ONIC

La Senadora Aída Avella, y los senadores Iván Cepeda y Feliciano Valencia, quienes el pasado mes de febrero junto a dos Comunidades Indígenas Wayuu, y las organizaciones Fuerza Mujeres Wayuu, el Colectivo de Abogado José Alvear Restrepo CAJAR, Censat Agua Viva y el Centro de Investigación y Estudios Populares CINEP interpusieron una demanda de nulidad contra la licencia ambiental que fue otorgada a la Multinacional Carbones del Cerrejón y que fue admitida la semana anterior por el Consejo de Estado, le aclararon públicamente a la empresa mediante un comunicado, que no es cierto, que con la solicitud de medidas cautelares de la acción jurídica se vaya producir el cierre inmediato y total de la mina de carbón, como tampoco cause el despido masivo de trabajadores, según han expresado a medios de comunicación.

“Lo que estamos solicitando con la medida cautelar es la suspensión de operaciones aledañas a comunidades afectadas y que no se expanda la actividad extractiva, hasta que las autoridades no constanten la protección de los derechos de las comunidades, que la Corte Constitucional y otros Tribunales han determinado están en riesgo” explicaron los demandantes.

En ese sentido, la acción de nulidad va dirigida a frenar o mitigar el detrimento ambiental, económico y las graves afectaciones a derechos humanos que se están ocasionando sobre la población de La Guajira impactada por el proyecto, como la pérdida de seguridad alimentaria y la escasez de agua que ha ocasionado la muerte de 5.000 niños y la desnutrición de 40.000 más en los últimos años.

Para la Senadora Aída Avella de la UP, de la lista por la Decencia, es claro que las afirmaciones que está haciendo la empresa desinforman, y podrían estar generando que se presente unpánico económico, que además crea riesgos para las comunidades demandantes, y aledañas cuando “lo único que buscamos es que se evalúe si Cerrejón está cumpliendo rigurosamente con los requisitos legales para la actividad extractiva; la licencia ambiental les fue otorgada por el Inderena en 1983 y a la fecha ha sido objeto de más de 60 modificaciones, se debe exigir que la empresa presente el Estudio de Impacto Ambiental que atienda incluso a la crisis climática que se presenta en el mundo” indicó la congresista.

A la fecha, por lo menos 250 mil indígenas Wayúu, se han visto afectados por la actividad extractiva de Cerrejón, en sus modos de vida y actividades económicas, como el comercio y el pastoreo de chivos, eso sin contar con que la empresa ha intervenido, apropiado y destruido más de 17 arroyosy más de 48 cuerpos de agua, que están siendo contaminados directamente, entre ellos el río Ranchería
“Las comunidades tienen derecho a denunciar los daños ambientales, en la salud de los trabajadores y de la niñez en la Guajira, ocasionados por el Cerrejón, daños que han sido probados en más de 10 decisiones judiciales desde el año 2002, y tienen derecho a que la empresa cumpla con los estándares ambientales y sociales legales” manifestó el Senador Feliciano Valencia.

A las aclaraciones de los congresistas, se unieron las de las organizaciones sociales y ambientales, entre ellas el CAJAR, CENSAT, y CINEP que desde hace varios años hacen acompañamiento a las comunidades y quienes han podido constatar de primera mano, los impactos que ha tenido y tiene esta explotación carbonífera sobre el departamento de La Guajira y sus habitantes, el pueblo milenario Wayuu y las comunidades afrodescendientes, afectaciones que están además documentadas en informes técnicos y científicos.

“Las organizaciones hemos podido evidenciar y demostrar las afectaciones en los casos de desplazamiento forzado de las comunidades afro de Tabaco, Patilla y Chancleta, afectaciones en la salud del niño Moisés Guette Uriana, de otras niñas y niños e integrantes del Resguardo de Provincial, la responsabilidad de la mina por haber explotado la zona productiva de la baja Guajira, el desvío de los Arroyo Bruno y Tabaco y del río Palomino, así como la contaminación y el uso desmedido de las aguas” indicó el vocero de las organizaciones y ex Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz.

De igual forma, Armando Valbuena Gouriyu, dirigente Wayuú y ex presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC -, mostró su preocupación por lo que está sucediendo en la Guajira, por el calentamiento global y “el extractivismo minero del Cerrejón que es causante de la destrucción del sistema económico Wayuu y por lo tanto del sistema alimentario de un pueblo de desierto."

Por último, los demandantes hicieron un llamado a la empresa Cerrejón para que se respete la independencia de la justicia y para que pueda actuar sin presiones ni interferencias, “Esperamos que el Consejo de Estado pueda evaluar de manera real y efectiva toda la información y pruebas que se presentaron, y que valore todos los impactos ambientales y en la salud que se están presentando” sostuvieron.

• Adjuntamos Comunicado Oficial: Comunicado oficial_Demanda Cerrejón