ONIC

 

ONIC hizo un llamado para visibilizar los tratados que garantizan derechos adquiridos por los Pueblos Indígenas

Las autoridades indígenas de los pueblos: Amorua, Curripaco, Piaroa, Sikuani, Wamone, Cuveo, U’wa, Sáliba, Piapoco, Puinave, Tsiripu, Macaguan, Masiware, Hitnu, Betoy, Inga, Achagua, Witoto, Yaruro, Yamalero, Wipijiwi y Mapayerris.

Representados en las organizaciones: ASCATIDAR -Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de Arauca, CRIVI -Concejo Regional Indígena del Vichada, UNUMA -Unión de Trabajo para la Defensa de la Vida del Meta y Vichada, ASOCAUNIGUVI -Asociación de Cabildos y Autoridades Unión de Guainía y Vichada, ORIC -Organización Regional Indígena del Casanare, ACATISEMA -Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de la Selva Mataven, Palameku, ACIM UNUMA -Asociación de Cabildos Indígena del Meta, ORPIBO -Organización de los Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco, ASAISOC -Asociación de Autoridades Indígenas Sálibas de Orocué Casanare y la ONIC -Organización Nacional Indígena de Colombia.

Basados en la Ley de Origen o Derecho Mayor, la Ley 21 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la OIT, La Declaración de derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas  y la Ley 89 de 1890.

En uso de nuestras facultades constitucionales y  legales, dentro del desarrollo de la reunión de los pueblos indígenas de la  macro Orinoquía, llevada a cabo en el departamento del Vichada, municipio de Cumaribo, resguardo indígena Santa Teresita del Tuparro los días 6 y 7 de agosto de 2013

CONSIDERANDO:

Que para los pueblos indígenas de la Orinoquía colombiana el territorio compuesto por universo, suelo, subsuelo, espíritu, agua, es sagrado y base fundamental para la pervivencia y supervivencia de los pueblos.

Que en la actualidad persisten las amenazas  inminentes de despojo que existen a causa de la política del gobierno en asocio con las transnacionales.

Que la Corte Constitucional a través del Auto 004 de 2009 determinó que todos los pueblos indígenas de la Orinoquia se encuentran en grave riesgo de extinción física y cultural.

Que en desarrollo de la política minero energética, se está afectando directamente los territorios tradicionales y ancestrales, auspiciando el despojo, expropiación y desplazamiento de los pueblos y comunidades indígenas.

Que por ocasión al conflicto armado que se presenta en nuestro territorio, continua la sistemática vulneración y violación de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas.

Que el plan de desarrollo del gobierno “Prosperidad para todos” pretende otorgar los territorios ancestrales de las comunidades indígenas de la Orinoquia a grandes intereses económicos, declarando estos territorios como baldíos, hecho de violencia que ha conducido a que de manera ilegal el Incoder adjudique nuestros territorios a terceros, con la connivencia de los jueces de la región, que están realizando procesos de lanzamiento de nuestros pueblos, como en el caso de la comunidad indígena Puerto Colombia ubicada en el municipio de Puerto Carreño,   la cual está en riesgo de extinción de conformidad a lo señalado en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, comunidad que tiene 22 horas para ser desalojada.

Que el Decreto 1465 de 10 de julio de 2013, pretende desconocer el derecho natural de primeros propietarios ancestrales de los pueblos indígenas convirtiéndose en una amenaza para la protección  propiedad ancestral.

Teniendo en cuenta que las comunidades indígenas venimos  protegiendo milenariamente e históricamente el ecosistema biológico,  manteniendo así el equilibrio natural del medio ambiente, consideramos  que el proyecto REDD+  implica la privatización y mercantilización de los bosques colocando en riesgo la soberanía alimentaria y la autonomía de nuestros pueblos indígenas.

Teniendo en cuenta además  que  los estudios de exploración sísmica para la extracción de hidrocarburos, están generando daños irreversibles e irreparables a la salud, cultura, economía, supervivencia física y espiritual.

Que la política minero energética atenta de manera profunda la supervivencia de nuestros pueblos debido a que el Estado pretende mediante la figura de las zonas mineras indígenas y el supuesto derecho de la prelación imponer la vocación minera en nuestro territorio.

Que el otorgamiento indiscriminado y masivo de títulos mineros de manera inconsulta obstaculiza el goce efectivo de nuestros derechos ante el territorio.

Que  existe una discriminación étnica estructural por parte del Estado, representado en sus instituciones en la región de la Orinoquia, como el caso de la gobernación del Vichada, las alcaldías de Cumaribo y Puerto Carreño, las personerías municipales de Cumaribo  en cabeza de Rosendo Rey y David Benito del municipio de Puerto Carreño, la Defensoría del Pueblo regional del Vichada en cabeza de Rafael Cotes, la Defensoría del Meta Eduardo  González, el Incoder del Vichada en persona de Nery Oroz, Bienestar Familiar, Coorporinoquia, Fiscalía y Tribunal Administrativo de Villavicencio que vienen realizando acciones constantes de discriminación, que han pretendido truncar el goce efectivo de nuestros derechos,  desconociendo la aplicación de las normas constitucionales que  logramos los pueblos indígenas en 1991.

Consideramos que todos estos actos narrados en estos considerandos,  pretenden en virtud  del desarrollo de las políticas estatales generar un desarraigo territorial de los pueblos indígenas  y un genocidio premeditado de nuestros pueblos que hoy están en grave riesgo de desaparición física y cultural.

De conformidad con lo anteriormente expuesto

RESUELVEN:

1. Elevar el sector agrícola tradicional, la diversidad étnica cultural, y las fuentes hídricas a patrimonio de la humanidad y de utilidad pública, por encima de los intereses económicos y en particular del sector minero energético.

2. Declarar zonas libres de minería los territorios indígenas de la Orinoquía.

3. Suspender y revocar los títulos mineros otorgados porque atentan contra la función ecológica de nuestros territorios.

4. Exigir a las empresas mineras que han contaminado, salir de los territorios y responder por los daños y perjuicios en lo ambiental, cultural, económico y social, ocasionados en el desarrollo de su actividad, en particular a la empresa Pacific Rubiales en los campos: Rubiales, Kifa y Cagua, cuyas operaciones se desarrollan en territorios ancestrales.

5. Solicitar a las entidades de control, investigar las conductas contrarias a derecho, cometidas por acción u omisión por los funcionarios asignados, por otorgar concesiones mineras, energéticas y de hidrocarburos en los territorios indígenas.

6. Solicitar al Ministerio de Minas y Energía, INGEOMINAS y las autoridades mineras, ANH abstenerse de otorgar concesiones mineras y de hidrocarburos en los territorios de los pueblos indígenas.

7. Requerir a la Corte Constitucional que ordene al Estado colombiano anular los títulos mineros y de hidrocarburos en los territorios de los pueblos indígenas como una medida de cumplimiento de los planes de salvaguarda y el programa de garantías ordenado en el Auto 004 de 2009 por la honorable Corte Constitucional.

8. Solicitar a la Corte Constitucional que garantice el derecho fundamental al territorio de la comunidad de Puerto Colombia en el municipio de Puerto Carreño y al Consejo Superior de la Judicatura hacer las investigaciones disciplinarias sobre comportamiento de los jueces administrativos del Meta.

9. Exigir al ICBF, resarcir los derechos violentados a las comunidades indígenas de la Orinoquia mediante del precepto constitucional de la familia como base de la sociedad, regresando los menores dados en adopción de forma arbitraria, a las familias de los pueblos indígenas de la Orinoquia y abstenerse de realizar los procedimientos ilegales e inconsultos de adopción de menores indígenas.

10. Exigir al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda buscar de manera inmediata los recursos  para el saneamiento, ampliación y constitución de resguardos en la Orinoquía.

11. Exigir al gobierno nacional y al INCODER acelerar los procesos de seguridad jurídica de los territorios ancestrales considerados como baldíos.

12. Solicitar que el proyecto  REDD+ o proyectos similares sean retirados del territorio indígena como el caso de ACATISEMA.

12. Requerir a la Procuraduría delegada de pueblos indígenas, realizar las acciones pertinentes por los constantes hechos de discriminación étnica y por el incumplimiento de su función constitucional de divulgar, proteger y promover los derechos étnicos de los pueblos indígenas en particular: al defensor regional del Vichada Rafael Cotes, al Defensor Regional Meta Eduardo González, al personero municipal de Cumaribo Rosendo Rey, Personero Municipal de Puerto Carreño José David Benito, a los  funcionarios ICBF que por acción u omisión han violentado los derechos de las familias indígenas.

13. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA otorgar medidas cautelares de protección a la comunidad de Puerto Colombia y demás comunidades en riesgo de exterminio físico y cultural por las políticas de acaparamiento de territorios, de industrias extractivas en los territorios indígenas de la Orinoquía Colombia.

Publíquese y Cúmplase

8 Agosto de 2013, resguardo Santa Teresita el Tuparro, Municipio de Cumaribo, Departamento del Vichada.

Con copia:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Presidencia de la República, Corte Constitucional, Congreso de la República, Consejo de Estado, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos,  Relator de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Ministerio del Interior y de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Procuraduría Delegada de Pueblos Indígenas.

Firmas

ASCATIDAR -Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de Arauca, CRIVI -Concejo Regional Indígena del Vichada, UNUMA -Unión de Trabajo para la Defensa de la Vida del Meta y Vichada, ASOCAUNIGUVI -Asociación de Cabildos y Autoridades Unión de Guainía y Vichada, ORIC -Organización Regional Indígena del Casanare, ACATISEMA -Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de la Selva Mataven, Palameku, ACIM UNUMA -Asociación de Cabildos Indígena del Meta, ORPIBO -Organización Indígena del Bajo Orinoco, ASAISOC -Asociación de Autoridades Indígenas Sálibas de Orocue Casanare y la ONIC -Organización Nacional Indígena de Colombia.

 

Autoridad Nacional de Gobierno Indígena - ONIC