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El pasado lunes 21 de noviembre, el pueblo indígena Shuar de Nankints en Morona Santiago, decidió regresar a su territorio tras los desalojos forzosos ocurridos en agosto de este año. Desde ese momento la tensión en la zona ha ido en aumento.

La situación de incertidumbre sobre lo que está aconteciendo en la zona es continua, y existe ausencia de información oficial sobre las acciones que se están emprendiendo desde el Estado y acerca de las detenciones que se están realizando. De especial gravedad, es la escasa comunicación pública ofrecida desde autoridades de alto nivel, como el actual Ministro del Interior en funciones, Diego Fuentes Acosta, quien ha hecho un llamado a la judicialización de dirigencias indígenas sin tener un conocimiento claro de la implicación concreta y real en los hechos ocurridos.

La zona en conflicto ubicada en la Amazonía sur del Ecuador, provincia de Morona Santiago, es mayoritariamente territorio del pueblo Shuar. En este espacio se ha impuesto el proyecto Panantza-San Carlos, en donde se proyectan abrir dos minas a cielo abierto que contaminarán el territorio con enormes cantidades de desechos tóxicos y utilizará millones de litros de agua afectando los ríos y otras fuentes de agua. Al terminar de explotar los minerales quedarán dos cráteres en el corazón de la Cordillera del Cóndor e irreversibles impactos ambientales, sociales y culturales, sobre todo en las parroquias Santiago de Panantza, San Carlos de Limón y San Miguel de Conchay.

Desde hace ya mucho tiempo en el país, organizaciones indígenas, campesinas, de derechos humanos y ecologistas venimos alertando sobre las consecuencias que pudieran derivarse por el continuo atropello a los derechos del pueblo shuar y campesino en la Cordillera del Cóndor para dar paso a la explotación minera. Hay una total ausencia de consulta y predisposición a escuchar las demandas de las personas afectadas y voces locales. La población está sometida a continuos procesos de criminalización, agresión y hostigamiento. Siguen en la impunidad los 3 asesinatos de indígenas shuar cometidos en la zona. En el último año se han llevado a cabo continuos procesos de despojo, expulsión y desalojo forzoso para entregar los territorios a capitales mineros chinos. Destaca la inoperancia e incluso la connivencia del Estado ecuatoriano en las agresiones sufridas.

A pesar de toda esta situación de violencia cotidiana, son múltiples las acciones legales y de incidencia, que han llevado a cabo las comunidades para buscar el diálogo y poner en conocimiento de las autoridades sus demandas y afectaciones con la intención de que sean resueltas. Varias de ellas han sido públicas:

– Demanda por los derechos de la naturaleza en la Cordillera del Cóndor, interpuesta ante las autoridades competentes:

– Solicitud de una moratoria minera frente al Ministerio de Minería y petición de reunión con el Ministro por la apertura del Catastro Minero.

– Presentación de medidas cautelares para evitar más desalojos forzosos.

– Pedido de intervención a la Defensoría del Pueblo en el caso de los desalojos forzosos y aportes de información permanente durante el último año.

– Demanda por falta de consulta a pueblos indígenas en el caso del Proyecto Minero Panantza-San Carlos en Nankints.

– Entrega de información sobre vulneración de derechos a entidades públicas nacionales, principalmente ministerios.

– Audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la situación de derechos humanos de los líderes y defensores del pueblo Shuar en Ecuador.

– Petición ante CIDH por el Proyecto Minero Mirador.

– Reuniones, encuentros y envíos de documentación a organismos internacionales: NNUU (Relatorías de Pueblos Indígenas y Vivienda), Unión Europea, CIDH y entidades de derechos humanos.

– Presentación de caso en el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza en Perú
– Entrega de cartas de delegación Indígena a la embajada de China en Quito.

– Comunicación a los bancos chinos que financian el proyecto sobre la situación de violación de derechos ejercida por las empresas estatales Tongling y CRCC.

– Entrega de cartas a la empresa china Tongling y CRCC.

Todas estas acciones, que son solo una pequeña parte de las realizadas, han sido desestimadas, no contestadas o desacreditadas por el Estado ecuatoriano y la empresas mineras, a excepción de las llevadas a cabo en organismos internacionales.

Desde Acción Ecológica, hacemos un llamado a las autoridades públicas para que aborden de manera seria y responsable lo que está ocurriendo.

Es intolerable que ante esta situación de abandono y violencia vivida en la zona, las instituciones públicas justifiquen la criminalización de los pueblos indígenas con argumentaciones de índole política, denosten el trabajo de quienes defendemos los derechos humanos y de la naturaleza, y quiten autoridad a las acciones emprendidas por la nacionalidad Shuar, que ante el despojo de su territorio ha decidido ejercer su soberanía territorial frente a actividades mineras intrusivas y contaminantes. Este tipo de argumentaciones solo dan cuenta de la carga de racismo existente en el discurso de autoridades gubernamentales, asumiendo la incapacidad de los pueblos y nacionalidades del Ecuador de tomar sus propias decisiones y el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Confiamos que la situación actual no termine con una nueva arremetida de criminalización al pueblo Shuar y campesino de la zona.

ACCIÓN ECOLÓGICA.
24 de noviembre de 2016