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• Por: Mongabay: https://es.mongabay.com/2018/07/amenazas-lideres-indigenas-de-ecuador-medio-ambiente/ 

• En los últimos seis meses se han registrado, al menos, cuatro amenazas de muerte en contra de líderes de pueblos indígenas. Estas intimidaciones estarían relacionadas con su activismo por la defensa del medio ambiente.

• Dirigentes indígenas denuncian ‘bombardeo’ de acciones legales para desgastarlos, siembra de rumores en comunidades, vigilancias permanentes y otras acciones intimidatorias.

Yaku Sacha Pérez Guartambel y otros dirigentes presentaron una acción de protección con la que se suspendió la actividad del proyecto minero Río Blanco, en Cuenca, Azuay, provincia de la sierra-centro de Ecuador.

A Patricia Gualinga y a Salomé Aranda les apedrearon sus casas mientras dormían. A Nema Grefa, en cambio, la amenazó de muerte un supuesto miembro de una comunidad que estaría de acuerdo con la extracción petrolera en suelo ancestral. Todos ellos han identificado posibles estrategias que serían usadas por transnacionales para ingresar a territorios.

El miércoles 9 de mayo el olor a gasolina se percibía en el ambiente y sus captores amenazaban con quemarlos vivos. “Sí, nos autorizaron a quemar”, se escuchaba entre el gentío, en una casa que servía como bodega, en Cochapamba, a pocos kilómetros del proyecto minero Río Blanco de la empresa Ecuagoldmining South América S.A., que está situado entre las parroquias Molleturo y Chauca, Cuenca, en la provincia de Azuay, sierra-centro del Ecuador. Este es el episodio más reciente de violencia que asegura haber vivido Yaku Sacha Pérez Guartambel, un líder indígena del pueblo ancestral Kichwa Cañari, luego de que fuera “secuestrado” por supuestos trabajadores de este proyecto extractivo.

“Tres compañeros (Mario Fárez, Víctor Hernández y Manuel Guayas) y yo fuimos objeto de un secuestro durante siete horas por parte de la empresa china (Ecuagoldminig South América S.A. fue establecida en 2015 en el país por la firma inversionista china Junefield Group S.A). La resolución que casi estaba en firme era la de quemarnos vivos. Nos acusaban de oponemos a la minería y que los dejaríamos sin trabajo... veía la gasolina ahí cerca, hubo maltrato, escupitajos”, recuerda Yaku Sacha (Agua del monte, en lengua Kichwa), abogado de profesión y quien encabeza el Movimiento de los Indígenas del Ecuador (Ecuarunari o Ecuador Runakunapak Richarimuy, en lengua kichwa).

Él acudió a esta zona, dice, para defender legalmente a pobladores de la comunidad de Cochapamba, situada a pocos kilómetros del campamento minero. En esta y otras comunidades había temor entre los habitantes por los comentarios que afirmaban que la Policía estaba en camino para ejecutar detenciones luego de que se registraron incidentes el martes 8 de mayo en esta zona. Personas manifestaron su descontento por la actividad extractiva y quemaron instalaciones de la empresa minera.

Estos hechos marcaron un antes y un después en la lucha para dejar bajo tierra los minerales preciosos que ya se estaban extrayendo en esta zona de Azuay, que según estimaciones de la misma compañía, dicha riqueza asciende a 605 000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata. El proyecto minero Río Blanco está dentro del bosque protector Molleturo-Mollepungo, que alberga bosque húmedos premontanos y montanos. Aproximadamente el 60 % del bosque es secundario y un 30 % se mantiene en estado prístino. Además, se encuentra a 3.5 kilómetros del Parque Nacional Cajas, dentro de la zona de amortiguamiento de este gran páramo que hace parte del Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador.

27 días después, el 5 de junio, el juez Oswaldo Guerrero dictó una sentencia favorable a un recurso presentado por el activista Yaku Pérez y otros dirigentes indígenas. “Aceptar la Acción de protección por vulnerarse los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades de Molleturo, en relación al Proyecto Río Blanco... En consecuencia, ORDENA a todas las autoridades accionadas, que en el ámbito de sus respectivas funciones y de inmediato, hagan SUSPENDER las actividades de explotación que se estén desarrollando del contrato de concesión denominado Río Blanco. Como medida de restitución al derecho vulnerado: Realícese la consulta previa, libre e informada conforme al convenio 169 de la OIT... (sic)”, reza en el resumen de la sentencia del judicial.

Además, el juez ordenó la desmilitarización gradual de los sectores donde se registraba “el conflicto” y dispuso que la Defensoría del Pueblo dé seguimiento al cumplimiento de esta sentencia. El jueves 21 de junio se realizó una inspección en la mina con la que se confirmó que las actividades de extracción estaban suspendidas y también se evidenció la presencia de filtraciones de agua que provenían del túnel, lo que preocupa a Yaku Sacha y a autoridades, como a la concejala rural de Cuenca, Norma Illares, quien participó de esta diligencia.

“Preocupa que el agua que sale de la mina de Río Blanco sea contaminada y vaya al Río Canoas, sin embargo se realizarán los análisis por el ente competente”, publicó Illares en la red social Twitter.

Yaku Sacha le dijo a Mongabay Latam que solicitó a la Defensoría del Pueblo que disponga un análisis físico-químico del agua que surge de la mina y dice confiar en que la decisión del juez no va a cambiar a pesar de que el Estado ha presentado un recurso de apelación y que por eso están pendientes del proceso. El 23 de julio se realizará la audiencia de apelación en la Corte de Justicia de Azuay.

Paralelo a este caso, el líder indígena ha solicitado a la Fiscalía que se realicen varias diligencias en torno a su denuncia sobre “secuestro”, para que se sancione a los autores materiales e intelectuales.

“Pedimos la reconstrucción de los hechos, las llamadas telefónicas que se dieron, tanto las entrantes como salientes, de ese lugar, Cochapamba. Estamos adjuntando unas grabaciones, lo que salió en la prensa. Estamos pidiendo la recepción de versiones de las personas que me acompañaron, así como videos que los mismos secuestradores enviaron a redes sociales y donde borraron el audio”, detalla Yaku Sacha.

Mongabay Latam solicitó una entrevista al departamento de relaciones públicas de la empresa Ecuagoldmining South América S.A. para conocer la posición de esta firma sobre la denuncia presentada por Pérez Guartambel y las medidas de mitigación de riesgos ambientales que se han implementado en el proyecto minero, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.