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• Audiencia Pública Procuraduría General de la Nación.
• #UrgenGarantiasParaLaPaz

La Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), conformada por delegados y delegadas de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales y de la Coordinadora Étnica Nacional de Paz (CENPAZ), como órgano consultor, representante e interlocutor de primer orden ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), saludamos a los participantes de esta “Audiencia Étnica” que busca conocer y confrontar los avances en la implementación del Capítulo Étnico y el Plan Marco de Implementación en los Acuerdos de Paz (PMI); así como establecer la ruta de trabajo para los próximos años.

Saludamos a la Procuraduría General de la Nación y sus procuradurías delegas de: Paz y protección a los derechos de las víctimas, Asuntos agrarios y restitución de tierras. Saludos a la comunidad internacional y las organizaciones y comunidades que participan de este encuentro. A la vez que saludamos a los espacios de interlocución que como la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indígenas (MPC) y Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras como escenarios en los que se han avanzado alguno de estos debates.

Como Instancia Especial de Alto Nivel afirmamos públicamente nuestro compromiso al trabajo conjunto como posibilidad de contribuir más efectivamente a la construcción de paz con ejercicio pleno de los derechos a la igualdad y a la diversidad cultural de nuestro país.

Desde el inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), las organizaciones nacionales y comunidades en el territorio de pueblos indígenas y afrodescendientes expresamos el total respaldo a la búsqueda de una solución negociada a más de 50 años de conflicto armado en el país. En ese sentido, nos movilizamos conjuntamente para conseguir un espacio en la Mesa de Negociación como pueblos étnicos y logramos incluir un Capítulo Étnico en el Acuerdo Final de Paz.

Este logro histórico incluyó una serie de principios, salvaguardas y garantías que promueven el respeto de los derechos históricos adquiridos por los pueblos étnicos. En el entendido que los Acuerdos de paz son una política de Estado que trasciende al gobierno actual, al gobierno entrante y a los próximos gobiernos, reconocemos el avance que significa el acuerdo de paz y somos conscientes de los retos de su implementación, por lo tanto, nos permitimos presentar un corto balance, resultado de dos días de trabajo en IEANPE, iniciado el 31 de julio del año en curso.

Expresamos nuestra preocupación, frente al poco interés demostrado por el gobierno de Juan Manuel Santos con el Capítulo Étnico, por la falta de garantías y condiciones institucionales, técnicas y operativas para que la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos pueda cumplir su desempeño. El Comunicado Oficial No. 13 de la CSIVI de marzo del 2017 precisó las funciones de la Instancia Étnica en referencia al seguimiento del Capítulo Étnico, el Plan Marco de Implementación y los Planes Cuatrienales y plurianuales de inversión; para mantener canales de comunicación con las comunidades y las instancias oficiales de interlocución con el Gobierno Nacional; para socializar ampliamente el enfoque étnico de los Acuerdos y mantener un diálogo constante con la CSIVI y demás Instancias creadas por el Acuerdo Final. A un año de su constitución formal, los representantes de pueblos y organizaciones indígenas, negras, palenqueras, raizales y rom, constatamos que este pilar de participación diferencial NO ha recibido el respaldo necesario para cumplir con sus funciones de acompañamiento efectivo y oportuno en el proceso de construcción territorial de paz al que hemos sido convocados.

Instamos al gobierno entrante y saliente a que reconozca a la Alta Instancia Étnica como interlocutora de primer orden en el proceso de implementación y a que garantice su funcionamiento. No se trata solo de compromiso escrito en un documento histórico, sino de una necesidad urgente de inclusión social étnica para la mayor legitimidad y eficacia del proceso de paz. El Ministerio del Posconflicto y el Ministerio del Interior, responsables directos de este aspecto en el Plan Marco de Implementación en el periodo 2017 - 2026, tienen la palabra para que la dilación no se convierta en un nuevo mecanismo de exclusión de la participación de los pueblos étnicos del país.

Los pueblos indígenas y afrocolombianos hemos sido históricamente las principales víctimas de las violaciones de derechos humanos en el País. Según el informe de Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 26 de julio de 2018, se registran 330 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales, según los líderes étnicos, el 40% corresponden a indígenas y afrodescendientes.

Aunque el Capítulo Étnico ratificó el derecho de los pueblos étnicos a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, el proceso legislativo acelerado conocido como Fast Track, para aprobar la normatividad del Acuerdo, supuso un retroceso preocupante en el ejercicio de este derecho, porque no respetaron los estándares internacionales y nacionales; el gobierno se abrogó la potestad de decidir qué decretos o normas eran objeto de consulta, sin concertar este mecanismo con las comunidades y pueblos negros e indígenas. Como resultado se debilitó el ejercicio de este derecho; los pueblos indígenas fueron consultados para cinco decretos, mientras que para el pueblo negro solo se consultó un proyecto, que surtió el trámite a través de correo electrónico.

Confiamos en que el gobierno entrante reconozca el derecho fundamental a la consulta y consentimiento Libre Previo e Informado y no limite su ejercicio. La reforma de la Ley 160/94 radicada en el congreso viola el principio de la no regresividad, particularmente en lo establecido en el Decreto 2333 de 2014 respecto al derecho del acceso y uso a la tierra, tal como lo establece el concepto emitido por la Procuraduría (e.g. por desconocer la tierra ancestral y el uso social de la tierra), y ha sido advertido que serviría como una herramienta de despojo y a su vez para legitimar las tierras despojadas a favor de las economías extractivas; incrementaría los conflictos inter e intra étnicos, y también desconocería la autonomía ambiental y territorial. Así mismo, preocupa la falta de respeto a la ruta acordada para la consulta previa de esta reforma. En ese sentido concluimos que el espíritu de este proyecto de Ley se encuentra en contravía del Acuerdo de Paz.

Debemos resaltar que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales en el acceso a la tierra. En información del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana (OTEC-PUJ), en el marco de la alianza con la Coalición de la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI), y el Proceso de Comunidades Negra (PCN) son 271 Consejos Comunitarios en situación de vulnerabilidad frente a las amenazas de violencia, militarización, políticas económicas extractivista, entre otras dinámicas, por no tener la titulación colectiva de sus tierras ancestrales y tradicionales.

De acuerdo con la información de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en materia de legalización de territorios indígenas, con corte a julio de 2018, están radicadas ante la ANT 820 solicitudes: 52% de constitución de resguardos, 44% de ampliación y 3% saneamiento. Con relación a la implementación del decreto 2333 de 2014, se evidencia que después de 4 años de expedido se han radicado104 solicitudes y hasta el momento no se ha expedido una sola resolución de protección provisional de protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas.

Gran parte de estas solicitudes cuentan con 10 y hasta 20 años de haberse radicado sin tener un avance significativo, se han presentado situaciones de pérdida de expedientes producto de los constantes cambios institucionales y se presentan inconsistencias en la información debido a que se desconoce la fecha de solicitud, el número estimado de hectáreas de las solicitudes y el estado detallado del proceso, lo cual imposibilita la adopción de decisiones en materia presupuestal y la aplicabilidad de la norma.

Por otra parte los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un instrumento clave para reducir las brechas existentes entre las zonas rurales y urbanas de Colombia. Los pueblos étnicos se han mostrado comprometidos desde su puesta en marcha con el diseño de los PDET en sus territorios. Sin embargo, la implementación de los programas de desarrollo ha presentado graves fallas desde su origen. Primeramente, la concertación de la ART con las comunidades étnicas para el diseño de rutas étnicas de los PDET se hizo tardíamente y sin la articulación suficiente con la Instancia Étnica y las organizaciones nacionales.

Asimismo, la construcción de las diferentes rutas étnicas para los 16 PDET se hizo con las comunidades locales lo que supuso la fragmentación de las estructuras y dinámicas étnico-territoriales. Una vez aprobadas las diferentes rutas étnicas, se han producido grandes retrasos en la celebración de las diferentes asambleas por falta de financiamiento.

Exhortamos al nuevo gobierno a tomar nota de estas debilidades de los programas y a darle continuidad al enfoque étnico de los PDET. Por un lado, exigimos que se complete el proceso de diseño de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) a nivel sub-regional y que se dote de las partidas presupuestales adecuadas para su correcta puesta en marcha. Asimismo, como Instancia Étnica ofrecemos nuestra entera disposición a seguir siendo una entidad de consulta, asesoramiento y seguimiento de los PDET.

En materia de la participación efectiva y consulta de las comunidades y organizaciones representativas de los pueblos étnicos en el diseño y ejecución del PNIS, si bien se ha reportado algunos acuerdos locales con comunidades étnicas, no hay evidencia de una estrategia nacional, diseñada y concertada con las autoridades tradicionales para cumplir con lo acordado en el capítulo étnico en este punto. En ese sentido, pedimos al gobierno entrante que dé continuidad a la puesta en marcha de decreto diferencial y se comprometa a trabajar de forma coordinada con la Instancia Étnica. Insistimos en que la erradicación voluntaria y forzosa de las matas de coca no es una solución efectiva a la problemática, la solución está en el desarrollo de economías propias desde nuestros territorios con los recursos suficientes para la transformación.

En cuanto las garantías para la participación política reiteramos que el Capitulo Étnico plantea que en la circunscripción especial de paz, debe garantizarse la participación de las comunidades étnicas como principales víctimas del Conflicto armado. Queremos enfatizar la importancia de que los pueblos étnicos somos parte fundamental en la construcción de una estrategia de paz dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, que pasa por un ejercicio no solo de participación sino también de concertación. Los pueblos étnicos somos también aliados clave para la implementación del Acuerdo para finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, en especial de su Capítulo Étnico.

En los territorios étnicos el estado fue incapaz de llenar los espacios dejados por la insurgencia y las comunidades, sus organizaciones líderes y lideresas siguen viviendo en crisis humanitaria. La intervención institucional, como lo muestra el ejemplo del Alto Mira y Frontera en Nariño, en el marco de los acuerdos de sustitución ha contribuido a esta crisis y a aumentar el riesgo de las comunidades étnicas, sus territorios y derechos.

El capítulo y enfoque étnico del acuerdo de paz son la posibilidad de que el país en su conjunto avance en superar las condiciones de desigualdad originadas en el racismo y discriminación racial y que han sido acrecentadas por el conflicto armado interno.

Consideramos que la implementación del capítulo y enfoque étnico no ha sido integral, no ha existido una visión compresiva e integradora de sus distintos aspectos, sin embargo guardamos la esperanza en que juntos podremos avanzar en su implementación que también es un propósito de país que marca la vida de millones de colombianos y colombianas que aspiramos a vivir en paz y sin discriminación racial.

Por último para la construcción de una paz completa, es imprescindible también que se continúe el proceso de dialogo con el ELN y se llegue a un acuerdo que permita avanzar en el sueño anhelado.

 

#UrgenGarantiasParaLaPaz
INSTANCIA ESPECIAL DE ALTO NIVEL CON PUEBLOS ETNICOS - IEANPE

Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales: Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor; Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano - CONPA (Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca - ACONC, Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados AFRODES, Conferencia Nacional Afrocolombiana CNOA, Consejo Laboral Afrocolombiano - CLAF, Foro Interétnico Solidaridad Choco FISCH, Red Nacional de Mujeres Kambiri, Centro de Pastoral Afrocolombiana - Quibdó, Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN. CENPAZ: CONPI – CONAFRO