Corporación para la defensa y promoción de los Derechos Humanos - DESCOLPAZ

por ONIC

- Comunicado de prensa.

La corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos-DESCOLPAZ, hace saber a la opinión pública nacional e internacional los siguientes hechos:

1. El día 13 de febrero es asesinado el presidente de la junta de acción comunal de villaflor, Belén de Bajira, Martin Barrios.

2. Que desde el día 15 de febrero de 2019 en el sitio conocido como caño seco, las comunidades de puerto lleras, jarapeto, cerca del resguardo indígena del alto guayabal, incursionaron grupos paramilitares creando zozobra en sus pobladores.

3. El día 17 de Febrero, en el sitio conocido como Puerto lleras es retenido por este grupo paramilitar el líder indígena y ex gobernador de la comunidad indígena de guagua, perteneciente al resguardo del Rio Murindo, Alexis Pernia, quien fue torturado por el grupo ilegal.

4. El 18 de febrero se presentan fuertes combates entre los paramilitares y el ELN, lo que ha causado serios problemas para la movilidad de los habitantes, quienes se encuentran en medio del fuego cruzado en el curvarado y jiguamiando.

5. El 20 de nuevo se presentan combates entre el ELN y paramilitares al mando de alias Ángel Pérez García y Tuto, quienes fueran mandos de las milicias bolivarianas del antiguo frente 57 de las FARC, que operaba en la región, estos sujetos recobraron la libertad y se incorporaron a los grupos paramilitares.

6. Que estos hechos son de conocimiento del batallón #54 que está ubicado en el tigre sobre la vía que conduce a Chigorodo.

7. El grupo paramilitar que se desplaza a sus anchas por Uraba y tiene su base de operaciones en bajira, actua bajo la complicidad del batallón # 54, según lo expresado por los propios paramilitares, quienes en reuniones con las comunidades amenazaron con quedarse.

8. Hacemos un llamado a los organismos defensores de los derechos humanos, a la comunidad internacional, cuerpo diplomático acreditado en Colombia, al alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, MAP-OEA, la procuraduría, defensoría del pueblo y países garantes a trasladarse a la zona en vista de la crisis humanitaria que viven estas comunidades.