ONIC

Los Pueblos Indígenas representados en las Organizaciones con asiento en la Mesa Permanente de Concertación- MPC, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, Confederación Indígena Tayrona – CIT, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC, Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama – AICO y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, denunciamos que el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, está siendo vulnerado por parte del Gobierno Nacional, en el marco de la Consulta Previa del proyecto de Ley "Por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones".

Esta Consulta Previa cuenta con una Ruta Metodológica pactada el 28 de diciembre de 2017 y ratificada el 09 de mayo del presente año, a través de la cual se acordó que la protocolización del Proyecto del Ley en proceso consulta y que reiteramos aún no ha terminado, se llevará a cabo "Una vez finalizada la Concertación Técnica con el Gobierno". Dicha Ruta se ha venido cumpliendo por parte de las Organizaciones Indígenas con la mayor voluntad y compromiso, por lo cual recorrimos el territorio nacional socializando con nuestras autoridades y comunidades este proyecto y de la misma manera acogiendo sus intereses, sugerencias, inquietudes y propuestas, con las cuales se recogió la propuesta de norma, "Por medio de la cual se refuerzan garantías en materia de acceso y disfrute del derecho fundamental a la tierra y el territorio por parte de los Pueblos y Comunidades Indígenas y se establecen algunas formas de procedimiento".

De esta manera, con el mandato de los Pueblos Indígenas y en cumplimiento de la Ruta Metodológica acordada, los equipos técnicos de las Organizaciones Indígenas se vienen reuniendo desde el 31 de mayo con el equipo del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes acordaron de manera conjunta una metodología interna de discusión y principios orientadores del diálogo técnico, con el fin de lograr avanzar y construir una propuesta de norma garante de los derechos de los Pueblos Indígenas.

En este caso, una vez debatida la norma presentada por el Gobierno, los Pueblos y Organizaciones Indígenas de la MPC radicaron el 09 de junio de 2018 la propuesta de norma indígena "Por medio de la cual se refuerzan garantías en materia de acceso y disfrute del derecho fundamental a la tierra y el territorio por parte de los Pueblos y Comunidades Indígenas y se establecen algunas formas de procedimiento".

Sin embargo, no se ha permitido la argumentación y defensa de dicha propuesta, pues el Ministerio de Agricultura ha tomado la decisión unilateral de dar por finalizado el escenario técnico de concertación conjunta entre los funcionarios del Ministerio y el equipo técnico de las Organizaciones Indígenas; de esta forma se vulnera nuestro derecho a ser oídos, a sustentar y defender nuestra propuesta de norma indígena, que fue elaborada con la participación activa de las autoridades y comunidades indígenas de todo el territorio nacional, quienes dejaron plasmado en este documento, sus necesidades, intereses, y preocupaciones, para la defensa y garantía de nuestra pervivencia física y cultural en los territorios.

Adicionalmente, denunciamos la intención reiterada por parte del Gobierno Nacional de convocar a sesión de MPC, sin tener en cuenta lo pactado en Ruta Metodológica acordada y demostrando así, su interés particular por radicar de manera anticipada este proyecto de Ley que se caracteriza por:

- Configura una legislación que afecta y pone en riesgo nuestros derechos territoriales, manteniendo y fortaleciendo el concepto de tierras baldías sobre las tierras comunales de los grupos étnicos, que cuentan con la protección constitucional, en la normatividad colombiana e internacional.

- Contener disposiciones para legalizar el despojo violento de los territorios indígenas, con el propósito de concesionarlos a los proyectos que destruyen la naturaleza, afectan los territorios colectivos indígenas y afros, al pequeño campesino, imponiendo un uso del suelo agro industrial minero extractivista y de hidrocarburos, que atenta contra la soberanía nacional, los territorios y el ambiente.

- Ser contrario al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, así como a los acuerdos concertados con los Pueblos Indígenas en materia territorial a nivel nacional, departamental y local.

- De acuerdo a lo anterior, los pueblos indígenas alertamos y hacemos un llamado a la Sociedad Colombiana, campesinos, afrodescendientes, Rrom, a los diferentes movimientos sociales, estudiantiles y agrarios, frente a la necesidad de generar estrategias de defensa y protección de nuestros bienes naturales, espirituales y culturales, además de nuestros derechos sociales, políticos y territoriales.

Solicitamos a la Procuraduría General de Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la Republica, actuar en el marco de sus competencias constitucionales y legales para la defensa del Derecho Fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada.

Recordamos al Gobierno Nacional que debe tener en cuenta que el ejercicio del derecho fundamental a la Consulta Previa, permite enriquecer y cualificar la iniciativa objeto de consulta, incluso a través de la formulación de una propuesta normativa propia.

Exigimos al Gobierno Nacional dar cumplimiento a la Ruta Metodológica de la Consulta Previa del proyecto de Ley “Por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictas otras disposiciones”, así como los principios y metodología concertados de manera conjunta para el diálogo.

Para los Pueblos Indígenas la concertación técnica no ha finalizado, pues es necesario socializar la naturaleza, el espíritu, la jurisprudencia y normas nacionales e internacionales en las cuales se sustenta la propuesta de norma indígena, además del análisis de la situación fáctica a los que conduce cada artículo de dicha norma.

Por ende, llamamos al Gobierno Nacional a desistir en la violación al derecho Fundamental a la Consulta Previa y retornar al escenario de la Concertación Técnica para posteriormente, proceder a la protocolización en sesión de la MPC. Sin darse el debate y la discusión frente a esta propuesta, no existen las garantías necesarias para realizar dicha protocolización.

 

¡Seguimos en pie de lucha por la defensa de nuestros derechos!
Bogotá D.C, 25 de junio de 2018.