ONIC

- Por: Gerardo Jumí Tapias*.

En la Ley 1955 de 2019 por la cual, el Congreso de la República aprobó como el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” del  periodo de gobierno del presidente Iván Duque, se incorporaron acuerdos consultados a las autoridades indígenas través de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), como también, los compromisos  firmados en las distintas mingas indígenas que se llevaron a cabo en los meses de marzo y de abril del presente año. De estos, podemos resaltar que hacen parte del plan plurianual de inversiones, 10 billones de pesos que se “destinarán para el cumplimiento de los acuerdos correspondientes al capítulo  de los pueblos indígenas”.

Esta ley indica, que el gobierno Nacional debe convocar a la Minga Nacional-ONIC para “precisar” las partidas que serán incluidas en los presupuestos de las entidades gubernamentales, igualmente,  en el marco de la MPC, que dentro de los cuatro primeros meses de cada año, se “identificarán” partidas específicas, las cuales serán incluidas en los presupuestos de las entidades del Gobierno nacional.

Adicionalmente, la ley 1955 en su artículo 219, crea  un marcador presupuestal con el que debe dar cuenta, de cuánto presupuesto se asigna a las comunidades indígenas. Según esta norma, debe señalar los presupuestos ejecutados en  el año anterior, como de los apropiados en cada vigencia fiscal, los cuales, el gobierno debe informar a las instancias de concertación y Consulta de estos Pueblos. También, conviene resaltar que ésta ley crea el Fondo para el Buen Vivir y la Equidad de los Pueblos Indígenas que permitirá financiar unas líneas de inversión como el emprendimiento y el desarrollo económico propio, infraestructura y servicios públicos, acceso a derechos territoriales,  empoderamiento de las mujeres, familia y generaciones de los pueblos indígenas, entre otros.  

No obstante, a la hora de empezar a cumplir la ley, los indígenas no fueron convocados previamente para  “precisar” e identificar las partidas presupuestales en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación, que el gobierno radicó el 29 de julio al Congreso de la República para la vigencia del 2020. Después de que se denunciara públicamente el inicio de los incumplimientos se logró concertar, una sesión de la MPC para “precisar” e identificar los presupuestos con destino a los pueblos indígenas en los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de este año. En revisión preliminar se encuentra que los proyectos de inversión del gobierno, sólo, el 41% están relacionados con los seis (6) ejes estratégicos, desglosados en 216 acuerdos. Por ello, el 16 de agosto se iniciaron las mesas técnicas entre el gobierno nacional y las organizaciones indígenas  de la MPC, para dar cumplimiento con el marcador presupuestal, que precise e identifique la asignación del presupuesto para las comunidades indígenas. Si de este ejercicio de concertación, las partes concluyen la necesidad de hacer ajustes al presupuesto, el gobierno se compromete a gestionar y/o avalar las modificaciones que mediante proposiciones se debe presentar al Congreso de la República en el trámite y aprobación  del  proyecto de ley del Presupuesto General Nación de la vigencia 2020. El gobierno se ha mostrado unilateral, hasta el momento sólo se ha podido asignar  $247.686.137.580 lo que equivale a un 9% de los 2.9 billones quedando por asignar todavía más de 2.7 billones de la vigencia de 2020. El gobierno suspicazmente, presupuesta 2.051 billones como recursos transversales del SGP, como inversión.  Debemos decir que el presupuesto no es del gobierno, es público, es de los pueblos indígenas, por mandato de Ley 1955 tienen la facultad de incidir en él. Frente a la lentitud y poca voluntad de los funcionarios para modificar el presupuesto, se ha acordado realizar una reunión de alto nivel para modificar la metodología de la concertación y saber de la voluntad real para la asignación del presupuesto que aún falta para las comunidades indígenas en la vigencia 2020. La voluntad de los pueblos indígenas para la concertación es inquebrantable y es vocación. 

*GERARDO JUMI TAPIAS

Indígena de la Nación Emberá. Senador 2002-2006. Diputado Asamblea de Antioquia 2001. Presidente Organización Indígena de Antioquia (OIA) 1996-2000. Lic. en Ciencias Sociales. Actualmente, es secretario de www.mpcinidigena.org, que tiene por objeto concertar decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, evaluar la ejecución de la política indígena del Estado. Decreto 1397 de 1996.