Regiones Indias
SUIZA: Es imperioso actuar para resolver la pobreza y las desigualdades que padecen los pueblos indígenas
OIT
SUIZA: Aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales núm. 169 de la OIT Hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo
OIT
INGLATERRA: Líder indígena lanza en Londres llamado “urgente” al mundo para salvar Amazonía
AFP
GUATEMALA: Diputada indígena renuncia a sus privilegios, sus colegas se enfurecen
Ollantay Itzamná / TeleSur
MEXICO: Louis Vuitton y Pineda Covalin respetarán los diseños de indígenas mexicanos, asegura Susana Harp
Notimex, El Economista
MEXICO: Propiedad intelectual, en la mira. Darío Celis
El Financiero
MEXICO: AMLO no escucha a los indígenas, acusa Rubén Albarrán
Contraréplica
GUERRERO: ¿Fantoches los indígenas? Tlachinollan
MEXICO: Los niños armados en Guerrero y la incapacidad del Estado mexicano para garantizarles su seguridad
Mario Carbonell / France 24
GUERRERO: Algo no cuadra. Claudio Lomnitz
La Jornada
CHIAPAS: EZLN inaugura dos nuevos “caracoles” o centros de autogobierno
Diario de Chiapas
CHIAPAS: Lista, caravana del EZLN hacia México
Janet Hernández Cruz /
CHIAPAS Inicia encuentro jóvenes líderes comunitarios egresados del Programa de Liderazgo Indígena PLJI
Diario de Chiapas
QUINTANA ROO: Dignatarios mayas exigen a los diputados locales más apoyos para sus comunidades
Rubén Torres / Luces Del Siglo
MEXICO: Protesta social y criminalización. Magdalena Gómez
La Jornada
MICHOACAN: Opera sin ton ni son Comisión para Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Rebeca Hernández Marín / Quadratín
SUIZA: Es imperioso actuar para resolver la pobreza y las desigualdades que padecen los pueblos indígenas
Treinta años después de la adopción del único Convenio internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, un nuevo informe de la OIT concluye que siguen teniendo más probabilidades de ser pobres.
OIT
Según un nuevo informe de la OIT publicado en conmemoración del 30º aniversario del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) , en comparación con sus contrapartes no indígenas, los pueblos indígenas tienen casi tres veces más de probabilidades de estar viviendo en situación de pobreza extrema. Representan casi el 19 por ciento de quienes viven en situación de pobreza extrema (personas que viven con menos de 1,90 dólares EE.UU. al día). Incluso cuando se utilizan umbrales de pobreza menos rigurosos (3,20 o 5,50 al día), un número desproporcionado de pobres pertenecen a pueblos indígenas. Además, independientemente de si la región o el entorno de residencia es rural o urbano, los pueblos indígenas representan una considerable proporción de los pobres del mundo. “Muy poco se ha avanzado en la mejora de la vida de los pueblos indígenas”, señaló Martin Oelz, especialista de la OIT y coautor del informe. “Sería conveniente lograr más ratificaciones del Convenio núm. 169, y adoptar medidas de cara a su aplicación efectiva. Para que las políticas públicas atiendan a las necesidades de los pueblos indígenas y reflejen sus aspiraciones, es imprescindible resolver la ausencia generalizada de marcos institucionales y jurídicos que propicien su participación en la adopción de decisiones.”
Las nuevas cifras incluidas en el informe Aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales núm. 169 de la OIT: Hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo indican que el número de pueblos indígenas en el mundo es considerablemente superior a lo que se creía: el equivalente a más del 6 por ciento de la población mundial. Ello representa más de 476 millones de personas, significativamente más que la combinación de las poblaciones de los Estados Unidos y el Canadá. A nivel mundial, más del 80 por ciento de los pueblos indígenas vive en países de ingreso mediano. El Convenio es el único tratado internacional abierto a la ratificación específicamente destinado a promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales. En la actualidad, 23 de los 187 Estados Miembros de la OIT han ratificado el Convenio núm. 169 , lo que equivale a decir que solo un 15 por ciento de los pueblos indígenas del mundo vive en países cubiertos por el Convenio. En todo el mundo, se estima que hay más de 5.000 comunidades indígenas distribuidas en unos 90 países. Hoy, la subsistencia y las actividades económicas de muchos pueblos indígenas se han transformado. El informe indica que alrededor del 45 por ciento de las mujeres y los hombres indígenas están fuera del sector agrícola. Otra conclusión es que, pese a su predominancia entre los pobres, a nivel mundial, los pueblos indígenas tienen una tasa de participación laboral superior a la de sus contrapartes no indígenas (el 63,3 por ciento, en comparación con el 59,1 por ciento). Sin embargo, estas cifras de participación laboral van acompañadas de diferencias sustanciales en cuanto a la calidad del trabajo: a menudo, los pueblos indígenas sufren malas condiciones de trabajo y discriminación. Según el informe, frente a un 66 por ciento de los pueblos no indígenas, más del 86 por ciento de los pueblos indígenas del mundo trabaja en la economía informal, lo cual suele asociarse con malas condiciones de trabajo y falta de protección social.
Las mujeres indígenas afrontan problemas particulares. Sus tasas de informalidad son más de 25 puntos porcentuales más elevadas que las de sus contrapartes no indígenas. Son las que menos probabilidades tienen de haber terminado la educación básica y quienes más probabilidades tienen de estar en situación de pobreza extrema. También tienen la participación más alta en el trabajo familiar auxiliar (de casi el 34 por ciento). Al mismo tiempo, solo una cuarta parte (el 24,4 por ciento) de las mujeres indígenas están en el trabajo asalariado, una proporción inferior a la de las mujeres no indígenas (el 51,1 por ciento) y los hombres indígenas (el 30,1 por ciento). Incluso siendo asalariados, los integrantes de los pueblos indígenas ganan en promedio el 18 por ciento menos que sus contrapartes no indígenas. El informe señala que las tasas de empleo más altas registradas entre los pueblos indígenas podrían estar reflejando la necesidad, provocada por la pobreza, de asumir cualquier actividad que genere ingresos, incluso si está mal remunerada y las condiciones de trabajo son malas. Se subraya que pese a los progresos logrados en los marcos de política pública, es urgente eliminar las desigualdades a las que están expuestos los pueblos indígenas. Se precisan muchas posibilidades para superar la situación y empoderar a las mujeres y hombres indígenas como actores en los ámbitos del desarrollo y el clima, para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hacer realidad el Acuerdo de París sobre el cambio climático .
Para avanzar, es fundamental que se ratifique y aplique el Convenio de la OIT núm. 169, en particular para establecer y afinar las instituciones públicas y los marcos jurídicos a fin de que favorezcan tanto la celebración de consultas con los pueblos indígenas como su participación.
SUIZA: Aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales 169 Hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo
OIT
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con su promesa de que nadie quedara atrás, brinda una oportunidad única de fortalecer los esfuerzos desplegados a nivel mundial para abordar las vulnerabilidades socioeconómicas que afrontan los pueblos indígenas en la actualidad. Desde su fundación, la OIT ha desempeñado un papel clave en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y en la mejora de su situación socioeconómica, en particular a través del marco basado en los derechos que proporciona el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). En 2019 se celebró el trigésimo aniversario del Convenio núm. 169 y el Centenario de la OIT.
Presenta una visión clara y proporciona orientaciones específicas para la realización de estos derechos, al tiempo que impulsa el desarrollo sostenible arraigado en las aspiraciones de las mujeres y los hombres indígenas. Si bien se ha avanzado en el tratamiento de los intereses de los pueblos indígenas, cabe señalar que los avances están siendo demasiado lentos. Persisten diversas brechas de conocimientos en la comprensión de su situación social y económica. Un primer paso para acelerar el ritmo hacia un desarrollo inclusivo y sostenible es superar la “invisibilidad” a que se enfrentan las mujeres y los hombres indígenas en los datos y los estudios oficiales. El presente informe se propone abordar esta invisibilidad y arrojar luz sobre la situación en que se encuentran las mujeres y los hombres indígenas en la actualidad, adentrándose al mismo tiempo en el mundo del trabajo, un lugar crítico para entender las realidades socioeconómicas de las personas indígenas. Con ello, se compromete a tratar dos aspectos claves que configuran la vida y las perspectivas de las mujeres y los hombres indígenas, las desigualdades en relación con el resto de la sociedad, y las transformaciones sociales, culturales, económicas y ambientales.
Los pueblos indígenas constituyen más del 6 por ciento de la población mundial y están distribuidos por todas las regiones.
Globalmente viven alrededor de 476,6 millones de personas indígenas, de las cuales 238,4 millones son mujeres y 238,2 son hombres.2 Los pueblos indígenas representan alrededor del 6,2 por ciento de la población mundial, excediendo con creces la población de los Estados Unidos y el Canadá juntas. Asía y el Pacífico es la región donde vive el mayor número de personas indígenas (70,5 por ciento), seguida de África (16,3 por ciento), América Latina y el Caribe (11,5 por ciento), América del Norte (1,6 por ciento) y Europa y Asia Central (0,1 por ciento). Alrededor del 15 por ciento de las personas indígenas viven en los 23 países que han ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Esta cifra pone de relieve un desafío importante, una mayoría de personas indígenas sigue sin estar cubierta por la protección que establece el Convenio núm. 169, incluso habiendo transcurrido 30 años desde su adopción.
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INGLATERRA: Líder indígena lanza en Londres llamado “urgente” al mundo para salvar Amazonía
AFP
Londres. El líder indígena yanomami Davi Kopenawa, conocido como el Dalai Lama amazónico, recompensado en 2019 con el Right Livelihood Award o "Nobel alternativo", explica en una entrevista con la AFP su llamado "urgente" al mundo de ayuda frente al gobierno de Jair Bolsonaro. Junto a otros tres líderes amazónicos -Dario Yanomami, Raoni Metuktire y Megaron Txucarramae- Davi entregó el lunes en Londres una carta en que piden al primer ministro británico, Boris Johnson, y otros líderes europeos que no acepten en sus países el oro y otros productos que responsabilizan de la destrucción de sus tierras.
P: ¿Fueron recibidos por Boris Johnson y qué le pidieron?
R: "El primer ministro no vino a vernos personalmente, nos reunimos con un empleado. Le hemos escrito una carta. En ella hablamos sobre los invasores de la Amazonía, sobre problemas como las enfermedades, la demarcación de nuestras tierras y también la minería de oro ilegal, de lo que el gobierno está destruyendo al cooperar con gente que quiere cortar los árboles".
"Hemos escrito esta carta para que el primer ministro la lea y piense en ello y luego hable con otras autoridades europeas".
P: ¿Cuál es su mensaje para los líderes mundiales?
R: "Mi mensaje para el mundo entero, mi sueño, mi pensamiento, lo que estoy diciendo, es que quiero que todo el mundo, que los europeos me oigan y que nos ayuden".
"Necesitamos que las autoridades tomen medidas y pedir al presidente (Jair) Bolsonaro que expulse a los mineros ilegales de la tierra Yanomami, este es mi mensaje urgente hoy".
P: ¿Qué relación tiene Bolsonaro con los indígenas?
R: "La relación que tiene el presidente de Brasil con nosotros es buscar riqueza en nuestra tierra, no le importan la selva o los pueblos indígenas, lo que quiere es explotar los recursos y las riquezas de nuestra tierra, la minería, el oro, los diamantes. Están queriendo acabar con nosotros y robarnos nuestra tierra".
P: ¿Qué consecuencias puede tener esto para su pueblo?
R: "Esto podría destruirnos, las amenazas son ahora mayores, la población de las ciudades ha aumentado mucho y quieren quitarnos nuestra tierra, hace 50 o 60 años la gente de la ciudad de Boa Vista estaba lejos pero ahora está cada vez más cerca de nuestro territorio". "Están preparando grandes invasiones del territorio Yanomami, los ranchos quieren cortar los árboles de la selva para hacer pasturas para el ganado, quieren ganar dinero con la carne y quieren venderla a otros países, quieren venderla aquí".
P: ¿Está recibiendo apoyo mundial?
R: "Recibí un premio que me está ayudando a ganar respeto para mi gente, para el pueblo yanomami y dar a conocer a mi pueblo en otros lugares porque su nombre se oculta a veces. Este premio fue muy útil para abrirme el camino, un espacio para mis palabras en otros lugares".
P: Debido a su lucha ha recibido amenazas de muerte. ¿Tiene miedo?
R: "Claro que tengo miedo, pero no solo yo, todos los hombres de la tierra tienen miedo de las armas de fuego. Tengo miedo de perder mi vida pero no tengo miedo de luchar usando la palabra".
"El hombre blanco que viene a destruir mi casa no tiene derecho, no sabe respetarnos, nosotros sí sabemos que es el respeto. Pero ellos pueden pagar a sicarios para matar a los líderes indígenas que luchamos por nuestra tierra".
P: ¿Es posible un desarrollo económico que respete a los pueblos indígenas?
R: "Ese el pensamiento del hombre capitalista, mi pueblo no necesita ese tipo de desarrollo, ya tenemos el desarrollo natural. El desarrollo del que habla el hombre blanco destruye nuestros ríos, mata a nuestros peces, arruina nuestra salud y nuestro entorno". "Con nuestras tierras ya somos ricos, tenemos casa, animales que podemos cazar, pájaros, fruta, nueces, y esa es la forma más limpia de avanzar"." Ese desarrollo económico amenaza a la tierra, no quiero oír a la gente decir 'los indígenas necesitan el desarrollo'. Quiero proteger, cuidar la tierra y mantener el planeta como era".
GUATEMALA: Diputada indígena renuncia a sus privilegios, sus colegas se enfurecen
Ollantay Itzamná / TeleSur
Sensible a dicha realidad, el pasado 3 de febrero, la Diputada Vicenta Jerónimo, indígena maya mam, por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), planteó en la sesión de jefes de bancada la propuesta de: “Que las reuniones de Junta de los Jefes de Bloque se realicen… a las 14:00 horas y no a las 12:00 horas… con el objetivo de que… lleguemos almorzados a la reunión… Para que el Congreso de la República no tenga que pagar nuestro almuerzo…”.
Pero, paradójicamente la propuesta, lejos de ser aplaudida por sus colegas fue censurada como populista e irracional. Desde el primer momento que asumió el mandato de Diputada Vicenta Jerónimo no aceptó el almuerzo servido en el Congreso. Además, recientemente, mediante un documento público renunció al seguro de vida de Diputada, a los fondos de la caja chica, al pago por servicios de telefonía celular, y al personal contratado que le corresponde a su bancada. Además, indicó que sólo recibirá el 50% de su salario de Diputada (el otro 50% lo asignó para la formación política del instrumento político MLP, al cual pertenece). Esta propuesta, absolutamente razonable y loable desde todo punto de vista, más allá de su carga simbólica, desató las reacciones más iracundas, grotescas, racistas y machistas por parte de los jefes de bloques de partidos políticos presentes en la sesión.
Álvaro Arzú, del partido Unionista, (hijo del ex Presidente Arzú que privatizó las empresas y servicios públicos en Guatemala), recriminó con ademanes de patrón enfurecido a su colega Jerónimo descalificando la propuesta como “populista”, “tarimeros”. Insinuó que la Diputada indígena es una “haragana”, que “los diputados no venimos a comer, sino a trabajar”. “Si quiere renunciar a su curul, lo puede hacer. Está en su derecho”, la increpó Arzú, exaltado, con aires de patrón medieval. Después de una hora de debate, el único voto a favor para suprimir los almuerzos pagados para los diputados fue el de Vicenta Jerónimo. Ni la URNG, ni WINAQ… apoyaron la moción.
¿Por qué ofendió a los diputados de la oligarquía la renuncia a un almuerzo? Si el proponente de la “supresión” de algunos privilegios en el Congreso hubiese sido un Diputado blanco, varón y adinerado…, quizás hasta se hubiese aprobado la moción. Pero, la proponente fue nada menos que una mujer indígena maya, defensora de derechos de la Madre Tierra. Una sobreviviente, no sólo a los siglos del colonialismo blanco, sino al genocidio criollo republicano de finales pasado siglo. Una defensora del vilipendiado movimiento sociopolítico Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Un básico análisis del discurso reactivo de los diputados en el Congreso evidencia que a éstos les incomoda de sobre manera que una NO ciudadana (para ellos las indígenas no son ni siquiera ciudadanas. Son sirvientas) les dé lecciones de ética política con su ejemplo. Por eso incluso sugirieron la renuncia de la Diputada Vicenta. La reacción vulgar que desató la propuesta de Vicenta externaliza también el machismo ciego que habita a las y los diputados que les impide ver en una mujer campesina a una colega con las mismas capacidades y derechos para plantear ideas. Por eso le respondieron a Ella con: “aquí, nosotros trabajamos. No venimos a comer”. Insinuando que Vicenta es “la desubicada y preocupada únicamente por la comida”.
Vicenta Jerónimo es un “mal ejemplo” en el dispendioso Congreso de la República, hecho por y para los criollos y acriollados, insensibles con la Guatemala desnutrida. Vicenta, con su austeridad y transparencia les recuerda a los congresistas mercantes de la política, que Guatemala requiere de cambios simbólicos y materiales para reconectar al Estado con la sociedad. Con seguridad que la Diputada Vicenta es y será “la piedra en el zapato” de los diputados y criollos y acriollados. Y tendrá que asumir las consecuencias. Pero también, como suelen decir las comunidades en resistencia que llevaron a Vicenta al Congreso: “Vicenta no está sola. Estamos los pueblos y las comunidades en resistencia fecundando a muchas otras Vicenta Jerónimo desde nuestras entrañas de rebeldía anti neoliberal, anti patriarcal, y anti imperial”. https://ollantayitzamna.com/
MEXICO: Louis Vuitton y Pineda Covalin respetarán los diseños de indígenas mexicanos, asegura Susana Harp
Louis Vuitton o Pineda Covalin han mostrado su disposición a las nueva leyes en materia de protección de la autoría de la producción cultural de indígenas, así como a establecer un comercio justo.
Notimex, El Economista
Marcas internacionales como Louis Vuitton o Pineda Covalin han mostrado su disposición a las nuevas leyes en materia de protección de la autoría de la producción cultural de indígenas, así como a establecer un comercio justo. Así lo informó la senadora Susana Harp, quien acudió a Palacio Nacional donde se entregaron instrumentos a músicos oaxaqueños en la conferencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador. “Estos cambios legislativos implican poner a las comunidades indígenas al centro de la negociación que realmente se tomen en cuenta los elementos que para ellos está bien comercializar porque por supuesto que quieren vender y tener recursos. No se trata de prohibir, se trata de dialogar y que sepan que sí y que no”. “Ahorita hemos tenido muy buena cercanía con Pineda Covalin, con los mismos de Louis Vuitton que quieren hacer las cosas bien, quieren hacer las cosas con esta nueva perspectiva, no nada más un comercio justo, sino de un comercio respetuoso”, refirió Harp.
De acuerdo a la legisladora, con los cambios legislativos la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ayudarán a los creadores mexicanos.
Harp detalló que se espera la aprobación de la Ley General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables en la Cámara de Diputados, pues los senadores ya le dieron su aval. “Este nuevo ordenamiento garantiza y reconoce el derecho a la titularidad de los pueblos y comunidades sobre los elementos de su cultura e identidad. Las sanciones que se consideran por cometer ese tipo de delitos podrán ir de tres a diez años de prisión, y multa de 2,000 a 50,000 unidades de medida y actualización”, se lee en un comunicado del Senado difundido en diciembre pasado. Para la también cantante, aseguró que con los cambios legales se busca frenar el plagio que ha existido, sobre el trabajo de los integrantes de las comunidades indígenas. “De lo que se trata es de la protección de todo lo que ha sido plagiado como los textiles, de la iconografía de algunas danzas, que por ejemplo usan algunas cerveceras y que son momentos sagrados, como es el caso de los voladores de Papantla (Veracruz). Se trata de que podamos protegerlo, queremos promover y hacer una salvaguarda (…) y la médula es que las comunidades estén al centro de la negociación”, subrayó.
MEXICO: Propiedad intelectual, en la mira. Darío Celis
El Financiero
La Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos analiza ya la observancia que los países con los que tiene relaciones hacen de las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor. México no solo debería de ser ingresado a la lista de revisión, sino incluso a la llamada Sección Especial 301 por incumplir los preceptos por los altos niveles de piratería y violación a la legislación. Sin embargo, por aspectos meramente políticos la Casa Blanca no ha procedido. A finales de marzo o a más tardar en abril próximo, la oficina a cargo de Robert Lighthizer publicará la famosa lista negra. La International AntiCourtenfeiting Coalition, organización basada en Washington dedicada a combatir la piratería y falsificación de productos, empezó a recabar opinión de despachos de abogados.
El entorno no es precisamente el mejor. En el primer año de gobierno de la 4T, la Unidad Especializada en Delitos de Propiedad Intelectual de la Fiscalía General de la República no ha hecho nada. Y es hasta cierto punto lógico: en el ánimo del fiscal Alejandro Gertz Manero no están las fiscalías especiales, áreas que más bien se buscan desaparecer como parte de una reingenería institucional. Las aduanas, que ahora administra Ricardo Ahued, no dejan de ser foco que alimenta los mercados negros de calzado y ropa por una mezcla de omisión, negligencia y corrupción.
En donde la 4T sí ha estado muy activa es en promover leyes y reformas que benefician a pueblos indígenas, pero no sobre un razonamiento jurídico bien sustentado, sino en prácticas de extorsión. Por ejemplo, hace tres meses se promulgó la Ley de Cultura, que en esencia restaura el dominio público para que los pueblos registren lo que creen es de su propiedad, lo que sin duda es bueno. Lo malo es que establece que los delitos se delimitan a aspectos de semejanza. Ahí está la acusación que el año pasado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó a la firma Carolina Herrera. La 4T denunció a la diseñadora venezolana de incorporar en sus prendas elementos que identifican a pueblos indígenas y exigió explicaciones y compensaciones por la venta de su colección. Las iniciativas se reforzaron con la publicación, hace unos 10 días, de una reforma a la Ley de Derechos de Autor que vuelve a dar protección a los indígenas, pero sin una metodología de registro. Los ajustes a las leyes y la próxima publicación de la Sección 301 se inscriben en la reciente visita que hizo a México el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, con autoridades mexicanas. La semana pasada el empresario y colaborador de Donald Trump firmó un memorándum de entendimiento de colaboración técnica para manejo de patentes y marcas.
MEXICO: AMLO no escucha a los indígenas, acusa Rubén Albarrán
Contraréplica
No existe confianza hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque el Mandatario ha promovido políticas que afectan a los pueblos originarios, acusó Rubén Albarrán, integrante de la banda mexicana Café Tacvba. En entrevista con un medio nacional, expuso que “no se está escuchando a los pueblos indígenas como se dijo, en esas consultas simuladas. (...) Los únicos que se han visto beneficiados son los empresarios".
Para respaldar sus dichos, mencionó que las consultas hechas a las comunidades indígenas que habitan en las zonas en donde se construiría el Tren Maya han sido engañados, pues este proyecto nada más representa destrucción ecológica. "Está la supuesta consulta que se hizo respecto del Tren Maya, que no es un trenecito turístico. Es un proyecto que significa destrucción ecológica, contaminación de los elementos dadores de vida, que son el oxígeno, el agua y la tierra. “No se está escuchando a los pueblos indígenas como se dijo, en esas consultas simuladas", reiteró el artista.
GUERRERO: ¿Fantoches los indígenas? Tlachinollan
El presidente de la República se va con todo contra las autoridades de la CRAC-PF, haciendo tabla rasa de su prestigio
Las declaraciones recientes del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sobre la presentación de niños armados por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en Alcozacán, municipio de Chilapa, son de suma preocupación. El mandatario identificó este sistema de seguridad y justicia comunitaria, que fue creado con mucho éxito hace 25 años por los pueblos Me’phaa y Na’savi de la Costa – Montaña, con grupos de la delincuencia organizada.
Nada más alejado de la realidad, los comentarios que hizo el presidente en su conferencia mañanera del pasado viernes 31 de enero, de que la CRAC-PF haya realizado una “demostración de fantochería, de prepotencia… (de que) esos desplantes de prepotencia no sirven, no significan nada, hacen ruido… vergüenza les debería de dar hacer eso, no se les va a aplaudir por eso”. Es claro que esta postura presidencial se focaliza contra las organizaciones criminales que se han fortalecido en los últimos años, debido a la complicidad que prolifera entre lo cuerpos de seguridad del estado, algunos miembros del ejército mexicano y de la marina, así como algunas autoridades estatales y municipales. El señalamiento está hecho sin ningún matiz, se va con todo contra las autoridades de la CRAC-PF, haciendo tabla rasa del prestigio que tiene esta institución indígena en Guerrero.
Preocupa que al presidente no le compartan información veraz sobre el trabajo que realizan los grupos de la Policía Comunitaria, que se rigen por un reglamento interno y que tienen como base de su funcionamiento la asamblea comunitaria.
Deducimos que los altos funcionarios del gabinete de seguridad federal no cuentan con datos fidedignos ni una radiografía clara de lo que está sucediendo en las diferentes regiones del país, y en el caso concreto, de la Montaña baja de Guerrero. Lo mismo sucede con las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, donde supuestamente se analizan los diferentes escenarios delictivos que se gestan en las siete regiones del estado. Es lamentable que no se tenga el pulso de lo que sucede en municipios donde hay alta incidencia delictiva y donde se ubican varias organizaciones criminales que han tomado el control territorial. También entendemos que hay un seguimiento puntual de los hechos de violencia y de las denuncias que se interponen que dan la pauta para tener un mapa delictivo y en consecuencia tomar acciones de contención y prevención del delito.
El mismo presidente de la república ha expresado que no todos los gobernadores están atendiendo de manera prioritaria el problema de la violencia e inseguridad, porque muchos de ellos no participan en estas Mesas de Coordinación. No sabemos si en realidad hay deficiencias en el conocimiento del contexto y en la información que se procesa o más bien, existen aún intereses macrodelincuenciales que obstaculizan las investigaciones y que mantienen intocado el pacto de impunidad.
El peso de la palabra presidencial cobra dimensiones inusitadas por la representación que ostenta como líder de la nación. Sus opiniones tienen fuerza, al grado que impactan directamente en las personas aludidas La calificación que da a determinados hechos que suceden en el país tienen una gran carga de veracidad, por lo mismo, lo que llega a decir el presidente en las conferencias mañaneras, un gran sector de la población lo toma como datos irrefutables. El poder que ostenta el presidente no solo es simbólico sino real, por ende, todo lo que dice se transforma en noticia que afecta para bien o para mal a las personas u organizaciones que son motivo de sus comentarios.
Por lo mismo, el señalamiento que hizo de la CRAC-PF, no ayuda a clarificar el ambiente de criminalidad, que se da en la región de Chilapa y confunde a los actores que están en esta disputa por el control territorial. Se pone en el mismo nivel a los grupos de la delincuencia organizada que pululan en la región y a las comunidades indígenas que se encuentran adheridas al sistema de seguridad y justicia comunitarias. Es importante resaltar que los pueblos originarios del estado de Guerrero tienen una cosmovisión que los hace diferentes del resto de la población nacional. Tienen su propia forma de organización social, política y cultural. Como sujetos de derechos, los pueblos y las comunidades deben ser respetados en una sociedad multicultural, pluralista y democrática.
Desde antes de la conformación del Estado Nacional, los pueblos indígenas ya contaban con un sistema de justicia propio, que hoy pervive en las comunidades como sistemas normativos internos, que comprenden instituciones, procedimientos, principios y lineamientos, para garantizar la seguridad y justicia comunitaria. La defensa de estos sistemas hoy es reconocida como un derecho de los pueblos y comunidades, en instrumentos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En esta línea de reivindicación de sus derechos, los pueblos indígenas de América -y de manera relevante de México- libraron significativas batallas para afirmarse, reconstituirse y revertir el hostigamiento contra sus sistemas normativos internos.
No se deben pasar por alto las discusiones que se han dado en los Organismos y Foros Internacionales como la OIT, el Foro Permanente, el Mecanismo de Expertos sobre Pueblos indígenas que depende del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con diferentes matices, en el plano internacional se ha establecido el derecho de los pueblos indígenas a conservar y mantener sus propios sistemas normativos. Hay quien considera que estos esfuerzos, en el caso de México, cristalizaron en la Reforma Constitucional al artículo 2 de la Constitución Política de México del año 2001, que como se sabe no fue suficiente para reconocer a cabalidad los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin embargo, es preciso subrayar que, desde antes de esa contrarreforma, con el influjo digno del alzamiento zapatista de 1994, los pueblos indígenas empezaron a fortalecer sus propias formas de organización social y política: se conformaron los Caracoles en Chiapas; surgieron jueces indígenas en otros estados; y, en Guerrero se conformó en 1995 la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC).
En el estado la CRAC – PC es un ente colectivo de los pueblos originarios, cuyo proceso de surgimiento, desarrollo y consolidación se ha transformado en un sistema de justicia efectivo y exitoso. Las mismas estadísticas lo han demostrado al reducir los niveles de criminalidad en el territorio comunitario de la Montaña y Costa Chica. Los caminos y pueblos donde impera el sistema de justicia de la CRAC hoy en día son seguros; allí se puede caminar y dormir tranquilamente, aun cuando el funcionamiento de la Policía Comunitaria ha sido objeto de persecución y denostación permanente por parte de las autoridades. Por esta razón, ha sido inspiración de otros proyectos de seguridad y justicia en nuestro estado y otras entidades. La CRAC tiene veinticinco años funcionando. Cuenta con un reglamento que ha condensado los sistemas normativos de los pueblos indígenas que se encuentran en el territorio comunitario, sin asfixiar el dinamismo propio del derecho consuetudinario que por su propia naturaleza es oral y casuístico. Este reglamento es el marco de actuación de la Policía Comunitaria y sus Coordinadores. La CRAC imparte justicia mediante un proceso eminentemente oral, inmediato, sencillo, expedito, basado en la cosmovisión indígena y la retribución comunitaria. Se rige bajo los principios de imparcialidad e independencia, respetuoso de los derechos humanos universalmente reconocidos. La actuación de policías y coordinadores se somete permanentemente a un exigente mecanismo de rendición de cuentas y control: la Asamblea comunitaria a la cual las autoridades de la CRAC se deben.
Hoy en día la CRAC, con sus casas de justicia en San Luis Acatlán, Ziltlaltepec, Espino Blanco, Las Juntas y El Paraíso, es un actor fundamental del movimiento social guerrerense y un ejemplo a nivel nacional de la reconstitución de los sistemas normativos de los pueblos indígenas. En medio de la crisis de violencia que azota al país, la CRAC brilla como una alternativa de justicia y seguridad con arraigo comunitario. La CRAC-PF no es una organización delincuencial, tampoco es una institución creada por los pueblos indígenas para la fantochería y la prepotencia. Es importante decir que el surgimiento de la CRAC-PF en la región de Chilapa se da en el marco de agresiones sistemáticas por comunidades vecinas, debido a conflictos agrarios añejos y a la incursión de grupos de la delincuencia organizada en esta región, que cuentan con la complicidad de autoridades municipales y estatales. Este asedio creciente y brutal contra las comunidades que se han aglutinado en torno al sistema de la CRAC-PF, por parte del grupo de la delincuencia organizada, ha obligado a que 16 comunidades nahuas tomen el acuerdo de implementar medidas de seguridad, redoblando la vigilancia en las entradas a sus poblaciones y estableciendo una guardia permanente que proteja a las familias cuando se desplazan para realizar sus trabajos en el campo.
Fue en el marco de estas asambleas donde los principales, las madres y los padres de familia de Ayahualtempa y Alcozacán decidieron incorporar a 19 niños, en las filas de la Policía Comunitaria como una medida extrema, para hacer frente a la violencia criminal. Esta lucha es la que honra a sus antepasados para defender su territorio y su vida, y por lo mismo por ningún motivo “les da vergüenza”.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
MEXICO: Los niños armados en Guerrero y la incapacidad del Estado mexicano para garantizarles su seguridad
Mario Carbonell / Frnce 24
El mundo vio con horror cómo una policía comunitaria en Guerrero, México, adiestraba a un grupo de niños y adolescentes en el uso de armas para "luchar contra el crimen". Varios de ellos, huérfanos tras un ataque armado de un grupo criminal y ante el miedo de robos o secuestros, dicen sentirse más seguros empuñando un arma que un cuaderno. ¿Por qué se llegó a este extremo? Apenas logra sostener el arma encima de su hombro. Mientras otros niños de su edad no quitan el dedo del control de la consola de videojuegos, este pequeño fija su índice en el gatillo del rifle que carga con dificultad.
La comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la montaña del estado sureño de Guerrero, fue escenario de imágenes como esta, que dieron la vuelta al mundo en la última semana de enero. 19 niños de entre seis y 15 años fueron mostrados en público portando armas y con el rostro cubierto por paliacates. Son, algunos de ellos, hijos de los 10 músicos asesinados en la vecina población de Alcozacán, municipio de Chilapa, a manos del grupo criminal denominado 'Los Ardillos', el pasado 18 de enero. Esta zona es, desde hace años, azotada por la violencia de las organizaciones que se disputan el control del trasiego de droga en la región, 'Los Ardillos' y 'Los Rojos'.
La matanza de aquellos músicos obligó, de acuerdo con los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a adiestrar a los menores y dotarlos de armamento para que pudieran, dicen ellos, defenderse de un eventual ataque de grupos armados, pues el Gobierno, tanto el local, como el estatal y el federal, no ha podido garantizarles su seguridad. Las imágenes provocaron una cascada de reacciones de distintos sectores, la mayoría de inquietud y rechazo, desde la Organización de las Naciones Unidas y defensores de derechos humanos, hasta del Gobierno estatal y federal.
López Obrador rechaza las imágenes y la policía comunitaria reclama la inacción del Estado
En una primera reacción, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los grupos criminales, a falta de sicarios y por desesperación, estaban reclutando a los niños y jóvenes. Tres días después calificó, en su conferencia de prensa del 31 de enero, como "una vergüenza" lo ocurrido con los niños, en la zona con presencia de la CRAC. "Eso de formar niños con armas y tomar un video es un acto prepotente, no tiene nada que ver con la bondad ni siquiera con el poder, porque el poder es humildad. Esas actitudes, esos desplantes de prepotencia no sirven, no se consigue nada. Hacen ruido en las redes sociales, vergüenza les debería de dar hacer eso, no se les va aplaudir por eso", mencionó.
Al respecto, Bernardino Sánchez, dirigente de la CRAC-PF (Pueblos Fundadores), responde: "Yo le preguntaría al presidente qué es más vergonzoso; preparar a los niños para que se defiendan o soltar a sicarios, como pasó el 8 de enero, que (elementos policiacos) agarraron a un sicario y lo soltaron, gente preparada que tiene un sueldo fijo. Para nosotros es más vergonzoso que los del Gobierno, que tienen el poder de preparar a la Guardia Nacional, están soltando delincuentes".
En entrevista con France 24, el dirigente de la policía comunitaria acusa que en Ayahualtempa hay 40 niños de secundaria y 20 de preparatoria que no pueden asistir a clases. "El Gobierno dice que los niños deberían estar en la escuela, pero cómo si no hay maestros. Dijo el gobierno que van a mandar maestros, pero no han llegado, los jóvenes ya están listos". De acuerdo con Bernardino Sánchez, los profesores no quieren desplazarse a las escuelas porque tienen temor de atravesar veredas controladas por los criminales.
Redim: no es justificable "que los niños sean involucrados en hechos de violencia"
Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), reconoce que esta realidad no se puede disociar del "contexto de guerra en el que estamos desde hace 13 años, en el que la estrategia de seguridad ha fracasado y ha generalizado la violencia armada en el país, un país donde hay 13 millones de armas circulando".
En entrevista, Pérez agrega que la población en distintos puntos de México, no solo donde operan las policías comunitarias, está recurriendo a tomar las armas para defenderse ante la incapacidad del Estado de brindar seguridad y la altísima corrupción de los cuerpos policiacos oficiales. No obstante, el especialista advierte que "este contexto no es de ninguna manera justificación para que los niños sean involucrados en hechos de violencia" y señala que es obligación del Estado intervenir de forma articulada. Pérez resalta que han invitado, por canales directos y públicos, a los dirigentes de la CRAC a que desistan de estas prácticas que, reconoce, buscan sobre todo llamar la atención, pero constituyen delitos, como corrupción de menores. Ello sin menoscabar el daño que se hace a los niños por meterlos en una lógica de violencia armada, lo cual incluso representa un crimen de lesa humanidad. La Redim Advierte que la masacre de los músicos es la tercera matanza en un año en esa zona, por lo que existe el riesgo de que los niños adquieran un sentido de venganza. A estos menores, dice, hay que atenderlos "con todos los programas sociales disponibles y ayudarlos a reelaborar estos hechos de violencia cruda que han vivido".
Mientras los legisladores y los funcionarios de los tres niveles de Gobierno actúan de manera coordinada, en la montaña de Guerrero los dirigentes de las policías comunitarias sostienen que prefieren mantener a los niños "entretenidos" con el adiestramiento (que no quiere decir que se incorporen a las filas de la CRAC), antes que verlos enrolándose en las drogas y "anden en grupitos fumando marihuana". Cuando lleguen los maestros, los niños volverán al salón de clases, reitera Bernardino Sánchez.
Los profesores aún no llegan, pero eso sí, 11 días después del asesinato de los 10 músicos indígenas, autoridades de los tres niveles de gobierno instalaron una Mesa Regional de Seguridad, en la que se aseguró que efectivos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, mantendrán operativos en la zona. Una escena que se repite cada que repunta la criminalidad en esta zona con miles de asesinatos y otras tantas desapariciones… desde hace más de una década.
GUERRERO: Algo no cuadra. Claudio Lomnitz
La Jornada
Algo no cuadra. Es el comentario de un campesino llamado Jaime, citado por el reportero Arturo de Dios Palma en un reportaje sobre el despoblamiento de las rancherías de la Montaña, en Guerrero, debido a la caída de precios de la goma de opio. El fentanilo le ha dado al traste a la economía de los pequeños cultivadores de amapola en la región, y en cuestión de tres años, el poblado de Jaime se redujo de 130 a 30 familias. Desde 2017 se les cayó el mercado de la amapola, y en 2019, como puntilla, el gobierno se atrasó tres meses en la entrega de los fertilizantes gratuitos que prometió, que son necesarios por lo degradado de la tierra en la región. El resultado fue que esos pobres campesinos tampoco alcanzaron la cosecha maicera, y la mayoría del poblado ha tenido que migrar. Los que se quedaron pasan hambres. Según el reportaje, publicado en El Universal, había hasta muy recientemente mil 281 rancherías de la sierra guerrerense que dependían de cosechar amapola, habitadas por unas 50 mil personas. Si la ranchería descrita por el reportero fuese típica de esos mil y tantos ranchos, significaría que en estos últimos dos años habrían emigrado tres cuartas partes de estas 50 mil personas, la mayoría en condiciones de gran precariedad.
Las rancherías amapoleras suelen estar bastante aisladas –la incomunicación ha sido siempre un recurso importante para el cultivo, por su ilegalidad– pero ese aislamiento empeora ahora la circunstancia de los pobladores que opten por quedarse ahí: no hay trabajo, llegan muy pocos productos de consumo y el transporte para entrar y salir de las comunidades es caro y debe ser pagado en efectivo. Si sumamos la crisis de producción agrícola de este año, porque los fertilizantes subsidiados llegaron a los pueblos demasiado tarde, tenemos una situación realmente grave. Pero esa tragedia –porque es una tragedia– no es a lo que se refería la población local cuando decía al reportero Arturo de Dios Palma que algo no cuadra. Lo que no terminaban de entender, era otra cosa. Resulta que la región amapolera estuvo relativamente tranquila durante los últimos 10 años, cuando la violencia devoraba otras regiones de Guerrero, pero ahora que esas comunidades se están despoblando, que ya no cultivan más la amapola, la región pasan por su momento más violento. Eso no les cuadra. Antes, con la amapola, estaba todo un poco más tranquilo (relativo a estándares guerrerenses, claro) y ahora, en cambio, hay una plaga de asesinatos, desapariciones y plagios. ¿Cómo explicar esto? ¿Qué sucede ahí?
El reportaje, y los pobladores de la Montaña, nos dejan esa pregunta. ¿Cómo explicar que la violencia aumente justo cuando una zona se empieza a despoblar? ¿O cuándo la zona deja de ser útil para la producción de un enervante prohibido?
Contra lo que piensa el gobierno, no se puede contestar nada de esto sin investigación de campo. La realidad no se puede deducir desde el escritorio del señor Alfonso Durazo. Aun así, la situación sí da para dos consideraciones preliminares, y algunas conjeturas que tendrían que ser exploradas para generar una política de seguridad, actualmente inexistente.
Primero, el aumento de asesinatos y secuestros en estos poblados no puede ser explicado a partir de la idea de que la violencia siempre mana de la lucha por el control de las plazas. Sin amapola y sin mercado de consumo interno, ¿cuál sería la plaza que se estarían peleando? Tampoco se puede explicar la violencia a partir de otra idea muy socorrida: que la violencia es un mecanismo para controlar las rutas de trasiego. Los poblados de la montaña no están en la ruta a ninguna parte, sino a la montaña misma. Por otra parte, ¿cómo explicar la falta de violencia cuando sí estaban sembrando amapola? Cuando los poblados eran plaza había poca violencia; ahora que ya no lo son, hay mucha violencia. En otras palabras, la situación descrita en el reportaje sugiere un momento de paz (relativo), cuando los poblados de una región producían amapola y la vendían a un precio que garantizaba su subsistencia, y otro momento, de colapso agrícola, marcado por asesinatos y plagios. O sea, la violencia aumentó cuando la economía cambió.
CHIAPAS: EZLN inaugura dos nuevos “caracoles” o centros de autogobierno
Diario de Chiapas
En la zona selva de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) inauguró con una celebración a donde asistieron sus dirigentes, entre ellos el subcomandante insurgente Galeano -antes Marcos-, dos de los siete nuevos “caracoles” y sus estructuras de gobierno regional que creó en meses recientes, con los que manifiesta el crecimiento de su presencia en la región indígena de Chiapas. Los centros de gobierno inaugurados son Caracol 8 “La luz que resplandece al mundo”, en la comunidad Dolores Hidalgo; y el Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, en la comunidad Patria Nueva, ambos en el municipio de Ocosingo. Se trata de lugares donde tienen escuelas, auditorios, explanadas para lugares de reuniones masivas, y oficinas donde despachan sus autoridades autónomas. Apenas en agosto de 2019, el EZLN dio a conocer que los nuevos Caracoles, o Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista (Crarez), tienen en sus estructuras Juntas de Buen Gobierno, que son instituciones de autogobierno paralelas a las que tienen las autoridades estatales y federales. En la inauguración que se dio el fin de semana, hubo un despliegue de sus fuerzas militares -conocidas como milicianas- que conforman miles de hombres y mujeres que tienen una estructura y formación militar. Marcharon e hicieron representaciones.
Este despliegue fue presenciado por integrantes del Comité Clandestino y la Comandancia General del EZLN, que conforman representantes indígenas de varias regiones de Chiapas, y entre ellos destaca por haber sido vocero del grupo insurgente y operador político-militar del mismo, el Subcomandante Insurgente Galeano, antes conocido como Marcos.
Durante dos días, los zapatistas celebraron con el despliegue de sus fuerzas en el interior del Caracol, y también con actividades culturales y deportivas. De acuerdo con los asistentes, en el discurso de inauguración los dirigentes del EZLN señalaron: “Hoy nos tocó ser testigos de este acontecimiento. En otros lugares también algunos fueron testigos de otro acontecimiento igual como este. En otros lugares también se hará la apertura de otros nuevos caracoles; y así demostrar que cada vez, que cada día, aquí estamos, que existimos como Ejército Zapatista”. “Como bases del EZLN, estamos trabajando en la autonomía, y esto es la creación de caracoles como acontecerá en otros lugares y no solamente aquí. Todos los pueblos zapatistas estamos de fiesta, estamos contentos, estamos festejando este nacimiento. Aquí serán las oficinas donde los compañeros estarán trabajando durante los próximos tres años”, dijeron en relación al proceso que han conformado desde que en enero de 1994, anunciaron su creación. Hasta hace pocos meses, el EZLN tenía cinco Caracoles – Oventic, La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios y Morelia– que se crearon en sus primeros 15 años de trabajo político y organizativo. Ahora tienen 12, en regiones indígenas de Chiapas.
CHIAPAS: Lista, caravana del EZLN hacia México
Janet Hernández Cruz /
San Cristóbal. El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), anunció que está todo listo para que la caravana se traslade a la Ciudad de México y participen en la megamarcha en contra de los megaproyectos, en defensa del territorio y de la madre tierra. Por ello, el subcomandante Galeano convocó a los pueblos indígenas, al público en general y a diferentes organizaciones, a unirse a la caravana para participar a la megamarcha programada el 22 de febrero de 2020.
El jefe guerrillero informó que la salida de los caracoles, iniciará a partir de la 8:00 de la mañana del día 15 de febrero en los municipios de Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, San Andrés Larráinzar, y en otros municipios donde hay simpatizantes del EZLN. Así también pidió al público en general su apoyo y respeto a la caravana, su comprensión debido a que en el paso por los diferentes lugares causarán tráfico vehicular en las carreteras, y por cualquier inconveniencia que pudieran ocurrir.
CHIAPAS Inicia encuentro jóvenes líderes comunitarios egresados del Programa de Liderazgo Indígena PLJI
Diario de Chiapas
San Cristóbal de Las Casas. El rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), Jorge Luis Zuart, dio la bienvenida a jóvenes líderes de la 8ª Generación del Programa Jóvenes Liderazgo para Jóvenes Indígenas 2018 que se realiza en coordinación con esta casa de estudios el cual este año lleva el lema “Por amor a la tierra, nuestros padres y nuestros hermanos”. Durante su intervención agradeció la presencia de egresados y alumnos del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande del estado de Oaxaca; Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo; Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa en Chiapas, además de egresados de la sede Yajalón de la UNICH, sobre todo por los temas a abordarse. Reveló que en el encuentro que durara tres días, se abordarán temas como “Derechos de los Pueblos Indígenas, Uso de Plantas medicinales, Acciones Colectivas, Lenguas Originarias, Medio Ambiente y Biodiversidad, Metodología de Enseñanza en Lenguas, Señaléticas en Lengua Maya, Patrimonio Gastronómico”. “Resaltó que vayan a tomar el tema lenguas” pues la UNICH cuenta con laboratorios donde actualmente se trabaja para hacerlos más interactivos, y se aprovechen en los tiempos libres, espacio que les permitirá que aprendan nuevas lenguas. Adelantó que esta casa de estudios, contará con una farmacia de medicina tradicional, además de la farmacia con medicamentos alópatas.
“Les pediría a los ingenieros que vienen de Quintana Roo, que estamos muy interesados en establecer un convenio porque han de saber que la Universidad de Quintana Roo tiene unas instalaciones de primer mundo para estudiar la producción de miel, y queremos aprovechar esa infraestructura que ellos tiene, este año les acaban de autorizar la adquisición de equipos, necesitamos vincularnos con la intercultural”, anunció.
QUINTANA ROO: Dignatarios mayas exigen a los diputados locales más apoyos para sus comunidades
RUBÉN TORRES / Luces Del Siglo
Chetumal. Escuchar no empobrece. Dignatarios mayas liderados por el general José Ismael Sulub Cimá, demandaron ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura que se les respalde para contar con mejores condiciones de vida y acceso a mayores apoyos que los dignifiquen. La reunión la encabezó la diputada Reyna Durán Ovando, presidenta de la Jugocopo y el legislador Pedro Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena, acompañados de los legisladores Hernán Villatoro Barrios y Roberto Erales Jiménez, así como 50 dignatarios mayas.
Durante la reunión los legisladores informaron a los dignatarios que pretenden encontrar soluciones a los problemas que enfrentan las comunidades de la zona maya de Quintana Roo; en tanto que los dignatarios mayas se pronunciaron por mejores condiciones de vida y acceso a mayores apoyos que dignifiquen a las comunidades indígenas, sin distinción alguna.
Durán Ovando manifestó que el compromiso de las diputadas y diputados de la XVI Legislatura es escuchar todas las voces para juntos encontrar soluciones y atender la problemática de las comunidades indígenas.
Por lo tanto, se adelantó que se buscará una reunión con el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, para exponer la situación actual de los dignatarios mayas y lograr encontrar una solución que beneficie a las comunidades indígenas de la entidad. En tanto, el diputado Pedro Pérez Díaz aseguró que como legisladores están obligados a escuchar y atender a todos los ciudadanos quintanarroenses, para dar solución a sus diferentes problemáticas.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena estimó que, ante todo, debe prevalecer la unidad de las comunidades mayas y deben ser estas las que, en estricto apego a su autonomía, usos y costumbres, encuentren una solución a sus diferencias. Por último, el legislador Hernán Villatoro Barrios, integrante de la Comisión de Desarrollo Indígena reconoció la apertura de la actual Legislatura para escuchar todas las opiniones y propuestas, pues eso permitirá encontrar una solución legal, pacífica y justa para todas las partes.
MEXICO: Protesta social y criminalización. Magdalena Gómez
La Jornada
En estos tiempos en que se declara como hecho la llamada Cuarta Transformación, vale la pena reflexionar sobre las implicaciones de la detención en Puebla, como virtual preso político, del líder comunitario Miguel López Vega, concejal del Congreso Nacional Indigena (CNI) e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, opositor al gasoducto y la termoeléctrica en Huexca. Asimismo, es periodista comunitario de Radio Zacatepec y está incorporado al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación (SG). Su participación más reciente está ligada a la protesta de la comunidad de Santa María Zacatepec, una de las tres juntas auxiliares del municipio de Juan C. Bonilla contra la decisión del Comité Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) de entubar las aguas industriales del Parque Ciudad Textil Huejotzingo, que desembocarán en el río Metlapanapa. Ha sido firme la postura comunitaria en defensa del río, y sólidas las razones para impedir su contaminación. Precisamente el pasado 24 de enero Miguel López Vega entregó al gobierno de Puebla la minuta de acuerdos de la asamblea comunitaria efectuada una semana antes, en que destituyeron por usos y costumbres al presidente de la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, y el pueblo eligió a un nuevo representante para continuar con la defensa del río. Fue detenido al salir de la oficina de gobierno y trasladado a la Casa de Justicia en Tlaxcalancingo, Puebla, y al día siguiente, recluido en el penal de San Miguel, acusado de obstrucción de obra pública, daños a las vías de comunicación y uso de explosivos, sin que se presentaran pruebas, salvo las declaraciones de dos trabajadores del Ceaspue. De entrada, se observa que es arbitrario el uso de figuras penales para individualizar procesos penales en el caso de conflictos y movilizaciones producto de decisiones comunitarias. Particularmente grave es la acusación sin pruebas del uso de explosivos. Estos tipos penales resultan incompatibles con el conjunto de derechos humanos y en especial con los relativos a pueblos indígenas, se prestan a la discrecionalidad de los intereses políticos y económicos en juego.
En cuanto se supo de la detención, organizaciones campesinas y sociales, comerciantes y pobladores de Santa María Zacatepec, bloquearon la carretera federal México-Puebla para exigir la liberación, lo cual fue retirado, previa asamblea comunitaria, para asistir a una mesa de diálogo con el gobierno del estado, que se deslindó de la criminalización, lo cual por lo menos habla de la necesidad de investigar a la Ceaspue y al personal de la fiscalía del estado.
Fue clave la reacción inmediata del CNI y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo México (Amarc Mx) y organizaciones de la entidad, así como la organización internacional Artículo 19. Por su parte el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero anunció la creación de una misión de observación internacional integrada por Front Line Defenders; Servicios y Asesoría para la Paz, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.
Ante lo insostenible de las acusaciones y sobre todo la exigencia política, el 29 de enero fue liberado Miguel López Vega, pero aún no concluye el proceso; está obligado a firmar cada 15 días en el penal de San Miguel, en la capital de Puebla. La jueza fijó como límite el 29 de marzo para que se aporten pruebas y concluya el proceso penal por ataques a las vías de comunicación. La calidad jurídica de su defensa está garantizada, pues su abogado, Juan Carlos Flores Solís, también fue preso político en el gobierno anterior, por la participación como parte de la oposición al gasoducto del Plan Integral Morelos y ha promovido y ganado amparos en ese caso. Informó que la Ceaspue no presentó licencias de construcción de la obra, manifestación de impacto ambiental o permiso de la Comisión Nacional del Agua para las descargas al afluente. Además de anomalías en las declaraciones acusatorias de trabajadores de la Ceaspue, por lo cual la juez determinó desecharlas. En este contexto el proyecto de descarga de aguas industriales en el río Metlapanapa fue clausurado por el ayuntamiento de Juan Bonilla, con intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en lógica de control de daños, sin que se trate de una cancelación definitiva, pues se habla de realizar estudios de impacto ambiental, lo cual abre el margen para su manipulación. Sin embargo, quedó evidente que la comunidad de Santa María Zacatepec está unida y organizada y cuenta con un amplio respaldo social y político. Fue muy significativa la presencia de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, con integrantes del CIG en el momento de la liberación del líder comunitario. La fuerza de los símbolos.
MICHOACAN: Opera sin ton ni son Comisión para Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Rebeca Hernández Marín / Quadratín
Morelia. Un total de 11 recomendaciones de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI), muestran que la institución opera sin ton ni son, no aplica correctamente los recursos y está lejos de cumplir sus objetivos. En el informe de resultados de la ASM de la fiscalización 2018 se indica que las 11 recomendaciones fueron aceptadas y se pactó un plazo de seis meses para que los administradores de esa institución proporciones la información sobre las obras y acciones emprendidas durante 2018 o justifique por qué no puede hacerlo. Del análisis a la información proporcionada por CEDPI, sobre la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se detectó que no hace una referencia cuantitativa, lo que no permite una verificación empírica. El esquema no señala la alineación al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, sus programas y subprogramas, el eje del programa público, los objetivos tanto sectorial, institucional, especial o regional con los cuales se vincula.
Los indicadores, que son la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas y cualitativas, debieron proporcionar un medio sencillo y fiable para medir logros; sin embargo, los objetivos estratégicos son insuficientes toda vez que no se logra saber en qué porcentaje disminuyó la pobreza de la población indígena.
En relación al cumplimiento del Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública, se detectó que no se concluyeron los trámites correspondientes para la publicación de los manuales de organización, procedimientos, perfiles y puestos ni se encontró evidencia que sustente la elaboración de la administración de riesgo; de la auto evaluación del estado que guardó el Sistema de Control Interno Institucional en el ejercicio 2018.
Tampoco se encontró evidencia de la evaluación al Informe Anual del estado que guardó el Control Interno Institucional, que debió ser elaborado por el Órgano Interno de Control ni de los mecanismos que implementó la CEDPI, para garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa.
Con la finalidad de verificar que la información contenida en los documentos de Rendición de Cuentas permitiera conocer y evaluar el cumplimiento del objetivo del Programa Presupuestario 28 “Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas” de “Contribuir en la reducción de la condición de pobreza y marginación que viven los pueblos indígenas fortaleciendo sus instituciones, salvaguardando su cultura y territorios a partir de su propia visión”, se conoció lo siguiente: No es posible encontrar una relación entre ellos; la información es insuficiente para determinar el cumplimiento del objetivo del programa; carece de información respecto de la resolución del problema que originó su intervención, establecida por la CEDPI en el ejercicio 2018, como: “La población indígena del estado presenta un alto índice de carencias e inversiones públicas insuficientes para atenderlas”. Tampoco existe una relación entre el presupuesto ejercido con las acciones ejecutadas, lo que limita la transparencia y la toma de decisiones.
Se detectó que la CEDPI debió realizar periódicamente un diagnóstico de la situación de los Derechos Humanos de la Población Indígena en el Estado, pero no se encontró ningún tipo de documento de diagnóstico. La Comisión debió proponer y coadyuvar en el Sistema de Educación Indígena Estatal, en la formulación de los planes y programas, para apoyar la educación propia de las comunidades y sus pueblos; sin embargo, no se encontró evidencia documental del ejercicio de dicha atribución. También debió contribuir en la generación de condiciones para facilitar a los Pueblos Indígenas la instalación, administración, operación y control de sus propios medios de comunicación para revalorar, fortalecer y desarrollar su cultura, lo cual no se hizo.
Debió coordinar sus acciones y programas con la Federación, el Estado y los municipios para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, promover convenios de colaboración y participación con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, además de establecer y mantener una coordinación permanente con organismos públicos y privados de las regiones indígenas; sin embargo, sólo proporcionó a la ASM el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, lo cual se consideró insuficiente.
No se realizaron la tercera y cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Del presupuesto asignado a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se destinará la cantidad de cinco millones de pesos para el impulso al Desarrollo Productivo y Cultural de los Pueblos Indígenas, pero de 33 apoyos aprobados, 21 no cuentan con expediente técnico, o bien, los requisitos a los que debieron sujetarse; solo se otorgó el apoyo a seis, por la cantidad de 651 mil 675 pesos y de éstos dos no cuentan con expediente, el del Día Internacional de la Lengua Materna y el de la celebración de las Ánimas.
El subsidio clasificado como “Apoyo a la Política Social”, se estableció una meta financiera de 300 mil pesos; sin embargo, conforme a la información proporcionada se ejerció la cantidad de 450 mil 299 pesos; superando su presupuesto por 150 mil 299 pesos; de los seis apoyos otorgados, el expediente proporcionado, solo uno presenta el documento comprobatorio de la recepción por parte de los beneficiarios. De los apoyos igual o superior a 30 mil pesos, la CEDPI a través de su personal, debió supervisar en campo y presentar un informe con el visto bueno de la autoridad de la comunidad; sin embargo, no se obtuvo evidencia a pesar de que si se otorgó el apoyo en tres ocasiones; de los apoyos menores a 30 mil pesos, la CEDPI debió presentar un informe del área de seguimiento, de los cuales no se obtuvo evidencia de los tres subsidios otorgados.
En relación al Programa de Infraestructura Indígena 2018, de 17 obras ejecutadas solo se proporcionaron 15 actas de entrega-recepción entre los contratistas y la dependencia ejecutora de la obra, quedando pendientes dos actas; presentó seis actas de entrega-recepción por parte de la dependencia ejecutora a los Comités de Contraloría Social y Jefes de Tenencia de las comunidades que fueron beneficiadas, quedando pendientes 11 de ellas.
