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https://es.mongabay.com/2018/07/amenazas-lideres-indigenas-de-ecuador-medio-ambiente/

Yaku Sacha Pérez Guartambel y otros dirigentes presentaron una acción de protección con la que se suspendió la actividad del proyecto minero Río Blanco, en Cuenca, Azuay, provincia de la sierra-centro de Ecuador.

A Patricia Gualinga y a Salomé Aranda les apedrearon sus casas mientras dormían. A Nema Grefa, en cambio, la amenazó de muerte un supuesto miembro de una comunidad que estaría de acuerdo con la extracción petrolera en suelo ancestral. Todos ellos han identificado posibles estrategias que serían usadas por transnacionales para ingresar a territorios.

El  miércoles 9 de mayo el olor a gasolina se percibía en el ambiente y sus captores amenazaban con quemarlos vivos. “Sí, nos autorizaron a quemar”, se escuchaba entre el gentío, en una casa que servía como bodega, en Cochapamba, a pocos kilómetros del proyecto minero Río Blanco de la empresa Ecuagoldmining South América S.A.,que está situado entre las parroquias Molleturo y Chauca, Cuenca, en la provincia de Azuay, sierra-centro del Ecuador. Este es el episodio más reciente de violencia que asegura haber vivido Yaku Sacha Pérez Guartambel, un líder indígena del pueblo ancestral Kichwa Cañari, luego de que fuera “secuestrado” por supuestos trabajadores de este proyecto extractivo.

“Tres compañeros (Mario Fárez, Víctor Hernández y Manuel Guayas) y yo fuimos objeto de un secuestro durante siete horas por parte de la empresa china (Ecuagoldminig South América S.A. que fue establecida en 2015 en el país por la firma inversionista china Junefield Group S.A). La resolución que casi estaba en firme era la de quemarnos vivos. Nos acusaban de oponemos a la minería y que los dejaríamos sin trabajo… veía la gasolina ahí cerca, hubo maltrato, escupitajos”, recuerda Yaku Sacha (Agua del monte, en lengua Kichwa), abogado de profesión y quien encabeza el Movimiento de los Indígenas del Ecuador (Ecuarunari o Ecuador Runakunapak Richarimuy, en lengua kichwa).

Él acudió a esta zona, dice, para defender legalmente a pobladores de la comunidad de Cochapamba, situada a pocos kilómetros del campamento minero. En esta y otras comunidades había temor entre los habitantes por los comentarios que afirmaban que la Policía estaba en camino para ejecutar detenciones luego de que se registraron incidentes el martes 8 de mayo en esta zona. Personas manifestaron su descontento por la actividad extractiva y quemaron instalaciones de la empresa minera.

Estos hechos marcaron un antes y un después en la lucha para dejar bajo tierra los minerales preciosos que ya se estaban extrayendo en esta zona de Azuay, que según estimaciones de la misma compañía, tiene una riqueza que asciende a 605 000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata. El proyecto minero Río Blanco  está dentro del bosque protector Molleturo-Mollepungo, que alberga bosques húmedos premontanos y montanos. Aproximadamente el 60 % del bosque es secundario y un 30 % se mantiene en estado prístino. Además, se encuentra a 3,5 kilómetros del Parque Nacional Cajas, dentro de la zona de amortiguamiento de este gran páramo que hace parte del Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador.

27 días después, el 5 de junio, el juez Oswaldo Guerrero dictó una sentencia favorable a un recurso presentado por el activista Yaku Pérez y otros dirigentes indígenas. “Aceptar la Acción de protección por vulnerarse los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades de Molleturo, en relación al Proyecto Río Blanco… En consecuencia, ORDENA a todas las autoridades accionadas, que en el ámbito de sus respectivas funciones y de inmediato, hagan SUSPENDER las actividades de explotación que se estén desarrollando del contrato de concesión denominado Río Blanco. Como medida de restitución al derecho vulnerado: Realícese la consulta previa, libre e informada conforme al convenio 169 de la OIT… (sic)”, reza en el resumen de la sentencia judicial.

Además, el juez ordenó la desmilitarización gradual de los sectores donde se registraba “el conflicto” y dispuso que la Defensoría del Pueblo dé seguimiento al cumplimiento de esta sentencia. El jueves 21 de junio se realizó una inspección en la mina con la que se confirmó que las actividades de extracción estaban suspendidas y también se evidenció la presencia de filtraciones de agua que provenían del túnel, lo que preocupa a Yaku Sacha y a autoridades, como a la concejala rural de Cuenca, Norma Illares, quien participó de esta diligencia.

“Preocupa que el agua que sale de la mina de Río Blanco sea contaminada y vaya al Río Canoas, sin embargo se realizarán los análisis por el ente competente”, publicó Illares en la red social Twitter.

Yaku Sacha le dijo a Mongabay Latam que solicitó a la Defensoría del Pueblo que disponga un análisis físico-químico del agua que surge de la mina y dice confiar en que la decisión del juez no va a cambiar a pesar de que el Estado ha presentado un recurso de apelación y que por eso están pendientes del proceso. 

Paralelo a este caso, el líder indígena ha solicitado a la Fiscalía que se realicen varias diligencias en torno a su denuncia sobre “secuestro”, para que se sancione a los autores materiales e intelectuales.

“Pedimos la reconstrucción de los hechos, las llamadas telefónicas que se dieron, tanto las entrantes como salientes, de ese lugar, Cochapamba. Estamos adjuntando unas grabaciones, lo que salió en la prensa. Estamos pidiendo la recepción de versiones de las personas que me acompañaron, así como videos que los mismos secuestradores enviaron a redes sociales y donde borraron el audio”, detalla Yaku Sacha.

Mongabay Latam solicitó una entrevista al departamento de relaciones públicas de la empresa Ecuagoldmining South América S.A. para conocer la posición de esta firma sobre la denuncia presentada por Pérez Guartambel y las medidas de mitigación de riesgos ambientales que se han implementado en el proyecto minero, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

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La presunta estrategia de las transnacionales

El líder kichwa cañari, Yaku Sacha Pérez Guartambel, tiene a su cargo la representación legal de 23 casos de miembros del movimiento indígena ─incluyendo el suyo─, que están siendo investigados por los incidentes de mayo pasado. Estos casos se suman al más de centenar de personas ─también integrantes de pueblos indígenas─ a quienes se les procesó en el otrora gobierno de Rafael Correa por participar u organizar actividades en defensa de la naturaleza. Se los acusó de terrorismo, sabotaje y otros delitos.

Personal de la Defensoría del Pueblo y otras autoridades realizaron una inspección en el proyecto minero Río Blanco, el 21 de junio pasado, en Cuenca, Azuay.

Según organizaciones sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la cifra global de personas que dejó la “criminalización de la protesta” en el régimen de Correa ascendía a 850, pero en unos casos los procesos prescribieron o se cumplieron las condenas, como en el caso de Pérez Guartambel, que pasó ocho días en una cárcel en marzo del 2013.

“Indudablemente hay la sospecha de que agentes de inteligencia del Estado actúan de manera combinada con la empresa china, por eso es que muchos que no tenían nada que ver (con las manifestaciones de mayo pasado) y que simplemente estaban regresando a sus casas, como en el caso de unas personas que llevaban combustible para su quehaceres domésticos, para su motocicleta y para su motosierra, fueron detenidas y las mandaron a la cárcel. Salieron libres solo cuando solicité al juez medidas cautelares en vez de la prisión preventiva, pero los procesos penales siguen abiertos… el fin es descabezar a los dirigentes, distraerlos en procesos penales”, refiere Yaku Sacha.

“Yo me encuentro estresado y complicado porque tengo muchos procesos penales, donde les doy una mano a gente de Bolívar, Chimborazo, Cañar, Pichincha. Me tienen saturado estos procesos, tanto que tengo que pedir ayuda a colegas. Nos tienen completamente distraídos y nos hacen gastar dinero, pero el objetivo es descabezar a los dirigentes e intimidar a la población. Si a mí me secuestran, qué dirá el resto de la gente. La población tiene miedo y dice: ‘Ya no hay nada qué hacer contra esta empresa poderosa, crucémonos de brazos’”.

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Divide y vencerás

El riesgo para los dirigentes y miembros de las bases indígenas no termina en las manifestaciones sociales o durante el viaje a los sitios donde se desarrollan los proyectos extractivos o de retorno a sus comunidades. Las amenazas también son dirigidas a sus hogares. Esto lo sabe muy bien la lideresa del pueblo de Sarayaku, Patricia Gualinga, quien el 5 de enero de este año fue amenazada por una persona de rasgos mestizos, luego de que este lanzara piedras en la casa de sus padres, en Puyo, Pastaza, en el oriente del Ecuador.

Después de presentar la denuncia, la Fiscalía la incluyó en el programa de testigos protegidos y se le asignó patrullaje policial. No obstante, seis meses más tarde, el 13 de julio, el fiscal Edgar Cajas solicitó el archivo de la investigación al juez Aurelio Quito.

“Hoy (16 de julio) con el abogado voy a oponerme al archivo. Han pasado seis meses y (el fiscal) no ha hecho lo que podría haber hecho dentro de la investigación. Por ejemplo, lo de la cámara de seguridad. Le han dado videos de otro lado y no ha insistido en que le den los de la cámara de acá. Dicen que estaba dañada, pero no es verdad. Nosotros sabemos que no”, cuestiona Gualinga.

“Fue muy extraño porque aquí en la esquina hay dos cámaras, pero cuando mandaron el pedido al ECU-911 (sistema integrado de seguridad pública con videocámaras) lo hicieron para una cámara que está lejos de acá. No dieron con la que se les solicitó. Dijeron que no había cámaras en este sector y mandaron a un lugar lejano… Es muy raro, me dio la sensación de que no quieren decir qué sucedió… Fui a insistir a la Fiscalía para que pidan el video de esa cámara, pero no han encontrado a ningún sospechoso”, insiste la líder.

Mongabay Latam intentó entrevistar al fiscal Cajas, pero este dijo no estar autorizado para dar declaraciones.

Gualinga explica que tiene identificadas las estrategias que usan “empresas transnacionales” para ingresar a los territorios de las comunidades, más allá de los permisos otorgados por los gobiernos de turno. Relaciona la amenaza que recibió en enero con que el pueblo de Sarayaku no ha bajado los brazos para defender la selva, su territorio (Pastaza), a pesar de que está en firme el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dejó sin efecto una concesión petrolera a la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) que se otorgó sin la consulta previa a las comunidades en el 2012.

“Las empresas llegan a las comunidades, hablan con algunos líderes y los convencen. Seguramente les dan dinero o lo que sea con tal de ingresar. Si alguien se opone, generan calumnias internas. En nuestro caso decían que somos los responsables de que no haya escuela, de que no haya salud, de que las comunidades no tengan acceso a los servicios básicos… Entonces esa calumnia va multiplicándose en las comunidades, tratando de generar odio hacia los líderes que reclaman derechos… Todo se trata de dividir comunidades, comprar dirigentes y bloquear las vías de acceso”, explica Gualinga.

“Pagaron a las radios para que tuvieran programas de gente que iba a hablar mal de nosotros e incluso se atrevieron, a través de las mismas personas, a poner notas de condolencia en las radios para generar el caos en la familia, diciendo que todos habíamos muerto… Nosotros estábamos trabajando en la oficina y llegaban personas de todos lados a preguntar. Y decíamos: ‘No ha habido nada’…  Yo fui a la radio y exigí que me permitieran hablar para desmentir lo que se difundía”.

Gualinga asegura que al igual que sus coterráneos y líderes de otros pueblos, no tienen descanso en esta lucha para que la actividad petrolera y minera no se expanda en esta zona del país. El problema está, sostiene, en las intenciones del gobierno de continuar con la extracción de crudo.

El bloque 10, por ejemplo, genera preocupación en su comunidad, cuenta la activista indígena. Según dice, una posible ampliación de sus límites alcanzaría a territorios de las nacionalidades Sarayaku, Pakayaku, Shuar, Kichwa (cuenca de Villano), Woaorani y Sápara.

“El bloque 10 está siendo explotado hace más de 20 años, pero quieren ampliarse más, crear más pozos y los afectados somos los territorios de las nacionalidades que le acabo de mencionar. Tengo entendido que quieren utilizar la modalidad de racimo, donde mandan tubos y van como a quince kilómetros, de ahí sacan el petróleo hacia un pozo. Es más agresivo porque igual tienen que hacer la sísmica y esto consiste en enterrar dinamita de altísimo poder dentro de la tierra para también explotar. Muchas veces hemos visto que pasan los años y se producen grandes derrumbes”, advierte Gualinga.

Dirigentas del Articulado de Mujeres Amazónicas, movimiento que se reactivó a inicios de este año tras la amenaza que denunció Patricia Gualinga, en Pastaza, en el oriente de Ecuador. Foto: Cortesía de Selvas Producciones.

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Las amenazas trascienden a las redes sociales

“Y así vamos a matar a la compañera Nema Grefa, que no tiene territorio. Nosotros enfrentaremos con nuestros propios derechos, ancestralmente, con la lanza”, es parte de la amenaza de un supuesto miembro de la comunidad Achuar en contra de la presidenta de la nacionalidad Sápara, Nema Grefa, que circuló en un video en la red social Twitter, el 24 de abril.

La lideresa de 38 años reconoce a la persona que aparece en el video como “Roberto Mucushigua, hijo de Basilio Mucushigua”. Este último hombre, asegura Grefa, “firmó un convenio” con la petrolera Andes Petroleum para concederle un permiso de explotación, sin el consentimiento del pueblo Sápara.

“Nosotros como sáparas defendemos nuestro territorio, por eso tengo esa amenaza. Ellos quieren que ingresen los petroleros y nosotros no. No queremos morir con cáncer, con esas enfermedades. En otras provincias como Sucumbíos es lo que está sucediendo”, señala Nema, que en su lengua materna significa piraña.

La presidenta de esta nacionalidad también ha sido acusada de ser la responsable de la muerte de un menor de edad en circunstancias extrañas, según Franklin Mayanchia, tío del difunto, quien hace referencia a un mal provocado con “brujería”.

“Era un joven, no tenía enfermedad, estaba sano… Lo encontramos muerto, chupada la cara. Mi sobrino no tenía ningún problema. Esto pasa por la división de la comunidad Sápara… Lo que han hecho es la maldad, con chamán, hechicería, brujería”, dijo Mayanchia al medio de comunicación local Eco Amazónico.

Este tipo de acusaciones también surgieron en Sarayaku hace varios años, refiere Patricia Gualinga, quien afirma que las empresas transnacionales contratan a especialistas para conocer las particularidades de los pueblos selváticos.

“Ellos nos conocen porque han hecho estudios, tienen antropólogos. Saben el efecto que puede producir el tema de los chamanes. Lo utilizaron en Sarayaku. Acusaron a sus chamanes de las desgracias que ocurrieron en otras comunidades. Han provocado crímenes porque hubo dos de ellos que fueron asesinados debido a chismes y cuentos”, asegura.

Este portal solicitó una entrevista con el representante de la empresa Andes Petroleum, pero el departamento de Asuntos Públicos de esta compañía indicó que su vocero “no se encuentra disponible en el país”.

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El patrón se repite pero las mujeres le hacen frente

La lideresa kichwa de la comunidad Moretecocha (Pastaza), Salomé Aranda, es parte del listado de víctimas de agresiones que estarían relacionadas con su posición frente a la actividad petrolera. La madrugada del 13 de mayo, cuenta, varios sujetos apedrearon su casa.

“En nuestra comuna hay mucha contaminación en lo agrícola, en la salud. No es una situación tan buena para quienes vivimos aquí ni para el futuro de nuestros hijos. Hemos trabajado con las mujeres y (la empresa) nos ha quitado el beneficio de la salud”, señala Salomé, pues cree que la firma Agip Oil retiró la entrega de medicamentos a los pobladores de esta comunidad ante los reclamos que han realizado a las autoridades nacionales por los supuestos efectos de esta actividad extractiva en el medio ambiente. La entrega de estos medicamentos no tenía nada que ver con las presuntos efectos sobre el ambiente y la salud de los pobladores, sino que hacía parte de la labor social de la compañía pues no hay centros de salud cercanos a esta comunidad.

Mongabay Latam intentó dialogar con el vocero de esta subsidiaria del grupo empresarial extranjero ENI, pero empleados que contestaron por vía telefónica se negaron a dar un correo electrónico al que se pueda dirigir la solicitud de entrevista. No obstante, este portal envió dicha petición a dos emails de la empresa que constan en los registros de la Superintendencia de Compañías. 

En el portal web de Agip Oil Ecuador se detalla que esta empresa “evalúa la interacción entre sus actividades y los servicios de los ecosistemas, promoviendo en particular una gestión eficiente de las aguas, sobre todo, en las áreas bajo estrés hídrico, y la reducción de sus emisiones en aire, agua y suelo”.

Salomé Aranda  formó parte de la Marcha de Mujeres Amazónicas que el 8 de marzo partió de Puyo, provincia de Pastaza, y llegó, cuatro días después, a Quito. No obstante, el 22 de marzo una delegación de estas mujeres fue recibida por el presidente Lenín Moreno en el Palacio de Carondelet. Ahí, las indígenas entregaron un “mandato” a Moreno para exigir la suspensión de toda actividad extractiva minera y petrolera en los territorios de los pueblos Achuar, Shuar, Waorani, Sápara, Shiwiar, entre otros.

De su lado, el mandatario les ofreció que sus propuestas serían analizadas y que “siempre serán bienvenidas al Palacio de Carondelet”.

Estas lideresas no descartan nuevas movilizaciones y en la actualidad están unidas en una agrupación denominada Articulado de Mujeres Indígenas, conformada por unas 50 mujeres que representan a igual número de lugares de diferentes provincias orientales del Ecuador.

Se trata de una suerte de asamblea en la que se exponen eventuales problemas que afrontan las comunidades y se toman decisiones para solucionarlos. Ellas y el resto de la dirigencia indígena perciben con cierta incredulidad el discurso emitido por el régimen de Lenín Moreno en relación al respeto de los derechos de las comunidades indígenas y de la naturaleza. Muchos de ellos creen que se trata de un cambio más de forma que de fondo, pues las intenciones de abrir más pozos petroleros continúan en la agenda oficial. Por ejemplo, a mediados de este mes se tenía previsto que la empresa china CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (CCDC), filial de China National Petroleum Company (CNPC), iniciara operaciones en el campo Sacha, en la provincia de Orellana, luego de ganar un concurso de prestación de servicios. Esta misma firma también trabaja actualmente en el campo ITT ─(Ishpingo, Tambococha, Tiputini) que se ubica en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní─ en labores de perforación.

*Foto de portada: Yaku Pérez Guartambel, presidente del Movimiento de los Indígenas del Ecuador (Ecuarunari), en una protesta ciudadana registrada en diciembre de 2015. Foto: César Muñoz / Agencia Pública de Noticias del Ecuador y de Sudamérica (Andes).