ONIC

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• El día de mañana la Comisión de la ONIC se reunirá con Comisión de ANZORC (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina) y Comisión de ASCAMCAT (Asociación Campesina del Catatumbo).

La Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC se permite aclarar a la comunidad nacional e internacional, lo sucedido en la comunidad de La Saphadana, municipio de Convención, Norte de Santander en el Catatumbo.

1. En el Catatumbo, Norte de Santander se vivió un auge y expansión del proyecto político y militar del paramilitarismo desde 1999 hasta 2004, con un saldo aún sin determinar pero que según datos recopilados por organizaciones defensora de DDHH dejo 403 personas asesinadas, 98.789 personas desplazadas, 1019 casos de desaparición forzada. Esta toma del Catatumbo que realizó el paramilitarismo, se generó con la anuencia del estado colombiano, manteniéndose en la actualidad expresiones de control político y territorial con la presunta complicidad de la fuerza pública hasta hoy en la misma área metropolitana de Cúcuta, como varios defensores de DDHH pudieron denunciarlo en el Consejo Nacional de Paz ampliado que se realizó el viernes 09 de febrero en Cúcuta con la presencia del embajador de Suecia y el Alto Comisionado de Paz RODRIGO RIVERA.

2. Producto de estas masacres, decenas de familias campesinas fueron llegando y asentándose a ambas orillas del Río de Oro (límite que establece la frontera entre Colombia y Venezuela en el Catatumbo) en  territorio actualmente reconocido por el estado a la Nación Barí, que es bastante disminuido al territorio ancestral y que iba desde lo que hoy son los santanderes colombianos hasta el Gran Lago de Maracaibo en lo que hoy es Venezuela.

3. Debido a este relacionamiento que se se iba desarrollando entre indígenas y campesinos en territorio Barí, la dirigencia de lo que en su momento era la Asociación de Autoridades Barí ASOCBARÍ (hoy ÑATUBAIYIBARÍ) en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, como autoridades indígenas y en actitud solidaria con la tragedia humanitaria que vivían las familias campesinas producto del paramilitarismo y que iniciaba a afectar sus derechos territoriales, suscribieron el 12 de febrero de 2008 con la Junta de Acción Comunal campesina que formaron estas familias en La Saphadana, un acuerdo que consistía en que vivirían en el territorio Barí solamente por 10 años que se cumplen hoy, 12 de febrero de 2018

Desde hace meses las autoridades tradicionales del pueblo Barí recogidas en ÑATUBAIYIBARÍ vienen haciendo llamados respetuosos a la comunidad campesinas de La Saphadana de aproximadamente 50 familias, a respetar el acuerdo suscrito hoy hace 10 años, que se suscribió además de un ejercicio de confianza entre organizaciones sociales, respetando el ordenamiento jurídico colombiano y en ejercicio del artículo 246 de la Constitución Política de Colombia que plantea que:

“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.”

4. Son tendenciosos y calumniadores, los comunicados de organizaciones que entendemos como hermanas con las cuales nos encontramos en procesos como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular Cacep, en los cuales se señala de actor victimizantes, casi al grado de actor armado, a los hermanos Barí, –hoy auto reconocidos como Nación barí– responsabilizándolos de “desplazamiento forzado” de la comunidad campesina de territorio Barí, declarándose en “Refugio Humanitario” para pretender eludir el cumplimiento de un acuerdo entre compañeros y compañeras suscrito hace 10 años.

5. Al respecto, citando los documentos emitidos por la Nación Barí, como ONIC respaldamos su auto reconocimiento como NACIÓN al lado y lado del Río de Oro en lo que hoy es Colombia y Venezuela, y declaratoria de su territorio como TERRITORIO DE PAZ libre de actores armados, solicitando a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de las ONU, a la Oficina de DDHH del Ministerio del Interior, que coordinemos la realización de una audiencia humanitaria con las autoridades del pueblo Barí que permitan conocer los compromisos con la paz de las comunidades que realizan en su declaratoria de TERRITORIO DE PAZ en respaldo a su compromiso con la paz de los caciques.

6. Además entendemos que la DECLARACIÓN BOKSHÍ que se conoció por redes y por lo concluido en la Asamblea Permanente de autoridades tradicionales Barí del lado colombiano, se clarifica que las personas que tienen RESOLUCIONES DE ABJUDICACIÓN DE BALDÍOS desde la emisión de la ley 136 saldrán del territorio Barí que sea reconocido en el marco del SANEAMIENTO contemplado en la ley 160 de 1994 y es falso que toda persona no indígena será sacada por los Barí a la fuerza de su territorio, situación que no corresponde a lo definido por los caciques en su asamblea, ni a las posibilidades que la Constitución Política de Colombia permita.

7. Invitamos de manera sincera a ASCAMCAT a sentarnos a hablar en el territorio con líderes y lideresas campesinas y caciques Barí, permitiendo analizar en conjunto esta situación y construir salidas que permitan cerrarle el paso al estado que quiere en medio de estas diferencias, buscar la excusa para desconocer su responsabilidad y obligación de reconocer los derechos territoriales a indígenas y campesinos, en medio de la ruta trazada por la sentencia T – 052 de 2017 que cercanos a un año de su emisión, hoy desde la Agencia Nacional de Tierras no se ha realizado actuaciones serias para sanear el resguardo Motilón – Barí, ni reconocer la Zona de Reserva Campesina que familias campesinas solicitan.

8. Hacemos un llamado a los medios de comunicación que en días recientes emitieron noticias sesgadas y que no corresponden realmente a lo que sucede en territorio, señalando de manera irresponsable y absurda, basados en supuestas fuentes, que los Barí habían amenazado a recurrir al canibalismo si no salían los campesinos del territorio; ha ejercer el principio de contrastación de fuentes que debe regir la emisión de noticias y consultarnos a nosotros quienes hemos realizado en el Catatumbo acompañamiento y a los hermanos representados en ÑATUBAIYIBARÍ quienes están en terreno, antes de emitir artículos y noticias tendientes a instigar conflictos entre indígenas y campesinos.

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC

Contacto:

Higinio Obispo González - Consejero Secretario General ONIC: 3224548320.
Felipe Rangel Uncacía - Consejero de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad ONIC: 3114598437.
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