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- Declaración de Defendamos la Paz.

Luego del trámite y rechazo de las objeciones presidenciales por parte de las dos cámaras del Congreso de la República, y del auto en que la JEP decidió la garantía de no extradición para Jesús Santrich, dirigentes del partido de Gobierno han reclamado al presidente de la República, Iván Duque Márquez, la declaratoria de un estado de conmoción interior para forzar medidas excepcionales.

Pese a que fuentes gubernamentales han descartado esa posibilidad, consideramos necesario señalar que de elegir ese camino, el Presidente de la República estaría optando por destruir el proceso de paz en sus fundamentos, asestar un golpe contra la democracia, e indefectiblemente dar un giro hacia la entronización de un poder totalitario.

En nuestras convicciones estará siempre el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales, y que las discrepancias con las mismas deben tramitarse en sede judicial. Sin embargo, con relación a los últimos acontecimientos llamamos la atención sobre el contraste entre la manera fluida con que se dio la cooperación internacional con la Fiscalía y no con la JEP, los pasos que fueron omitidos por el exfiscal Néstor Humberto Martínez para legalizar actuaciones en este proceso, y el ocultamiento de material que fue presentado después de la decisión de los magistrados. Mientras se resuelve su actual situación judicial y los eventuales conflictos de competencia, corresponde a las autoridades tomar todas las medidas para proteger la vida e integridad de Santrich.

Estos hechos generan la fuerte impresión de que todo lo ocurrido pareciera una actuación meticulosamente tejida para provocar una crisis de legitimidad a la JEP, causar un grave daño al proceso de paz, inducir la equivocada percepción de que ha acontecido un cambio traumático en el funcionamiento del mecanismo de extradición, y promover la sensación de que se ha producido una situación de caos institucional que solo puede resolverse con medidas excepcionales.

La verdadera crisis no se desprende de fallos de la JEP ni de la justicia ordinaria. La crisis del país se está viviendo en los territorios más afectados por la guerra, que luego de haber comprobado de primera mano los dividendos de paz en 2017, hoy sufren el incremento de los homicidios (encabezados por los de líderes sociales y exguerrilleros), los desplazamientos y las víctimas de minas. El Gobierno Nacional ha sido incapaz de llegar a estos territorios con una política de seguridad y justicia territorial dirigida a la protección de la población, y con bienes y servicios básicos para fomentar el desarrollo rural. Por el contrario, hoy se conoce que a los territorios se llega con una política de evaluación de resultados operacionales que tiene el potencial de devolvernos a las peores épocas de los ‘falsos positivos’.

El movimiento Defendamos la Paz llama a la ciudadanía a discutir las decisiones judiciales en democracia y por las vías institucionales, y a volcarse a la transformación de los territorios más afectados por la guerra, allí donde el proceso de construcción de paz es más frágil. También insta a los organismos de la comunidad internacional a que redoblen su acompañamiento y observación indispensables para el afianzamiento del proceso de paz en Colombia.