ONIC

6 de Diciembre de 2016

La organización criminal que ordenó su muerte, sigue funcionando.

El 9 de agosto del año 2012, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, falleció la niña indígena AMARANTA CURTIDOR PIÑACUE, de 8 años de edad, luego de que la criminal EPS FAMISANAR, ordenará NO prestarle los servicios de salud que requería, cuando estaba internada en la Clinica CAFAM de la Calle 51 en Bogotá.

En el año 2014 la Secretaría de Salud de Bogotá, encontró que la Clínica tenía contratado un pediatra con título falsificado, que no disponía de suficientes profesionales para cubrir la atención de los niños hospitalizados en horas de la noche y otra serie de graves irregularidades que le valieron a esa clínica, de la cual es propietaria la misma EPS FAMISANAR, la máxima multa impuesta por el Distrito.

La sanción debió hacerse pública como lo exige la norma, pero el Distrito se negó alegando “el derecho a la intimidad ¡¡DE LA CLÍNICA!!, en detrimento del derecho al acceso a la justicia que exigían sus padres y el interés superior de los niños.

En el año 2016 y luego de ser obligada por un juez y por los plantones y otras acciones de protesta de su padre, la Superintendencia Nacional de Salud sancionó a la EPS FAMISANAR, con la máxima multa posible, por haber NEGADO los servicios de salud de urgencia y de apoyos diagnósticos, negación que tuvo como consecuencia el fallecimiento de AMARANTA.

La EPS FAMISANAR, no satisfecha con haber arrebatado la vida a AMARANTA, volvió a negar servicios de salud a su hermana menor, quien se encontraba afiliada a esa EPS en la modalidad de régimen contributivo y PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, luego de que esta presentara síntomas de una enfermedad gástrica. Por fortuna esta vez sus padres estaban advertidos y pagaron servicios de apoyo diagnóstico en otras instituciones particulares, que permitieron intervenir quirúrgicamente a la niña de manera oportuna y ser salvada.

Es seguro que intentaron un segundo crimen como represalia por las denuncias y acciones de protesta que en exigencia de JUSTICIA hizo el padre de AMARANTA. Ese intento de homicidio de la hermana de AMARANTA no ha sido sancionado, ni administrativamente por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, como tampoco por la FISCALÍA, lo que permite que esa organización criminal siga funcionando y acabando con la vida de otros colombianos niños y adultos, que a diario son víctimas de la negación y oportuna atención en los servicios de salud.

Existiendo las pruebas obtenidas en las investigaciones administrativas de la Secretaría de Salud y la Superintendencia, el caso duerme en los anaqueles de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, luego de haber pasado por tres fiscales distintas. A la fecha los responsables, especialmente los cabecillas de la EPS FAMISANAR, siguen libres, enriquecidos y sin ningún freno para seguir martirizando a los colombianos con un sistema de salud diseñado para el enriquecimiento del poder financiero colombiano.

Que distinto cuando un joven humilde de la ciudad entrado en cólera en una acción cívica de protesta, rompió el vidrio de un bus de un operador privado en Bogotá ¡¡QUIÉN DIJO MIEDO!! en menos de 48 horas ya estaba detenido, con proceso judicial en marcha y en riesgo de pasar de 4 a 8 años en la cárcel por ese acto. No podemos esperar algo distinto, si los fiscales han sido amanuenses de los poderosos, el anterior de las EPS y este de los grupos financieros detrás del negocio de la muerte en que se convirtió el sistema de salud colombiano.

¡CASTIGO POR LA MUERTE SISTEMÁTICA DE COLOMBIANOS EN EL SISTEMA DE SALUD!