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GINEBRA, Suiza, 17 de noviembre de 2017 (ACNUR) - ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados,  se muestra cada vez más preocupado por el aumento en los asesinatos y amenazas contra los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios en la región de la costa del Pacífico de Colombia. En la mayoría de los casos, las víctimas pertenecen a las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Hace un mes, el 17 de octubre, José Jair Cortés, un líder de la comunidad afrocolombiana de Alto Mira y Frontera en Tumaco, en el departamento suroccidental de Nariño, fue asesinado por un grupo armado desconocido. Desde entonces, y de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, al menos siete líderes más han sido asesinados y muchos otros han recibido amenazas. En total, se conocen las muertes de 78 líderes y miembros de organizaciones sociales este año, y al menos 13 sospechas de asesinatos. Desde cualquier perspectiva, esto resulta alarmante.

El Sr. Cortés ya estaba bajo la protección de las autoridades en el momento de su asesinato debido a las reiteradas amenazas en su contra. Él fue uno de los líderes del Consejo Comunitario de Afrocolombianos que habita esta región, que se ha visto afectada por el desplazamiento masivo y el confinamiento. Alrededor de 1.500 personas han sido desplazadas en 2017 y muchas más han estado viviendo en confinamiento, lo que significa que no pueden acceder a sus cultivos o ir a pescar para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia. Entre el 7 y el 12 de noviembre, más de 46 familias fueron desplazadas por la fuerza de los municipios de Barbacoas y Tumaco (departamento de Nariño). Los líderes de estas áreas creen que la cantidad real de víctimas podría ser mucho mayor, ya que las personas temen denunciar los abusos.

La implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, que se anunció el año anterior, ha significado muchos desafíos para aquellas comunidades que se han visto afectadas por la presencia de grupos armados y actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la minería ilegal. El vacío de poder dejado por la desmovilización de las FARC ha convertido muchas áreas en territorios disputados entre grupos armados ilegales nuevos y existentes. Las demoras y los problemas en la implementación local de los principales acuerdos del Acuerdo de Paz, como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos o el desarrollo local, han incrementado la incertidumbre en las comunidades, en un entorno donde la presencia del Estado sigue siendo débil.

La protección de las poblaciones más afectadas, incluidas las personas desplazadas internas, es crucial para los esfuerzos de consolidación de la paz en Colombia. ACNUR insta a las autoridades colombianas a implementar medidas de protección adicionales tanto para las personas en riesgo como para las comunidades afectadas. Estas deben incluir presencia policial en áreas específicas, el establecimiento de una infraestructura de telecomunicaciones para mejorar las comunicaciones y otras medidas. Del mismo modo, es importante consultar a las autoridades y comunidades afrocolombianas e indígenas en varios departamentos afectados por la presencia continua de grupos armados ilegales, a fin de responder eficazmente a los desafíos del Acuerdo de Paz.

Para mayor información sobre el tema, contacte:

• En México, Francesca Fontanini, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., +52 1 (55) 9197 2690
• En Ginebra, William Spindler,Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., 41 79 217 3011