo electoral nacional; y que han sido históricamente afectados por el conflicto político armado de manera directa, y por la falta de presencia de la institucionalidad estatal. Son municipios, corregimientos y veredas de la ruralidad colombiana que poseen un déficit democrático, con un campesinado ilegal en medio de una economía ilegal con base en coca y minería; con actores armados que median sus relaciones sociales a través de la fuerza, y con un concepto de construcción de ciudadanía casi inexistente.

En segundo lugar, hay que decir que en esos 167 municipios, según un reciente estudio de la Misión de Observación Electoral (MOE), existe paralelamente a la ilegalidad de la economía y de los actores armados, una gran presencia institucional de organizaciones de base campesinas, comunales y de comunidades negras. Un 71% de los consejos comunitarios se ubican en esas regiones; allí habitan cerca del 45% de los resguardos indígenas. Es decir, hay una fuerte presencia institucional de la democracia participativa a través de las organizaciones cívicas y comunitarias, y de las minorías nacionales y del campesinado organizado, que con la aprobación de las circunscripciones de paz harían más efectiva su participación política a partir de la democracia representativa a través de las 16 nuevas curules en la Cámara de Representantes.

Son municipios con mucha dimensión geográfica y muy poca densidad poblacional. En 77 de ellos hay un serio déficit de cedulación lo que ha generado muchas dificultades para procesos electorales en el pasado, y de paso, los ha mantenido en la marginalidad política y electoral puesto que nunca han sido rentables política y electoralmente para los partidos políticos; como quiera que en promedio hay un puesto de votación cada 63.2 kilómetros.

En esas zonas geográficas, el tejido social, político y cultural de las comunidades nunca han sido articulados por los Partidos Políticos; han sido las organizaciones sociales, cívicas, comunales y comunitarias; y por supuesto las organizaciones legítimas y legales de las minorías nacionales, quienes son los que siempre han representado los intereses de todo orden ante los diferentes poderes públicos en esas comunidades.

Pretender ahora archivar el proyecto de ley con el argumento de que este no permite la inscripción de candidatos de los partidos políticos a la circunscripción especial de paz, incluido el nuevo partido político de las Farc, es desconocer la historia de la lucha social, política y de resistencia contra la violencia de los habitantes de esas regiones periféricas, y desconocer a quienes han articulado históricamente la defensa de sus interés a través de las organizaciones sociales y comunitarias. Esta circunscripción, seguro estimulara la participación política electoral de las comunidades; y a largo plazo, empoderara a los partidos políticos con los intereses más sentidos de las comunidades y de las organizaciones sociales y populares, reinventando la manera de hacer la política en esas apartadas zonas.

Es preciso insistir en un mecanismo político y legal para poner en funcionamiento la circunscripción de paz ya que esta hace parte textual en el numeral 2.3.6 del acuerdo final de La Habana como un mecanismo de reparación política al sufrido campesinado colombiano, y por supuesto, hace parte del acto legislativo 02 de 2017 que incorpora así mismo los acuerdos al ordenamiento constitucional colombiano.

Hay que decir, que la derrota sufrida por el proyecto del acto legislativo 05 de 2017 del Senado en el cual se buscaba adicionar 16 nuevos miembros a la Cámara de representantes a través de una circunscripción transitoria para la paz, hace más gravosa la crisis por la que está atravesando el camino de la implementación de lo acordado en La Habana.

De otro lado, el Congreso de Colombia con el archivo definitivo de la reforma política también quedo de nuevo en deuda política con la democracia; es urgente reinventar el ejercicio de la política; la garantía de la oposición legal no armada al Gobierno legítimamente elegido debe ser la regla de oro. Oposición para llegar a la civilidad y al fortalecimiento de las terceras fuerzas. La reglamentación de la oposición deberá ser de tal naturaleza democrática que garantice la profesionalización de la política; la financiación de los partidos, la limpieza y transparencia de sus tesorerías, la equidad de la Registraduría, la eficacia del Consejo Nacional Electoral, las consultas populares, la democracia interna de los subsistemas, las garantías del Ejecutivo; todo esto permitirá que la ciudadanía pueda expresarse a través de los partidos y los escenarios legales, tal como lo son los cuerpos colegiados. La funcionalidad de esos mecanismos facilitará la institucionalización de la solución del conflicto armado y la consolidación de la paz. Todo lo anterior son las deudas políticas que seguramente de nuevo no pagaran los próximos congresistas.