ONIC

• Así mismo, denunciamos el incumplimiento por parte del gobierno nacional frente a los acuerdos pactados en el marco de la #MingaPorLaVida en Noviembre de 2018.

La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, informa a la opinión pública, a los organismos defensores de los Derechos Humanos nacionales, internacionales y a las instituciones del Estado colombiano responsables de garantizar la vida y la integridad de los Pueblos Indígenas que:

Las comunidades de los Pueblos Indígenas Embera Katío, Embera Dóbida, Senú y Wounaan del Bajo Atrato se encuentran en situación de confinamiento por las acciones de los grupos armados al margen de la ley que se identifican como AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA – AGC y el EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL – ELN, además de la militarización permanente por parte del Ejército Nacional.

Cerca de 170 familias de las comunidades indígenas de Unión Embera y 46 de la comunidad de Pueblo Antioquia del Resguardo Indígena Salaki Pabarandó, se encuentran en medio del enfrentamiento entre los actores armados, quienes se disputan el control territorial al constituir un corredor hacia el Estado vecino de Panamá. La situación de confinamiento ha hecho que la comunicación sea limitada y pocos detalles de su situación puedan llegarse a conocer hasta el momento, por lo que no podemos saber si en el momento hay heridos y qué otras afectaciones graves que se puedan estar presentando.

Durante el mes de noviembre del año 2018, estas comunidades se movilizaron hacia la ciudad de Bogotá en el marco de la MINGA POR LA VIDA para denunciar esta situación, sin embargo no ha habido acciones contundentes por parte del Estado con la intención de restablecer la autonomía y el gobierno propio de las comunidades indígenas allí afectadas.

El pasado mes febrero de 2019, en el ejercicio legítimo de la Jurisdicción Especial Indígena, las autoridades sancionaron a dos de sus integrantes por haber estado en las filas del ELN, estos se encontraban bajo el control territorial de las mismas cumpliendo su castigo. No obstante, el Ejército Nacional desconoció las facultades propias de las autoridades indígenas y se llevaron a los sancionados aduciendo que eran desertados del ELN.

Especialmente, comunidades indígenas de los municipios de Carmen del Darién y Riosucio-Chocó denuncian la presencia y control paramilitar en el punto La Nueva Truandó, mientras que el Ejército Nacional se encuentra en los territorios en la parte alta.

Como resultado de la Minga por la Vida en noviembre pasado, la fuerza pública había asumido el compromiso de verificar la situación en los territorios para controlar la grave crisis, no obstante, al día de hoy se presenta la militarización permanente de los territorios, generando graves riesgos para las comunidades por la situación de conflicto armado que se recrudece en la región y los enfrentamientos con los otros actores armados, además de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario que esto representa.

Igualmente, parte de los acuerdos de la Minga por la Vida fue la priorización y celeridad de los casos de emergencia que se adelantaban ante la Unidad Nacional de Protección con respecto a los casos individuales y colectivos de Peranchito, Jiun Duur, Pueblo Antioquia, Perancho, Jagual, Marcial, Pinchindé, La Raya, Quiparadó, Isleta, Alto Yarumal, Juin Phubuur y Barranco; al día de hoy, tres meses después, no ha habido avance significativo en el cumplimiento de este acuerdo.

Teniendo en cuenta lo anterior, hacemos un llamado URGENTE a todas las instituciones tanto del orden nacional como regional, a cumplir los acuerdos suscritos en la Minga por la Vida para garantizar la autonomía y demás derechos que le asisten a los pueblos indígenas afectados.

Como Organización Nacional indígena de Colombia –ONIC- acompañamos y nos solidarizamos con los pueblos hermanos en la grave situación de derechos humanos en la que se encuentran en el departamento del Chocó.

Además, solicitamos a la comunidad internacional hacer monitoreo frente a la situación de confinamiento, amenazas, militarización de la vida y dificultad en el libre transito en la realización de actividades propias que sufren las comunidades en sus territorios.

Requerimos que se reactive la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN, pues eso nos ayudará a avanzar a una paz estable y duradera para el país y los pueblos indígenas.

Solicitamos que la fuerza pública abandone nuestros territorios con el fin que se detengan los enfrentamientos.

Finalmente, exigimos que se aceleren las medidas de protección de los derechos de los líderes, familiares y comunidades indígenas afectadas, y se tomen las medidas de protección espiritual y física para armonizar y prevenir las múltiples violaciones a los derechos humanos que atentan contra los territorios indígenas ancestrales y la pervivencia de nuestros pueblos.

Contactos:

• Aida Quilcué Vivas - Consejera Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz ONIC: 3107871382 - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 
• Pedro Juan Moreno Moreno - Asesor Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz ONIC: 3217910263 - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.