LA ASOCIACION MINGA

RECHAZA LAS AGRESIONES Y LOS ASESINATOS ATRIBUIBLES AL EJÉRCITO NACIONAL EN CONTRA DE COMUNIDADES Y LÍDERES SOCIALES

La Asociación MINGA, como organización Defensora de Derechos Humanos, condena los hechos de violencia cometidos por el Ejército Nacional de Colombia en contra de la población civil y exige a la Fuerza Pública, al Ministerio de Defensa y al Gobierno Nacional que asuma las responsabilidades que corresponden y cesen las acciones que comprometen o ponen en riesgo la integridad y la permanencia en el territorio de las comunidades rurales, principalmente.

Según denuncias hechas por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en los últimos días varios líderes indígenas han muerto por parte de miembros de la Fuerza Pública:

El 19 de enero, dos dirigentes indígenas del Pueblo Betoye (Arauca),fueron asesinados por el Ejército Nacional y mostrados como guerrilleros del ELN muertos en combate, lo que se configura en un “falso positivo”. Se trata de los hermanos indígenas Luis Díaz López de solo 22 años, secretario del Cabildo y Miller Díaz López, fiscal del mismo Cabildo, comunidad del Juliero del Pueblo Betoye.

Igualmente en el mismo contexto, muere la docente Leidy Xiomara Peña Naveo de 24 años y madre de un menor, cuando pasó por un retén militar montado en la vía Tame-Saravena en inmediaciones de las garitas del Ejército Nacional, como lo reconoció públicamente el Comando de la Fuerza de Tarea Quirón.

Es importante recordar que anterior a estos casos, también fueron denunciados por las organizaciones de Derechos Humanos de la región, los asesinatos del campesino Lizander Tirado, de la misma comunidad de Pueblo Betoye, el 29 de octubre de 2017, a manos del Ejército, y del joven Didier Javier Contreras Muñoz en Saravena, el 9 de enero, por parte la Policía Nacional.

El 26 de enero de 2018, denuncia la ONIC, es asesinado el coordinador de la Guardia Indígena de Asorewa, Eleazar Tequia Bitucay, por el Ejército Nacional, en el marco del cierre de la minga educativa del resguardo indígena Embera Katío, en el Kilómetro 18 de la vía Quibdó-Medellín. En el día de hoy el Coronel del Ejército Mauricio Moreno se presentó al acto de perdón convocado por la comunidad indígena.

Por otra parte, se presentan graves casos de afectación a la población civil producto de operativos militares, como el bombardeo realizado en el día 30 de enero al Resguardo indígena Chagpien Tordo, en el municipio San Juan (Chocó), donde según informa la Defensoría del Pueblo, una menor de 16 años resultó herida y se presenta el desplazamiento de dos comunidades indígenas.

Sumado a todo lo anterior, nos encontramos frente al incremento inusitado de homicidios de líderes de otros sectores sociales, entre ellos los de Temístocles Machado (Buenaventura), Nilson Dávila (Cantagallo en Sur de Bolívar), Leydi Amaya (San Calixto), Miguel Pérez (Tarazá), entre otros (en enero de 2018, al menos 17 líderes y lideresas han sido asesinados). Sumado a los tres reclamantes de tierras asesinados en el departamento de Sucre, Humberto Manuel Escobar Mercado, Prisciliano Manuel Mercado García y Manuel Eusebio Osorio Escobar. Todos ellos ocurridos en el lapso de los últimos días.

A este grave panorama, se suma la negación del Gobierno Nacional a retractarse de las afirmaciones irresponsables del Ministro de Defensa según las cuales, a los líderes y defensores los asesinan por razones personales y de “faldas”, desconociendo el contexto político en el cual suceden y ratificando la negligencia institucional para garantizar la protección necesaria y las investigaciones con resultados efectivos que eviten su repetición.

En consecuencia solicitamos:

A la Fuerza Pública, respetar la vida e integridad física de las comunidades y líderes sociales.

A la Procuraduría General de la Nación investigar a los servidores públicos comprometidos con estos casos de violación de DH y DIH.

A la Fiscalía General de la Nación, investigar y determinar los responsables de los asesinatos de líderes (as) y defensores (as) de derechos humanos.

Al Gobierno Nacional proteger y prevenir hechos de agresiones contra el liderazgo social colombiano y cumplir con todos los compromisos adquirido con las plataformas de derechos humanos y paz en el Proceso Nacional de Garantías.

Bogotá, enero 31 de 2018

Sin garantías para el ejercicio de defensa de los derechos humanos,

no es posible una paz estable y duradera