ONIC

Los integrantes del movimiento “Defendamos La Paz” conformado por cientos de personas entre  quienes nos contamos artistas, periodistas, escritores, empresarios, integrantes de organizaciones de víctimas, de mujeres, de defensa de derechos humanos, de iglesias,  académicos, formadores de opinión, congresistas y ex congresistas de distintos partidos políticos,  ex negociadores y facilitadores de paz, activistas, líderes de organizaciones sociales nacionales y  regionales, colombianos residentes en el exterior, ex candidatos presidenciales, militares de la  reserva activa, líderes estudiantiles, dirigentes indígenas, dirigentes afrodescendientes y ex  ministros de distintos gobiernos; queremos manifestar a la opinión pública nacional e  internacional lo siguiente:

1. El acuerdo de paz es el logro democrático más importante del último siglo en Colombia y nos  une el propósito de defenderlo desde la sociedad civil.

2. Que las instituciones inspiradas en el acuerdo de paz y creadas por mandato constitucional deben ser respetadas por el conjunto de la sociedad y por las otras instituciones del Estado.

3. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, como una institución facultada por la Constitución para  administrar justicia debe ser respetada de la misma manera que lo deben ser las otras instituciones que integran la rama judicial del poder público. Además, las otras ramas del poder público están obligadas a apoyarla y no a entorpecer sus labores.

4. Uno de los principales objetivos de los mecanismos de justicia transicional es fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En este caso, la mejor manera de lograr ese  objetivo es permitirle a la JEP cumplir con sus funciones: investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos; contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas; hacer cumplir la restricción efectiva de la libertad; tomar decisiones contundentes frente a quienes incumplan las condiciones del Sistema; y dar ejemplo de transparencia para luchar contra cualquier brote de corrupción.

5. Respetamos y acatamos el mandato legal que tiene la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, sin embargo nos declaramos atentos al curso de las actuaciones de esa célula congresional frente a la presidenta Linares y al magistrado Ramelli de la JEP.

6. Ningún servidor público puede estar por fuera del radar de las instituciones competentes para controlar sus actuaciones , pero dado que la mencionada comisión de investigación y acusación  es un órgano de origen político integrada también por Representantes a la Cámara que pertenecen a una organización política que sistemáticamente se ha opuesto al acuerdo de paz y a la JEP, de manera enfática exigimos plenas garantías de imparcialidad y de debido proceso. No sobra señalar que habida cuenta de los reiterados pronunciamientos del partido Centro Democrático contra la JEP y su Presidenta, lo más responsable desde el punto de vista ético y legal es que, al menos, se examinen eventuales impedimentos de los Representantes del Centro Democrático para actuar en la investigación en cuestión.

7. En virtud de lo anterior, y dado que el Ministerio Público es sujeto procesal en todas las actuaciones de la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, solicitaremos al Procurador General de la Nación una rigurosa actuación en las investigaciones preliminares anunciadas hoy contra la Presidenta y un magistrado de la JEP.

8. Expresamos nuestro total respaldo a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y a los magistrados y magistradas de esa jurisdicción. Confiamos en su probidad y en su condición de servidores independientes e imparciales de la Justicia. Asimismo, rechazamos los injustos ataques dirigidos a desprestigiar esa naciente institución indispensable para garantizar la paz en Colombia.

DEFENDAMOS LA PAZ