ONIC

- Centro de Pensamiento Java Liviana, Silvania – Cundinamarca 12 de julio de 2017.

La Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, en el marco de la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas, realizada del 10 al 12 de julio de 2017, en el Centro de Pensamiento Java Liviana, señala con preocupación el permanente incumplimiento de los acuerdos celebrados con el Gobierno Nacional, ratifica la solidaridad y respaldo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en los territorios ancestrales y rechaza toda acción violenta de las instituciones del Gobierno, en contra de los procesos de defensa de la vida y los derechos territoriales.

Frente a los utimos hechos victimizantes ocurridos a nivel nacional manifestamos:

Respaldo a los pueblos indígenas Senú y Embera Eyabida, en grave riesgo de exterminio físico y cultural, frente a la liquidación de la empresa de salud EPS Manexca, que ha garantizado durante veinte años el derecho fundamental a la salud a cerca de 210.000 usuarios indígenas. Como consecuencia de esta vulneración responsabilizamos al Gobierno Nacional por las 25 muertes documentadas a la fecha, y los más de cien casos de pacientes indígenas diagnosticados con enfermedades de alto costo que no han sido atendidos con un servicio de salud integral y diferencial.

Por ello, demandamos al Gobierno Nacional y en particular al Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, a que acate las órdenes judiciales proferidas por el Tribunal Administrativo de Córdoba; así como a garantizar una salida concertada que conlleve a la plena garantía de los derechos. Asimismo, instamos a la Procuraduría General de la Nación y demás entes de control, para que hagan efectivo acompañamiento y se emprendan las acciones correspondientes.

Por tanto, la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas de la ONIC, respaldan la decisión de los Pueblos Senú y Embera Eyabida, de mantener su presencia en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud en Bogotá, hasta no ver restaurado sus derechos fundamentales a la salud y a la vida. En caso de no obtener respuesta efectiva al agotar las vías de derecho, se declara la movilización y resistencia permanente en el territorio y en la capital de Colombia.

De igual manera, manifestamos nuestra indignación y preocupación frente a la persecusión y judicialización de los dirigentes de los pueblos indígenas del Chocó y Valle del Cauca; como es el caso de los compañeros Alfonso Queragama y Jesús Queragama dirigentes del pueblo Embera Katio de FEDEOREWA del Chocó, así como del compañero Miller Mejia, dirigente de la Asociacion ACIVA RP, detenido arbitrariamente en desarrollo del Paro de Buenaventura. A la fecha, no se han brindado las garantías al debido proceso y al acceso a la justicia, por lo cual se profundiza la estigmatización de la movilización indígena para la reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas y de la Madre Tierra.

A estos hechos se suma la existencia de minas antipersona en territorios indígenas, como lo ocurrido el día de ayer (11 de julio), al joven Sebastian Carpio de la Comunidad Jooin Durr en el Resguardo Embera Wounaan de Quiparadó- La Loma municipio de Riosucio Bajo Atrato. Lo cual atenta contra la integridad física y territorial de las comunidades en tiempos de Paz.

Por su parte, en el departamento del Cauca, rechazamos el incumplimiento de los acuerdos celebrados con el Gobierno Nacional en materia de derechos territoriales: evidencia de ello, es la vulneración a los derechos fundamentales de los Liberadores de la Madre Tierra, en el predio de Aguas Tibias - Resguardo de Kokonuco; Los Naranjos - vereda Zotira y las veredas El Cofre y Cofradía; en el municipio de Corinto en los predios de Guanábano y Garcia Arriba, entre otras fincas, y en el Cabildo Indígena de la Parcialidad San José de Julumito y en La Emperatriz – Caloto, dónde se han presentado hechos de tortura, detenciones arbitrarias, confinamiento, restricción a la libre circulación, abuso sexual, asesinatos selectivos, judicializaciones, así como asesinatos y heridos ocasionados por el uso excesivo de la fuerza pública y vulneración de los derechos colectivos a la Autonomia y Gobernabilidad de los Pueblos.

Frente a la continua espera de garantías de sus derechos, los Liberadores de la Madre Tierra se han visto abocados a emprender las vías de hecho necesarias para la defensa de los derechos territoriales. Con notoria ingerencia de diferentes actores, que van desde autoridades gubernamentales, sectores tradicionales de los partidos políticos, empresarios azucareros, hasta la incursión de actores armados ilegales como, el ELN, Águilas Negras, Fuerzas Gaitanistas, los Rastrojos y en su momento las FARC-EP.En el caso particular de los sectores políticos se denuncia la ingerencia xenofóbica, quienes usan sus influencias para entorpecer el proceso de constitución, saneamiento y ampliación territorial, desvirtuando el ejercicio de Autonomía y Gobierno de los Pueblos Indigenas.

Hechos como estos, conducen a desestimar la gobernabildiad y autodeterminación de las Autoridades, sobre todo en tiempos de paz y se replican en todos los territorios ancestrales a nivel nacional, sumándose a las manifestaciones de discriminación y xenofobia por diferentes partidos políticos y sectores empresariales, con la anuencia de autoridades gubernamentales de todos los niveles, lo cual hace parte de la estrategia sistemática de exterminio de los Pueblos Originarios.

Reiteramos al Gobierno Nacional que la toma de decisiones que afectan directamente a los Pueblos Indígenas son suceptibles de Consulta y Consentimiento Previo Libre e Informado como un derecho fundamental para la pervivencia cultural y física.

Agradecemos la visita de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos MAPP/OEA, y la voluntad expresada de acompañar y promover en Colombia el Plan de Accion para la implementación de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas de América, recientemente aprobado en la 47 Asamblea General de la OEA ,celebrada en Cancún México del 19 al 21 de junio de 2017.

De igual manera que la presencia de la Misión de Naciones Unidas en Colombia en un momento significativo, en que el Consejo de Seguridad ha aceptado el segundo mandato de verificación en el proceso de paz. Reconocemos su tarea en el cese bilateral, desarme y agrupamiento, y que en esta fase del proceso reconozca a los pueblos indígenas, autoridades y formas propias de protección en sus territorios como sujetos parte en la seguridad del postacuerdo.

Finalmente, anunciamos a la comunidad nacional e internacional, que frente al reiterado incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional y la sistemática violación de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, convoca a todo el movimiento indígena y alos diferentes sectores sociales y populares a retomar la Minga Indígena Social y Comunataria en el mes octubre.

Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC