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Torres Montoya, esposo y padre de tres hijos, pertenecía a la Asociación de pequeños mineros y pesqueros de Puerto Valdivia, articulada al Movimiento Ríos Vivos. El crimen se produjo tan solo unos días después del asesinato de Hugo Albeiro George, otro activista y contradictor de la megaobra.

El asesinato también coincide con una nueva “jornada de movilizaciones de protesta en procura de que EPM reconozca las nuevas afectaciones que ha traído a la zona, con su proyecto Hidroituango, a partir de la reducción drástica de las aguas abajo del muro de la represa, tras los derrumbes que han taponado el paso de las aguas y tras generar pánico y zozobra sobre la población”, señaló Ríos Vivos.

Para los otros líderes del movimiento, sus compañeros “fueron asesinados sin ser reconocidos como afectados por Hidroituango y sin obtener una caracterización socioeconómica”. Por eso le exigieron a EPM que “revise sus procedimientos y establezca un conducto de reconocimiento acorde con las realidades socioculturales de la zona y las secuelas del conflicto armado en la zona”.

El movimiento le pidió a la Procuraduría Ambiental que “investigue con celeridad los hechos ocurridos en torno a los derrumbes, desecación de caudal, planes de contingencia que han dado lugar a la emergencia social, económica y ambiental en el área de afectación de Hidroituango”.

Se refieren al riesgo de declarar una emergencia en la zona porque tienen dificultades para contener la presión del agua en la hidroeléctrica y está en su máximo nivel. Esto porque el crecimiento del río Cauca en la zona del represamiento, como consecuencia de un deslizamiento de tierra en uno de los túneles de Hidroituango, provocó que el proyecto energético vio afectado su cronograma de operaciones, señaló Blu Radio.

Además, Ríos Vivos nuevamente exigió que las autoridades de Antioquia atiendan  “la complejidad del contexto social del bajo cauca y demás regiones” y esclarezcan el crimen sin “demeritar y desconocer el trabajo de liderazgo y defensa de derechos humanos y ambientales” que ejercen.

Esta organización activista ha luchado por frenar temporalmente la obra hasta tanto no se garanticen los derechos de las personas afectadas por la construcción, y cuyas peticiones acogió hace un par de semanas el Parlamento Europeo cuando le pidió a las autoridades antioqueñas que no se llenara el embalse hasta que no se recuperaran las decenas de cuerpos de víctimas del conflicto armado que están enterrados en la zona.

Sus integrantes también hicieron solicitudes a otras entidades del Gobierno. Al ministerio del interior le pidieron que atienda su llamado para poner en marcha el plan de protección del movimiento, y a la ANLA le exigieron que “se pronuncie sobre la visita técnica de emergencia realizada al proyecto Hidroituango tras la obstrucción de los túneles generados por el proyecto mismo”.

Adicionalmente, señalaron que requieren que la “Gobernación de Antioquia, mayor inversionista del proyecto, cumpla con los compromisos pactados en el marco de la mesa para solución de conflictos minero energéticos”.

Por último, instaron a la Procuraduría a que “investigue la actuación de funcionarios e instituciones que han incumplido sistemáticamente acuerdos con Ríos Vivos Antioquia que si se les hubiera dado tramite respectivo pudieron haber evitar las catástrofes que hoy padece la región y la nación entre ellos Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Valdivia, ANLA y AUNAP”.

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