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Para el Equipo de Derechos Colectivos es urgente que las instituciones públicas competentes prioricen a los sectores campesinos ante la emergencia sanitaria que se vive en el País, gravemente afectados en los quehaceres de subsistencia ante la imposibilidad de distribuir debidamente y vender sus producciones, así como en materia de prevención en salud y conectividad.

De la misma forma, indicaron que adquirir alimentos directamente a los productores campesinos, junto con contribuir a las economías de miles de familias es también asegurar el abastecimiento de la población, siendo indispensable la coordinación de organismos como indap, Conadi, municipalidades, desarrollo Social y Junaeb.

 

Se comparte la siguiente declaración:

1.- El Equipo de derechos Colectivos solicita a los organismos públicos competentes, en particular a los responsables de Pagos de Pensiones (subsecretaría de Previsión Social – Instituto de Previsión Social - en coordinación con municipalidades), considerando las dificultades de transporte en los sectores más distantes y con falta de conectividad a internet para conseguir permisos pertinentes en comunas del sur con cuarentena y restricciones sanitarias, activando debidamente los canales informativos, para facilitar los accesos de pagos a las mismas zonas rurales ya que existen numerosos sectores que aún no tienen dicha posibilidad y evitar así que personas adultas mayores y población en general, se expongan innecesariamente en las ciudades. Situación similar es la que se vive con pagos comerciales ante la inflexibilidad de ciertas empresas.

2.- Replicamos asimismo el llamado de representaciones de comunidades y organizaciones campesinas, de dotar a los centros comunitarios de salud familiar y postas de salud rural, de mayores dotaciones y condiciones para la atención, contribuyendo así a un mejor acceso a la salud de la población rural y a su vez, a la descongestión de los centros neurálgicos hospitalarios en las ciudades.

3.- Llamamos a los organismos de salud como también a quienes trabajan directamente con la vida rural, para que se establezcan protocolos especiales sanitarios a los trabajadores y trabajadoras del campo, para prevenir la propagación del covid 19, considerando que amplios sectores rurales, de comunidades rurales de diversos pueblos originarios en todo el país y sectores campesinos chilenos, viven condiciones de vulnerabilidad y falta de acceso a coberturas oportunas de salud pública.

4.- Asimismo, considerando que las miles de familias en los campos en todo el país que viven el día a día con ventas a los sectores urbanos, en vez de que se sigan exponiendo trasladando sus productos agrícolas a las ciudades, sean las instituciones públicas estatales que los adquieran, aseguren su traslado y lo vinculen a las cadenas de abastecimiento y distribución fiscal. Creemos que instituciones como Indap, Conadi y Desarrollo Social con municipalidades, que mantienen los registros de todos los sectores productivos en los sectores campesinos, asuman un rol activo y de solución en ese sentido, aportando a las economías locales, como también a prevenir de manera efectiva mayores contagios.

5.- En ese mismo sentido, solicitamos a JUNAEB y en particular a su director, Jaime Tohá Lavanderos, a que ratifique su cometido al no cumplir con la cuota mínima (15%) de adquisiciones de productores campesinos en las 1.517.734 canastas individuales de alimentación que se entregaron en el País en los diferentes establecimientos escolares, recordando la normativa interna de la institución. “Se establece una cuota mínima de las compras de materias primas o insumos alimenticios necesarios para la elaboración de las raciones, a pequeños productores locales y/o situados en zonas rezagadas del país”, la que a lo menos debe ser el 15 % de las compras totales, en todas las regiones del País este 2020, razón por la cuál se solicita que en la siguiente reposición del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se considere a lo menos un 50 % en la adquisicón de producción de familias campesinas y de comunidades indígenas, para que escolares accedan a alimentos más frescos, nutritivos y saludables, junto con contribuir a las economías de numerosas familias necesitadas. No sería correcto que un derecho tan básico se convierta en un negocio exclusivo de empresas agro industriales y de empresas concesionarias en la entrega de los alimentos, recordando que existía para este año 2020 un potencial de inversión de: $11.000.000.000 para compras de producción a pequeños campesinos y una cobertura de hasta más de un millón setecientos mil escolares beneficiados.

6.- Otro punto de especial preocupación y señalado desde la Mesa de Salud Mapuche del Territorio de Boyeco (Temuco), son las miles de familias rurales en diferentes regiones que por la escasez hídrica o contaminación de las aguas, no tienen producción agrícola y se encuentran desprovistas de alimentación básica, en especial hogares con adultos mayores, siendo urgente que se establezcan programas que posibiliten suministrar productos de primera necesidad a estas familias.

7.- Finalmente, recordamos que el Estado de Chile aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas, el 17 de diciembre del 2018, la Declaración ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, siendo indispensable que se asuma en las políticas públicas y se incorpore a la legislación interna del País, para que se establezca que La Soberanía Alimentaria es un derecho humano de los pueblos de definir sus propias políticas agrícolas, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas, razón por la cuál hacemos un llamado a los diversos sectores legislativos a atender debidamente estas directrices y que se avance en las normativas democráticas y de derechos humanos.

 

Equipo de derechos Colectivos