ONIC

• Incremento de asesinatos y amenazas a Líderes Indígenas, Afros y Sociales.

Los Pueblos Indígenas en Colombia hemos sido sistemática y estratégicamente violentados, sin embargo ahora, el miedo de desaparecer hace nido en nuestro ser colectivo. A los Pueblos Indígenas colombianos nos están matando.

Con este sentir al unísono se llevó acabo la exposición de motivos por parte de las Organizaciones Indígenas, en el Debate de Control Político citado por el Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Indígena Abel David Jaramillo Largo, porque estamos para reivindicar los nombres de quienes han sido victimizados, porque nuestra memoria no les permitirá caer en el anonimato de las cifras, en la muerte definitiva del olvido.

Nuestras muertes, sufrimientos y temores están en nuestra historia colectiva que se cuenta de la siguiente manera:

El reporte general proveniente del Registro Único de Víctimas – RUV, observa entre antes de 1985 al 1 de septiembre de 2018, los siguientes casos en tratándose de integrantes de Pueblos Indígenas: Asesinatos (Homicidio) 8.788 casos; Amenaza 10.739 casos; Desaparición Forzada 2.159 casos; y Desplazamiento Forzado 199.620 casos. La totalidad de los hechos victimizantes en contra de los Pueblos Indígenas, reconocidos por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, dan cuenta de un total de 240.734 casos.

Ante este reporte del RUV, llama poderosamente la atención la ausencia de hechos victimizantes con especial incidencia y afectación en contra de los Pueblos Indígenas, como el Confinamiento y la existencia de dos nuevas categorías denominadas “Otro/Otros”, en la cual se reportan 8.093 casos. El RUV es un instrumento para la construcción de la verdad en este país, con lo cual su modificación arbitraria se evidencia como un riesgo para la consecución de este cometido de país, en el marco de la implementación del Acuerdo Final y su Capítulo Étnico.

Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, en su Sistema de Información, después de la firma del Acuerdo Final de Paz (24 de Nov 2016), registra que las agresiones y asesinatos contra líderes y comunidades indígenas aumentaron de manera desproporcionada: Entre Nov del 2016 y diciembre del 2017 se registran 6 mil 055 casos de afectaciones, mientras que entre el 1ero de Enero a Julio del 2018 se identificaron 12 mil 398 casos, para un total de 18 mil 453 casos. De modo que se reporta el incremento de 6 mil 343 nuevos casos. Los Pueblos más afectados son: Barí, Embera Chamí y Dóbida, Zenú, Nasa, Yukpa, Wounna, Wayuu, Cubeo, Yucuna, Betoy, Jiw, Sáliba y Wiwa. Otro situación a destacar, son los intereses empresariales del gremio azucarero en el Cauca y Valle del Cauca, como la estrategia extractivista minero energético y comercialización de madera en Chocó, Boyacá, Norte de Santander, Orinoquía, Amazonía, SNSM, entre otras regiones.

Las vulneraciones previamente descritas se agravan en lo concerniente a mujeres, niños, niñas y adolescentes, sabios y sabias indígenas; quienes representan cerca del 87% de ese universo de víctimas indígenas reconocido por el Estado Colombiano y a quienes la reciente metamorfosis del conflicto armado golpea con mayor crueldad. En cuanto a reclutamiento forzado por actores armados, entre Noviembre del 2016 a Julio 31 del 2018, ONIC registra 43 casos, menores en etapa de escolaridad.

Las cifras previamente referenciadas no pueden analizarse como eventos aislados, desde las Organizaciones Indígenas hemos puesto de presente la indiscutible conexión entre el asesinato y amenazas de líderes, lideresas, autoridades, defensores de derechos e integrantes de Pueblos Indígenas con la ocurrencia de desplazamientos masivos y confinamientos; situación está que evidencia hoy más que nunca, la posibilidad de daños individuales con afectaciones colectivas.

Al respecto, preocupa la disparidad de las cifras reportadas en los distintos sistemas de información en el país, debido a la homogenización de criterios de las categorías de liderazgo que no dan cuenta de un enfoque diferencial en tratándose de Pueblos Indígenas y que olvidan los distintos roles que comunitariamente es posible asumir; negando con ello que: a. Solo los Pueblos pueden abrogarse la posibilidad de definir sus liderazgos y b. Los liderazgos no necesariamente son lineales o guardan relación en estricto sentido con los criterios occidentales para definirlos. Estas circunstancias sin duda afectan la posibilidad de conocer la magnitud del problema e imposibilitan la construcción de contextos que den cuenta de la realidad de las afectaciones que aquejan a los Pueblos Indígenas de Colombia.

Esta forma de revisar los recientes eventos de violencia impide adelantar investigaciones integrales fundamentadas en el reconocimiento de factores específicos de vulneración en contra de los Pueblos Indígenas y sus territorios. Estamos hablando de patrones de conductas determinables que guardan relación directa con la defensa de derechos territoriales, los procesos de reivindicación de derechos colectivos y la oposición a la instalación de megaproyectos; todos ligados a los territorios, profundamente amenazados en este escenario de reconfiguración del conflicto armado interno en Colombia.

Nos preocupa que la debilidad en la construcción y análisis de contexto, ahonda el sistemático escenario de impunidad que afrontamos los Pueblos Indígenas en el país: Solo es posible construir la memoria desde la verdad y solo es posible garantizarla desde el reconocimiento fehaciente de lo ocurrido en esa Colombia profunda y ancestral, pluriétnica y multicultural.

Así mismo, destacamos la debilidad de las estrategias de protección y de la asignación presupuestal en la materia en cabeza del Estado Colombiano, las cuales a todas luces carecen de un enfoque diferencial que respete las formas propias de auto protección de los Pueblos Indígenas y, en algunos casos, incrementan el nivel de riesgo individual y colectivamente considerados. En este orden este año, la ONIC ha presentado alrededor de cien (100) medidas de protección las cuales no han tenido respuesta institucional adecuada; por lo que se ha podido identificar que cerca del 90% de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación no han tenido avance en la investigación. Razón por la cual a la fecha avanzamos autónomamente en la construcción de una propuesta normativa que resuelva dicha problemática.

Por todo lo anterior, el Estado Colombiano en su conjunto, debe garantizar la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas de Colombia, siendo más de 102 naciones indígenas, representamos el 3.4% de la población nacional y el 2.2% de las víctimas del país, situación está que implica el direccionamiento de acciones decididas para:

• Generar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de las ordenes emitidas por la Honorable Corte Constitucional, observando especialmente los autos 004 de 2009 y 266 de 2017, las medidas cautelares y provisionales emitidas por el Sistema Interamericano a favor de los Pueblos Indígenas.

• Garantías para la discusión diferencial y específica de la prórroga del DL4633/11, haciendo prevalecer el Derecho Fundamental a la Consulta Previa y al Consentimiento Previo Libre e Informado para los Pueblos Indígenas.

• Compromiso real y efectivo para la promulgación y puesta en marcha del Decreto de Protección Territorial, Individual y Colectiva de los Pueblos Indígenas de Colombia, con fundamento en el proyecto de decreto que al respecto hemos construido las organizaciones y pueblos indígenas de Colombia.

No han logrado silenciarnos y no lo harán, nuestra voz siempre será alta y clara para defender a la Madre Tierra, a nuestros Pueblos Originarios, a cada uno de nuestros hermanos indígenas, afros y campesinos, y de otros sectores, que hacemos parte de este maravilloso país que es Colombia.

¡Sigan contando con nosotros para la Paz, nunca para la guerra!

http://www.onic.org.co/comunicados-onic/2513-primer-informe-onic-jep 
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