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El martes 29 de mayo las Comisiones Primeras del Senado y de la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Después de varios aplazamientos por falta de quorum, el Gobierno hizo varios llamados para que el Congreso diera trámite de urgencia a este proyecto. Diferentes Congresistas presentaron sus proposiciones y la Subcomisión Accidental se encargó de dar informe y definir si eran o no procedentes. Los artículos se aprobaron en su mayoría como la subcomisión aconsejó, finalmente se efectuaron 22 cambios y se creó un artículo adicional.

Entre los artículos que presentaron mayor discusión, está el artículo 53 que dictamina que la JEP no podrá evaluar las condiciones o conductas cometidas por los exguerrilleros, sino limitarse más bien a informar la fecha en la que éstas habrían sido cometidas para que el caso pase a la justicia ordinaria y, si es el caso, que proceda la extradición.

Además, se aprobó el artículo 73, que otorga al Presidente de la República facultades extraordinarias para reorganizar la estructura de la Procuraduría General de la Nación. Esto le permite al Presidente darle una planta de personal adicional a la Procuraduría, vía decreto, para que pueda cumplir con sus responsabilidades en la JEP.
 
El gobierno ha mostrado tener mucho interés en que este proyecto sea Ley de la República antes del 20 de junio; para ello cuenta con los Congresistas Ponentes: el Senador Horacio Serpa y el Representante a la Cámara Hernán Penagos. Este último ha negociado varios de los artículos que tienen dificultades para ser aprobados con los Senadores y Representantes del Centro Democrático, quienes para este debate no se abstuvieron de votar, sino que por el contrario votaron positivamente el proyecto y dejaron como constancias sus proposiciones que fueron incluidas en su mayoría para la ponencia de segundo debate. Dicha ponencia ya inició su trámite en la plenaria del Senado el pasado 7 de junio, con los impedimentos que han presentados varios Senadores.

En un debate rápido y con poca discusión fue aprobado el proyecto de ley que reforma la ley 152 de 1994, el cual tiene como ponente a la representante liberal, Olga Lucía Velázquez, quien lidera nuevamente esta iniciativa después de que el anterior proyecto se archivara por no lograr ser aprobado en los tiempos establecidos en el fast track.

El proyecto, que consta de siete artículos, se distancia del Acuerdo Final y del proyecto radicado el año pasado y se limita exclusivamente a crear la figura de los Planes Cuatrienales de Implementación. Dichos planes consisten en la armonización de los planes presupuestales en los niveles locales y regionales. Sin embargo, el proyecto no cuenta con enfoque basado en derechos humanos, ni incluye los enfoques de género y territorial, además desconoce la participación ciudadana como un principio del mismo.

También existen falencias en la Conformación y las funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los Consejos Territoriales de Planeación. El proyecto no recoge el mandato del Acuerdo Final de ampliar la composición de estos consejos, democratizar y promover la transparencia en los procesos de elección de consejeros y consejeras. Por el contrario, mantiene y fortalece que la elección de los consejeros se mantenga mediante la designación de las autoridades ejecutivas de cada nivel territorial, lo que excluye a las organizaciones y movimientos sociales de poder escoger a los miembros.

El proyecto que fue aprobado con 17 votos a favor y 3 en contra, seguirá su trámite a la plenaria de la Cámara de Representantes, en dónde, la ponente liberal, rendirá un nuevo informe de ponencia lo más pronto posible, dado que este proyecto no cuenta con el mensaje de urgencia e insistencia del gobierno nacional, y de no ser aprobado en esta legislatura, tendría que ser archivado.