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Servindi, 19 de junio, 2013.- Campesinos e indígenas de la Alianza Estratégica Nacional presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra laLey 18, aprobada el 26 de marzo, que pone en riesgo la seguridad colectiva de las comunidades situadas en cuencas hídricas.
La Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé (Codetac) indicó que la citada ley atenta contra el debido proceso y la naturaleza en la tenencia de las tierras, ya que se basa en la expropiación para fines hidroeléctricos en todo el país.
Para la Alianza Estratégica el origen de la norma responde a un afán de acumular riquezas del actual gobierno de Ricardo Martinelli.
Así lo sostuvieron en un comunicado difundido dos días después de la publicación de la norma, en la que explican que ésta servirá para apropiarse de las tierras de los campesinos, indígenas y productores con el pretexto de llevar a cabo proyectos de urgencia social.
Precisaron, en aquel entonces, que en realidad se tratan concesiones otorgadas a allegados del gobierno y socios vinculados con las actividades de generación, interconexión, transmisión y distribución de electricidad.
Asimismo, buscar en un periodo corto de 15 días, desalojar a quien no quiera vender las tierras ubicadas en las áreas concesionadas por orden de la Autoridad de Servicios Públicos.

Movilizaciones

La demanda presentada el pasado 13 de junio coincidió con manifestaciones realizadas este fin de semana en Río Grande, provincia de Coclé, donde campesinos aglutinados en Codetac marcharon contra la ampliación de la hidroeléctrica de El Fraile y contra la concesión de las aguas del río Harino.
En la marcha participaron 450 vecinos del lugar que reclaman el respeto a los recursos naturales, y denuncian que en Panamá quieren mercantilizar el patrimonio ecológico, por lo cual continuarán con acciones de protesta.
Denunciaron que el actual gobierno quiere amedrentarlos e impedir una consulta popular y la decisión colectiva de los afectados contra esas obras hídricas.
Las hidroeléctricas que se construyen en la provincia de Veraguas también han sido rechazadas por campesinos del lugar quienes hicieron un llamado para evitar la destrucción de los recursos naturales en Panamá ante las concesiones para fines energéticos otorgadas por el gobierno.
Estudiantes, docentes, organizaciones campesina y solidarias indicaron que continuarán haciendo actos de protesta.
Afirmaron que la población actual y futura de la provincia depende del agua potable que proviene del río Santa María en esta región, que esta amenazada por las construcción de seis hidroeléctricas.