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Con el fin de 52 años de conflicto entre el gobierno colombiano y rebeldes armados, los activistas de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la construcción de una paz y una democracia duradera en Colombia. Lamentablemente, los defensores de derechos humanos, sindicalistas, afrocolombianos, indígenas y otros líderes comunitarios que realizan este esfuerzo vital sufren constantes amenazas. Desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el inicio de su implementación, los ataques contra activistas de la sociedad civil han aumentado a una velocidad alarmante.

Mientras que el acuerdo con las FARC ha disminuido la violencia general en el país considerablemente, la desmovilización de estos combatientes ha creado espacios vacíos en todo el país, que a su vez están siendo ocupados por organizaciones paramilitares que establecen su control a través de asesinatos y amenazas de muerte.

Si se implementa adecuadamente, el acuerdo de paz tendrá el potencial para promover una serie de reformas sociales prometedoras. Entre otras cosas, está diseñado para conducir la reforma agraria rural, garantizar la participación política de sectores políticos históricamente excluidos, facilitar la reincorporación de los guerrilleros de las FARC a la vida civil, promover consultas con grupos étnicos marginalizados, ofrecer alternativas a la cultivación de coca para campesinos y satisfacer los derechos de verdad, justicia y reparación para millones de víctimas. Pero estos objetivos contradicen ciertos intereses, y la posibilidad de cumplir estos logros están causando serios ataques contra activistas por parte de grupos armados ilegales. Los más afectados son los miembros de los nuevos movimientos políticos como la Marcha Patriótica, los activistas de minorías étnicas y los líderes comunitarios en zonas rurales. El gobierno colombiano debe impedir que se produzcan más daños a estos activistas. Los responsables de estos actos deben ser procesados y sometidos a la justicia inmediatamente. Si estos ataques continúan, el acuerdo de paz con las FARC y las incipientes conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional se verán gravemente socavadas. El éxito de una paz duradera en el país dependerá de la capacidad del gobierno para garantizar justicia por estos crímenes.

Las Estadísticas Son Decepcionantes, Pero la Historia es Más Profunda

Desafortunadamente, las noticias sobre los ataques han sido sombrías: varias organizaciones colombianas informan que desde septiembre 2016 la situación de seguridad de los activistas de la sociedad civil ha ido disminuyendo rápidamente. Aunque las cifras varían dependiendo de las definiciones de defensores de derechos humanos, activistas y líderes comunitarios, lo que está claro es que todos los informes señalan que el problema continúa empeorando. La organización Somos Defensores informa que de enero a diciembre de 2016, 80 líderes sociales fueron asesinados. La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en el Departamento del Cauca. INDEPAZ, por su parte, informa que durante ese mismo período, 117 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados. También reportaron que en los departamentos de Valle del Cauca (5), Cauca (43) y Nariño (9), un total combinado de 57 activistas fueron asesinados (dos tercios del total). La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por otra parte, dijo que desde la firma del acuerdo el 24 de noviembre de 2016, solo 13 de los 53 asesinatos de la sociedad civil registrados en el 2016 actualmente ocurrieron.

Estas tendencias no han pasado completamente desapercibidas. El 2 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró su preocupación sobre los homicidios de defensores de derechos humanos en Colombia en 2016. La Comisión encontró que aunque el número de amenazas de muerte e intimidación contra los defensores de derechos humanos ha disminuido desde el 2015, el número de asesinatos ha aumentado. La declaración también peticionó a Colombia que incluyera en sus investigaciones la premisa de que estos individuos fueron asesinados debido a su labor en la defensa de los derechos humanos. El 7 de febrero, la CIDH condenó el asesinato de otras 14 personas en 2017. Es particularmente preocupante que cinco de los diecisiete asesinados fueron minorías étnicas, incluyendo a dos mujeres.

El impacto de los asesinatos, intentos de asesinato, amenazas y agresiones contra activistas tiene un impacto desproporcionado en los pueblos indígenas y afrodescendientes. Estas cifras no solo son estadísticamente confiables y precisas—ya que un reporte afirmó que el 30 por ciento de los activistas de la sociedad civil asesinados son minorías étnicas—pero también sociológicamente. Estos asesinatos causan efectos desastrosos en el proceso colectivo y organizativo de las minorías étnicas y su capacidad para defender sus derechos territoriales, étnicos y culturales.

Además de las amenazas a las que se enfrentan los líderes comunitarios, también vemos grupos armados ilegales hostigando a familiares de líderes étnicos. Ante esto, es necesario adoptar un enfoque diferenciado para crear medidas de prevención y protección para estos líderes y sus comunidades. Las Órdenes 004, 005 y 092 del Tribunal Constitucional sobre las personas desplazadas internamente (PDI) afrocolombianas, indígenas y mujeres contienen información útil sobre cómo prevenir el desplazamiento de estas comunidades. En muchas circunstancias se requieren medidas de protección colectiva más que individual. Con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) desarrolló medidas colectivas para líderes afrocolombianos y comunidades en riesgo de desplazamiento en ambientes urbanos y rurales. Sin embargo, las autoridades colombianas nunca lograron implementar lo que se requería para este programa. El acceso a la justicia para estas comunidades es frecuentemente más inaccesible, por lo que es clara responsabilidad del gobierno de romper las barreras que existen para que los grupos étnicos ingresen al sistema judicial.

En general no hay estadísticas disponibles del número exacto de asesinatos y ataques contra dirigentes y comunidades afrodescendientes e indígenas. Son muchas las razones: el racismo institucional, el subregistro de casos criminales contra minorías étnicas por temor a represalias, la corrupción de funcionarios locales y la compleja dinámica geográfica que se encuentra en las zonas rurales y urbanas en las que viven. Por consiguiente, es probable que el problema sea peor—y menos abordado—de lo reportado. Al analizar las estadísticas de Somos Defensores acerca de los 80 dirigentes asesinados en 2016, vale la pena señalar que 22 de los asesinados, o sea el 27 por ciento del total, eran minorías étnicas (15 indígenas y 7 afrocolombianos).

Casos Recientes que Preocupan a los Responsable de Políticas de los Estados Unidos

WOLA publica alertas periódicas sobre amenazas y ataques contra la sociedad civil. Aunque todos los casos son motivo de preocupación, algunos de ellos son de particular interés para legisladores estadounidenses. En enero fueron asesinados tres integrantes de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ): la afrocolombiana Emilesen Manyoma Mosquera y su esposo Joe Javier Rodallega del departamento del Valle del Cauca, y la líder indígena Wiwa Yoryanis Isabel Bernal Varela del departamento del César. La Sra. Bernal Varela era una líder por los derechos de las mujeres indígenas Wiwa, Kogui y Arhuaco.

Fue desaparecida y quince días después la encontraron muerta con una bala en la cabeza. La Sra. Mosquera fue una incansable defensora de los derechos de los niños y jóvenes en el Consejo Comunitario del Bajo Calima. Ella y su esposo murieron en Buenaventura. Mientras tanto, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que representa legalmente CONPAZ sufrió incidentes de seguridad. También en enero, Marino Córdoba de AFRODES y la Comisión Étnica sufrió el asesinato de dos de sus familiares a manos de paramilitares Gaitanistas en Chocó. Esto ocurrió pocos meses después de que su hijo fue asesinado por el mismo grupo en octubre de 2016. Los líderes de AFRODES siguen enfrentándose a desafíos de seguridad por todo el país.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), las autoridades territoriales Wayuu y los Consejos Comunitarios Afrocolombianos del Norte del Cauca (ACONC) siguen enfrentando intentos de asesinato, ataques y amenazas de muerte. La ACIN y ACONC se dedican a defender sus tierras ancestrales de la minería ilegal, el daño ambiental y la invasión de grupos armados ilegales.

Después de numerosas muertes de niños indígenas debido a la desnutrición, la deshidratación y la crisis humanitaria en la región, las autoridades Wayuu abogaron por limpieza de la corrupción y la mala administración de fondos por parte de la Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). También han denunciado los daños ambientales causados por la mina de carbón del Cerrejón. Esto ha dado resultados en la estigmatización de las comunidades Wayuu en la prensa y aún más amenazas de muerte. Particularmente preocupante es el deterioro de la situación de seguridad que enfrentan los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en Antioquia y las víctimas de la Operación Génesis en Cacarica, Chocó, que han denunciado la actividad paramilitar en sus regiones.

Mecanismos Relevantes en los Acuerdos y Avances

El acuerdo de paz firmado con las FARC el 24 de noviembre incluye mecanismos que garantizan la protección física de defensores de derechos humanos y espacios para que realicen su labor. En la participación política (punto 2 de los acuerdos) se estipula que habrá adecuada prevención, protección, evaluación y seguimiento normativo e institucional para garantizar la seguridad de los dirigentes y organizaciones de movimientos sociales y de derechos humanos. El acuerdo establece que “las garantías de seguridad son una condición necesaria para consolidar la construcción de la paz y la convivencia”. También destaca la importancia de los activistas de la sociedad civil en la implementación de los planes y programas establecidos por el acuerdo.

El tercer punto de los acuerdos, la sección de conflicto final, incluye un acuerdo para garantizar la “seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos […] y la persecución de las conductas criminales que amenacen con la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Esto incluye acciones contra “las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”. Este punto también incluye los diferentes mecanismos que se desarrollarán para abordar este problema. Entre ellas está la Comisión Nacional de Garantías para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, que sería responsable de ataques por grupos neoparamilitares contra defensores, movimientos sociales y políticos. También requiere la creación de una Unidad Especial de Investigación para desmantelar estas organizaciones criminales y sus redes, la integración de un Cuerpo Élite dentro de la Policía Nacional y un sistema integral de seguridad para el desarrollo de políticas. Por último, establece garantías básicas para los fiscales, jueces y otros funcionarios públicos involucrados en esta lucha.

La cobertura de prensa revela que en su conversación con el presidente Juan Manuel Santos, el presidente Donald Trump indicó que personalmente se aseguraría que Colombia reciba el paquete de asistencia necesaria para consolidar la paz, lo cual requerirá primero de la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Esta indicación de apoyo a la paz en Colombia es un primer paso positivo. También alentamos a los legisladores que prioricen la implementación de los compromisos asumidos en el acuerdo sobre la protección de los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios y los partidos políticos y el desmantelamiento de los grupos paramilitares sucesores.