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Abril 24 de 2020

La ONIC - Autoridad Nacional de Gobierno Indígena elabora periódicamente el boletín informativo para contribuir a la toma de decisiones oportunas y pertinentes de las autoridades tradicionales, que se encuentran actuando en Derecho Propio para la protección de los territorios y comunidades así como de organizaciones sociales, entidades de cooperación e instituciones gubernamentales, y aunar esfuerzos que permitan garantizar la pervivencia y la integridad de los 115 pueblos y naciones indígenas frente a la pandemia. De acuerdo a las orientaciones de los Mayores y Mayores, a partir del Boletín 004 no se hace referencia al nombre científico del virus.

La pervivencia de los pueblos y naciones indígenas es un imperativo ético y una necesidad para toda la sociedad, al ser guardianes de la memoria histórica de la Nación y garantes de la protección de los bienes naturales comunes de todas y todos los colombianos

Metodología

Se han relacionado espacialmente los reportes del Instituto Nacional de Salud (INS) a la ubicación de los centros poblados donde el Gobierno Nacional ha confirmado la presencia de casos y la ubicación georeferenciada por la ONIC de las comunidades indígenas, en las áreas rurales del país^[1] así como algunas comunidades en contexto de ciudad. De manera, que se vincula en el análisis la expansión territorial que ha venido presentando el contagio de este virus junto con los indicadores de Prevalencia y Letalidad a nivel municipal con la ubicación de las comunidades indígenas, en un rango variable entre 15 kilómetros y 45 kilómetros, lo que significa que a mayor intensidad de la prevalencia y letalidad mayor será el área territorial en riesgo para las comunidades indígenas y la población en general. En el caso de la prevalencia el énfasis en el análisis se da por la probabilidad de contagio y en la letalidad se relaciona con elementos como  la capacidad de atención médica y  la estructura  poblacional de los municipios según esta sea joven o más envejecida.

El objetivo del Sistema de Monitoreo Territorial - SMT es alertar a los pueblos y naciones indígenas a tiempo, acorde al comportamiento del patrón de contagio y las probabilidades de contagio expresadas por la intensidad de las interacciones, las vulnerabilidades presentes en los  territorios y las acciones gubernamentales locales, regionales y nacionales emprendidas para contener, mitigar, frenar o suprimir la velocidad de contagio de este virus. En este contexto, se determinó ajustar la metodología las veces que sea necesario para contribuir de la manera más fiable a la toma decisiones de población en general y a las autoridades locales, dada la complejidad de esta crisis sanitaria y la existencia de nuevas fuentes de información; buscando anticipar respuestas locales ante el patrón de expansión espacial de la pandemia, las probabilidades de contagio y las vulnerabilidades presentes en el territorio, ya que los pueblos indígenas son conscientes que el tiempo para fortalecer sus medidas de autoprotección y control territorial cada vez es menor, y que las respuestas gubernamentales no están siendo oportunas ni eficaces para contener y controlar las pérdidas humanas, culturales, sociales, espirituales y económicas que puede la crisis sanitaria acarrear en los pueblos indígenas y comunidades rurales. Por estas razones, se insta a las autoridades indígenas a fortalecer su gobernanza, control territorial y capacidades autonómicas para construir escenarios que garanticen la pervivencia de los pueblos y comunidades.

El Boletín se concibe como un esfuerzo colectivo en el que a partir de la edición 005 del pasado 1 de abril, se han sumado otras voces de pueblos indígenas y étnicos; la Confederación Indígena Tairona (CIT) de la Sierra Nevada de Santa Marta se articuló con el Sistema de Monitoreo Territorial (SMT), en el marco de esta emergencia de salud, desde el día 2 de abril.

Es preciso anotar que dados los cambios en la presentación de la información oficial del Instituto Nacional de Salud (INS), en la que ahora aparecen 6 fechas distintas, a saber: fecha de notificación, fecha de ingreso al sistema, fecha de muerte, fecha diagnóstico, fecha de recuperación y fecha de reporte web, desde nuestro Boletín 016 con corte a 19 de abril, se ha tomado como referencia de los cálculos la Fecha de ingreso al sistema o FIS, por ser la fecha más cercana al período de contagio. En aquellos casos en los que el paciente es asintomático, se toma como referencia la fecha de diagnóstico, con la que se trabajaba previamente por ser la única que presentaba el Instituto Nacional de Salud (INS).

¿Qué contiene este boletín? El Boletín 018 presenta lo siguiente:

• Actualización del mapa: al corte de este boletín se registra un total de 250.069 familias indígenas en alerta por probabilidad de contagio, es decir, 396 familias más, respecto del Boletín 017, lo que equivale a un incremento del 0,2%.
• Seguimiento a casos y alertas: YUKPAS, MUISCAS y YANAKUNAS: Crisis sistémica a nivel salud pública en la región y el país, afecta el derecho de los pueblos indígenas a la vida. Respeto al aislamiento como ejercicio de gobierno propio del Pueblo AWÁ, Policía Nacional y erradicadores arremeten y asesinan a un comunero indígena y dejan 3 heridos. Urgente, Decreto 546 de 2020 sobre excarcelación requiere de enfoque diferencial integral.
• Recomendaciones: a las autoridades y comunidades indígenas, nuestros mayores nos indican que debemos prepararnos para responder a la crisis sanitarias fortaleciendo nuestro conocimiento ancestral e intercultural sobre el virus e; implementando el ejercicio autónomo de vigilancia y búsqueda activa de posibles casos de infecciones respiratorias (IRA) con síntomas coincidentes relacionados con el virus en los territorios indígenas y reportar todos los casos  al SMT, con las consideraciones que tengan bien hacer sobre el manejo de la información.
• Requerimientos: Garantizar la destinación para Pueblos Indígenas de al menos el 5% de las pruebas anunciadas por el Ministerio de Salud que deberían haber llegado a partir del 21 de abril. Ante la tragedia denunciada por el Pueblo AWÁ, suspender inmediatamente las operaciones de erradicación forzada en territorios indígenas, respetando las decisiones de las autoridades tradicionales y el ejercicio de gobernanza y control territorial que están haciendo como defensa ante la pandemia. Garantizar que la implementación del decreto de excarcelación se realice sobre la base de la plena identificación de los indígenas privados de la libertad que cumplen con los requisitos del Decreto en mención y las autoridades indígenas del Pueblo al que pertenecen.

Los casos de contagio han venido presentando un patrón de expansión que inicialmente se centró en las ciudades capitales con más de 800 mil habitantes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, las cuales acumulan a la fecha más del 66,6% de los casos, y se va trasladando a municipios intermedios con población entre 700 y 100 mil habitantes para propagarse hacia municipios con población inferior a 100 mil habitantes, cerca de los cuales se encuentran la mayoría de los territorios indígenas. Actualmente, el 5,8% de los casos acumulados (266) se presentan en ciudades con menos de 20.000 habitantes o categoría 5 y 6^[2], de tal manera que se confirma la tendencia de acumulación de casos en municipios que no poseen la infraestructura en el sistema de salud para hacerle frente de manera adecuada a la pandemia; es esta tendencia de ondas de expansión cíclicas, la que nos ha llevado a introducir el concepto de Letalidad^[3] en el presente análisis y para hacerlo más real a los contextos que viven las diferentes poblaciones. Los datos del Instituto Nacional de Salud (INS) y del Sistema de Monitoreo Territorial (SMT) - ONIC indican que el número de municipios nuevos a los cuales se ha traslado la pandemia son 3: Santa Rosa (Bolívar), Guaduas (Cundinamarca) y Sabanagrande (Atlántico).

Gráfico 1. Número de casos confirmados y porcentaje acumulado según categoría Municipal.

Fuente: COVID-19 Colombia | Reporte 23-04-2020-Corte- 4PM, Instituto Nacional de Salud, categorización de departamentos, distritos y municipios, contaduría de la Nación, 2020.  Elaboración: Equipo de población y Equipo de Articulación, Monitoreo y Producción de Información ONIC.

Las declaraciones del Ministro de Salud del pasado 14 de abril en las que admitió que no se hacen suficientes pruebas masivas, que las que se están haciendo son por demanda y se realizan en 47 laboratorios de los cuales 7 son públicos y 40  privados y además, que no hay reactivos ni insumos para las pruebas de tipo serológico (sangre), los cuales anunció que llegarán al país después del 21 de abril, indican que la estrategia de contención del virus no es integral y por tanto, los anuncios que empieza a emitir el Gobierno Nacional, para colocar el énfasis en la protección y la bioseguridad, con el fin de cerrar  la cuarentena,  revelan los matices de una política irresponsable porque no es posible, sin pruebas, valorar realmente el comportamiento de la pandemia en el país. También expertos independientes manifiestan que cuando la letalidad supera el rango normal de 0-3%, es producto del subregistro de casos que reportan los países o por la falta de test masivos y el retraso en la confirmación de los que realizan, de manera que, a la fecha Colombia posee una letalidad promedio de 4,31%, lo que nos indica que si se realizan test de confirmación masivos del virus, el número de casos rondaría alrededor de los 8.000 a la fecha.

Siguiendo los hallazgos de epidemiólogos del Imperial College London^[4], sobre el número probable de contagios, hospitalizaciones, personas que requieren cuidados intensivos y fallecimientos para el escenario de América Latina cuando los países asumen una estrategia de aislamiento social generalizado y de las personas mayores de edad(caso Colombia), el número de casos en cada una de las categorías analizadas nos indica que aún no existe claridad por parte de la opinión pública de los costos y sacrificios que esta pandemia nos implica como sociedad y resulta poco razonable en este contexto, el experimentar con aperturas parciales de la fuerza laboral en las principales ciudades donde el número de iteraciones sociales es alto y la población expuesta al riesgo de contagio es la mayor (Gráfico 2 y Tabla 1).

Gráfico 2. Número de personas contagiadas, hospitalizadas, en cuidados intensivos y fallecidas  por cada 1000 habitantes según regiones

Tomado de: Short-term forecasts of COVID-19 deaths in multiple countries, Imperial College London, 19 abril 2020; tomado de https://mrc-ide.github.io/covid19-short-term-forecasts/index.html#introduction el 22 de abril de 2020.

Acorde a lo analizado en el Boletín, el contagio se ha venido trasladando a ciudades intermedias y con menor población (<100.000 habitantes), situación que causará daños irreparables a las poblaciones indígenas, como sujetos de especial protección constitucional y titulares colectivos de derechos fundamentales, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-973 de 2014. Para evitar esta situación continuamos exigiendo que se realicen pruebas masivas territorializadas y que se apoye a las autoridades indígenas en el monitoreo y las brigadas de salud propias que se están implementando en algunas comunidades y que se necesitan realizar en todas, para la detección temprana de personas contagiadas sintomáticas y asintomáticas y poder contener la expansión del virus.

Esta preocupación del Movimiento indigena de Colombia se sustenta en la ineficiencia y ausencia de enfoque diferencial gubernamental para atender esta crisis de salud en los territorios indígenas que hoy se encuentran en riesgo por prevalencia, letalidad y cercanía a las ciudades con casos confirmados del virus, aunado a la falta de claridad sobre la estrategia real propuesta por el gobierno nacional y la estimación de las pérdidas humanas que los diferentes sectores de la población rural colombiana tendrán que asumir en su entorno comunitario y familiar mientras se transita por esta  pandemia. Siguiendo los resultados del Imperial College London, la ONIC ha estimado en un escenario conservador^[5] que para el caso colombiano el número de pérdidas humanas podría llegar a 128.560 vidas y en el caso de la población indigena a 5.657, en este sentido, con el acompañamiento de académicos y expertos en el tema hemos iniciado  la construcción de un modelo de análisis que vincule la preexistencia de enfermedades y vulnerabilidades de los territorios rurales donde habitan las poblaciones indígenas. Todo lo anterior, para que se posibilite un espacio de interlocución de alto nivel con el Gobierno Nacional acerca de las estrategias y acciones a emprender en nuestros territorios que garanticen la pervivencia de los pueblos indígenas.

Tabla 1. Estimaciones Iniciales para el caso colombiano e indigena según los hallazgos del Imperial College London, 19-abril 2020

 

Los diferentes reportes allegados al SMT, continúan mostrando que la falta de garantías alimentarias, de bioseguridad y agua potable para el ahora “aislamiento obligatorio preventivo, colaborativo e  inteligente”, extendido hasta el 11 de mayo, son variables que profundizan la vulnerabilidad de los pueblos y naciones indígenas, que ya han adoptado los planes de contingencia necesarios y están implementando a partir de sus propias capacidades y sin apoyos efectivos del Gobierno Nacional. A estos factores se suma el recrudecimiento del conflicto armado como se ha evidenciado en los casos de los Embera Dóbida en la cuenca del río Truandó, los Embera Katío del río Salaquí (municipio de Riosucio), Embera Dóbida del río Opogadó (municipio de Bojayá), en el departamento de Chocó, el pueblo Nasa en el municipio de Corinto, norte del departamento del Cauca y los recientes hechos en el Resguardo Inda Sabaleta de Tumaco, Nariño, en el marco de una acción vulneratoria de la autonomía y la vida del Pueblo Awá, por parte de la Policía Nacional.

Por todo esto y siguiendo la recomendación de nuestras autoridades espirituales de no temerle a este virus,  conocerlo y entenderlo es la mejor defensa para organizarnos en los territorios y responder con sabiduría a este nuevo desafío de pervivencia. Continúa siendo imperativo que las autoridades y organizaciones indígenas agilicen la adopción de las decisiones que permitan avanzar con contundencia en dos sentidos, el cultural: afianzando la decisión de VOLVER AL ORIGEN especialmente a través de rituales de armonización y recuperación de la autonomía alimentaria en todos los territorios indígenas  y en términos interculturales: iniciando la vigilancia y búsqueda activa de posibles casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) tomando las precauciones necesarias y sin tener contacto físico en una distancia menor a 1,5 metros con las familias entrevistadas, priorizando los territorios indígenas que se encuentran más cerca a los centros poblados con casos confirmados del virus.

Desde el Boletín 009, se emitieron dos tipos de ALERTA de riesgo para las familias indígenas: una, derivada del análisis de riesgo por cercanía a centros poblados que a la fecha registra un número de 250.069 familias en alerta por probabilidad de contagio y el riesgo derivado por crisis humanitaria que conlleva a mantener la alerta general para las 535.113 familias indígenas identificadas por la ONIC y cuyas posibilidades de afrontar la pandemia se ven disminuidas, al no contar con las condiciones humanitarias requeridas para el aislamiento preventivo obligatorio, colaborativo e inteligente, ahora extendido hasta el 11 de mayo a las 11:59 p.m. La ONIC - Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, con base en la Ley de Gobierno Propio[6], tiene la obligación de actuar jurídica, política y organizativamente en pro de la defensa de la vida, en especial, la protección de la niñez indígena y en contra de los procesos de extinción física y cultural que atentan contra la pervivencia de los pueblos indígenas asume para el cumplimiento de su responsabilidad emitir alertas epidemiológicas que permitan notificar hechos y situaciones que respondan a los lineamientos definidos por la Organización Mundial de la Salud y que ameriten la emisión de estos comunicados.

Hay que tener presente que aunque en este boletín, el aumento del número de familias en condición de riesgo de contagio es de 396, lo que equivale a un incremento de 0,2%, ya que nuevos municipios con población menor a 100 mil habitantes continúan presentando casos confirmados del virus, podemos afirmar que continúa la expansión territorial, ya no a un ritmo exponencial, pero sí con una tendencia creciente (y = 230,17x2 + 1323,5x - 13724 R² = 0,9398). Es preocupante que el número de casos confirmados que se presentan en los municipios categoría 5 y 6 siga creciendo en su valor absoluto (266) y porcentual (5,8%) pues estos municipios que están más cerca de los territorios indígenas no cuentan con la capacidad de respuesta hospitalaria y del sistema de salud (Ver Gráfico 1 y  3).

Gráfico 3. Tendencia de expansión del riesgo en familias indígenas según cercanía ponderada  por  prevalencia y letalidad que se presenta en los Cascos Urbanos con casos confirmados del virus.

Fuente: Georeferenciación de Comunidades Indígenas, ONIC 2020, Instituto Nacional de Salud, COVID-21 Colombia | Reporte 23-04-2020-Corte 4pm. Elaboró: Equipo de Población ONIC y Equipo de Articulación, Monitoreo y Producción de Información ONIC.

El virus, según el mapa presentado por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, se ha expandido a 26 departamentos y 188 municipios a corte del 23 de abril. Dada la cercanía de las comunidades y territorios indígenas a estas áreas y su estrecha relación social, económica y cultural con estos centros poblados, se identifican 20 departamentos y 148 áreas, es decir, que hay contagio en el 39,5% de los municipios^[7] con población indígena en área rural y urbana que coinciden con los identificados a nivel nacional. Se incrementa el número de familias en riesgo en 396 alcanzando a la fecha un total de 250.069 familias indígenas. De tal manera que se recomienda a los pueblos y naciones indígenas que habitan en los departamentos de Amazonas y César, ADOPTAR todas las medidas de gobierno propio dirigidas a reducir la frecuencia de las interacciones sociales con los centros poblados de los mencionados municipios o con aquellos que poseen casos confirmados del virus dado el incremento de riesgo que se presenta para el actual boletín, fortaleciendo los ejercicios de gobernanza, control territorial, cooperación entre pueblos, trueque, entre otras, sin esperar que en el corto plazo el Gobierno Nacional sea capaz de atender la crisis humanitaria que se ha provocado producto del aislamiento obligatorio^[8]; De la misma manera, la ONIC ha identificado que los departamentos con mayor número de familias en riesgo de verse afectadas por la pandemia son: Nariño, Cauca, Córdoba, Sucre y La Guajira, los cuales acumulan el 84% de las familias identificadas en riesgo por Sistema de Monitoreo territorial^[9] (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Familias Indígenas en áreas rurales y urbanas  por departamentos en riesgo por contagio a 23  de abril de 2020

Fuente: Comunidades indígenas de Colombia georeferenciadas, ONIC, 2013-2020, COVID-19 Colombia | Reporte 23-04-2020-Corte- 4PM, Instituto Nacional de Salud. Elaboración: Equipo de Población y Equipo de Articulación, Monitoreo y Producción de Información ONIC.

El análisis de expansión espacial del virus indica que para el 23 de abril de 2020, los pueblos indígenas Yagua y Arhuaco deben fortalecer y/o consolidar las medidas de contención y de control territorial frente a la pandemia.. En el caso de los departamentos de Amazonas y Cesar, deben mantener y reforzar los ejercicios de contención debido al gran número de centros poblados y comunidades con viviendas adosadas (continuas) que poseen en su territorio; y en el caso de Amazonas por la dinámica de la frontera panamazónica. En general, el incremento es de 0,2% del número de familias que entran en condición de riesgo en virtud de su cercanía a las cabeceras municipales donde existen casos de contagio confirmados por parte del Gobierno Nacional, cabe explicar que a partir del Boletín 017 se ha producido un ajuste respecto de los boletines anteriores, donde las variables de prevalencia y letalidad determinan los rangos en número de kilómetros a tener en cuenta para definir el riesgo por cercanía a centros poblados con presencia de casos del virus confirmados, este ajuste metodológico implica que se pueden presentar variaciones negativas en el número de familias en riesgo, dependiendo del mejoramiento de las condiciones de prevalencia y letalidad en los municipios con casos confirmados; como en el caso de Los Pastos y Embera Chamí en el presente Boletín (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Familias Indígenas en áreas rurales y urbanas por pueblo en riesgo por contagio a 23 de abril de 2020

Fuente: Comunidades indígenas de Colombia georreferenciadas, ONIC, 2013-2020, COVID-19 Colombia | Reporte 23-04-2020-Corte- 4PM, Instituto Nacional de Salud. Elaboración: Equipo de Articulación, Monitoreo y Producción de Información ONIC

 

Gráfico 3. Evolución de la incidencia y prevalencia^[10] del Virus a nivel Nacional con corte a 23 de abril de 2020

Fuente: Instituto Nacional de Salud, COVID-19 Colombia | Reporte 23-04-2020 - Corte 4pm. Elaboró: Equipo de Población ONIC y Equipo de Articulación, Monitoreo y Producción de Información ONIC

La evolución de la prevalencia de la pandemia marca una tendencia irregular en el día a día pero, claramente creciente y por ende no se puede asegurar que a nivel nacional se presenten signos de aplanamiento de la curva. Según lo han manifestado por la experta epidemióloga Dra. Zulma Cucunubá del London Imperial College, se está presentando una supresión en el ritmo de crecimiento de la curva, es decir, se está desplazando el pico más álgido y ganando tiempo para evitar un colapso del sistema de salud. Sin embargo, una vez se levante el aislamiento obligatorio se retornará a un escenario de rápido contagio, demanda sobre el sistema de salud y aumento del riesgo en relación a la pérdida de vidas.

Las fallidas declaraciones del Ministro de Salud respecto de lo que en su opinión es el “aplanamiento de la curva”,  que fueron rectificadas por la experta epidemióloga, Dra. Zulma Cucunubá nos indica que no necesariamente se ha presentado a la ciudadanía la verdadera magnitud de la problemática o no se tiene la capacidad técnica y científica para proyectarla, lo que nos lleva a considerar que el “aislamiento preventivo, obligatorio, colaborativo e  inteligente” será  un escenario de alta incertidumbre pues no es claro ¿cuál es la estrategia del gobierno nacional para el manejo sanitario y social de la pandemia? y tampoco se ha hecho público ¿cuál sería el universo de población contagiada que para el caso colombiano se proyecta  en lo que se denomina pico epidemiológico?.

Desde el Boletín 009 con corte de información de 7 de abril se ha analizado la prevalencia del virus en el país tomando como referencia la única fecha que presentaba el Instituto Nacional de Salud - INS, que se corresponde con la fecha de diagnóstico. Basados en esta información hemos hallado que la evolución de la prevalencia de la pandemia no ha dejado de marcar una tendencia creciente; la nueva información dispuesta por el INS, ahora con modelos a nivel de ciudades capitales, así como las más recientes publicaciones de las Secretarías de Salud departamentales, dejan entre ver la necesidad de analizar indicadores como la prevalencia y la letalidad de manera regional y territorial, siendo este un nuevo reto en relación con los territorios indígenas.

En este escenario se hace pertinente aunar esfuerzos con instituciones científicas y académicas independientes que permitan tener una valoración más objetiva de la pandemia en el país y realizar la respectiva incidencia para que los planes de contingencia elaborados por los pueblos y naciones indígenas sean apoyados por parte del Gobierno Nacional, al tiempo que se destine un 5% de las pruebas de tamizaje (47 mil iniciales), que se han anunciado llegarán al país a partir del 21 de abril, para las comunidades indígenas que hoy presentan mayores niveles de riesgo, incluyéndose como parte de los conglomerados de la población más vulnerable.

 

SEGUIMIENTO DE CASOS Y ALERTAS

El seguimiento a los casos confirmados y a las alertas emitidas en los diferentes boletines se hará teniendo presente los siguientes criterios:

Casos: el seguimiento a los casos se circunscribe a los datos relacionados directamente en los reportes del SMT, sobre  contagio en los pueblos o de miembros de pueblos indígenas

• Se publicarán en el boletín los casos (confirmados o por confirmar) reportados al SMT que afectan territorios, comunidades, pueblos o naciones indígenas. Hay que tener presente que esta información es tamizada por las autoridades tradicionales, pudiéndose dar que en algunos casos por situaciones de orden público, conflictividad social, previendo estigmatización, no sea publicada en el boletín
• Los casos relacionados con personas indígenas (confirmados o por confirmar) reportados al SMT que por estar en contexto de ciudad u otra condición no implican riesgo de contagio a nivel de una comunidad o territorio, serán orientados hacia las autoridades u organizaciones para su respectivo apoyo. Estos reportes continuarán siendo recibidos por el SMT, no obstante no serán publicados en el Boletín, exceptuando aquellos casos en los que se necesite establecer el rastro epidemiológico.

Alertas: como se ha explicado en el boletín se establecen dos tipos de alertas, aquellas que están relacionadas con la cercanía de los territorios indígenas a centros poblados donde se hayan confirmado casos  o que se encuentran cerca de fronteras en las cuales se han confirmado casos, y otras  las alertas emitidas en relación a la agudización de  los factores de vulnerabilidad, bien sea de tipo humanitario, sanitario, ecológico, necesidades básicas insatisfechas, conflicto armado, pobreza multidimensional, afectaciones de salud, etc  El seguimiento de ambos tipos de alertas serán publicadas en este sección del boletín.

 

-CASOS

YUKPAS, MUISCAS Y YANAKUNAS:  Crisis sistémica a nivel salud pública en la región y el país, afecta el derecho de los pueblos indígenas a la vida.

En estos casos en los que se ha confirmado el diagnóstico a  miembros de estos pueblos indígenas se realizaron pruebas por parte de las entidades de salud correspondientes con el fin de establecer nuevos casos por nexo epidemiológico y poder adoptar las medidas de micro contención para evitar el contagio comunitario y actuar en pro de la mitigación del daño. No obstante, en todos estos casos el SMT - ONIC ha recibido reportes y denuncias que denotan serias dificultades a nivel de articulación institucional y emisión de respuestas oportunas, en algunos casos en relación a la toma y entrega de resultados de pruebas , en otros casos por la falta de una clara estrategia de detección temprana de casos que contribuya al manejo oportuno de probables contagios.

En el caso de la comunidad del pueblo binacional YUKPA, asentado en el Barrio El Escobal, de la ciudad de Cúcuta, el 22 de marzo pasado se realizaron pruebas como parte de un operativo tipo cerco epidemiológico desarrollado por el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, denunciado en su momento por la ONIC como un procedimiento que profundiza el nivel de estigmatización que vive este pueblo. Un mes después siguen sin conocerse los resultados de las mismas, y la comunidad ha denunciado diferentes situaciones de vulneración de derechos, entre ellos, varios casos en los que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF se encuentra adelantando procedimiento de restablecimiento de derechos a cuatro (4) cuatro niños y niñas recién nacidos, inicialmente eran ocho, bajo el argumento de no poder contactar vía telefónica a las madres que una vez dieron a luz en el hospital regresaron al asentamiento en el barrio El Escobal. Este procedimiento resulta a todas luces vulneratorio de los derechos fundamentales de los menores y de sus familias indígenas, por parte de la entidad encargada de salvaguardar los derechos de los niños y niñas en el país. Es preciso recordar que aunque se han recibido apoyos humanitarios, en este asentamiento faltan garantías de todo tipo para el proceso de cuarentena, situación que se agrava por el carácter nómada de los Yukpas y los diferentes cierres en la frontera con Venezuela.

Los Muiscas. Al inicio de la cuarentena o aislamiento preventivo las autoridades del pueblo Muisca, informaron sobre un caso sospechoso de un miembro de esta comunidad, quien había llegado procedente de Europa y realizó la cuarentena respectiva sin que presentará síntomas asociados al virus, no obstante la EPS aplicó la prueba pero a la fecha no se reconoce el resultado oficial de la misma. En el caso de este pueblo se viene manteniendo la alerta por la colindancia con localidades de Bogotá donde hay una alta cifra de casos confirmados.

El caso que se presentó en San José de Isnos, vereda Ciénaga Chiquita en el Departamento del Huila, la organización regional CRIHU nos informa que después de los sucesos que tuvieron que ver con el fallecimiento de un miembro de una familia Yanakuna, en la cual algunos de ellos se encuentran inscritos en el censo del Resguardo, se solicitaron pruebas para el conjunto de la familia y la comunidad con el fin de establecer con prontitud la cadena epidemiológica, alertando posibles casos, en  comunicado emitido ayer por el Resguardo Indígena  Yanakuna San José  señalan que efectivamente a la fecha se han hecho pruebas a 14 familiares de la persona fallecida, algunos de ellos comuneros del Resguardo y que todas han salido negativas.

Insisten en mantener y fortalecer las medidas de contención, en ese sentido preocupa a las autoridades indígenas las garantías para la seguridad alimentaria ya que la  mayoría de los miembros de esta  comunidad trabajan como jornaleros y en cultivos de pancoger.

En  esta  comunidad apenas se está iniciando el proceso de Guardia Indígena, otras comunidades cercanas están apoyando la implementación de las medida de control territorial, sin embargo,  informan que no cuentan con los elementos de bioseguridad requeridos.

 

-ALERTAS

Situación de la Comunidad de Peñas Blancas en la cuenca del río Truandó y de la comunidad Unión Embera Katío del Río Salaquí, en del Departamento de Chocó evidencian la crisis sistémica que  se vive a nivel salud pública en el región y en el país y que  afecta el derecho de los pueblos indígenas a  la vida.

El SMT - ONIC emitió la primera Alerta Epidemiológica propia el pasado 17 de abril ante la información recibida por el promotor de salud de la comunidad Embera Dóbida de Peñas Blancas, quien desde el 15 de marzo, informó a las autoridades municipales y sanitarias de Riosucio sobre la crisis de salud que estaba viviendo su comunidad y que afectaba a más del 25% de sus pobladores, cobrando la vida de una persona de género masculino adulta y dos menores de 3 y 4 meses de edad. Lo anterior indica que había pasado un mes sin que las autoridades tomaran ninguna medida para atender a la comunidad; el hecho que los síntomas informados fueran coincidentes con el virus motivó la alerta epidemiológica de la ONIC, lo cual finalmente contribuyó a que la realización de una brigada de salud. Según el Informe Técnico de la Comisión Médica que se trasladó a la comunidad ubicada en el municipio de Riosucio, esta  hizo presencia los días 19 y 20 de abril e identificó 160 niños, 66 jóvenes y 101 adultos, para un total de 327 miembros y 64 familias, de los cuales 97 personas presentan el  siguiente cuadro clínico:

• Fiebre no especificada: 14 casos (R509)
• Infección aguda de vías respiratorias altas: 10 casos ( L069)
• Infección local de tejido subcutáneo: 32 casos (L089)
• Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso no especificado: 27 casos (A09X)
• Resfriado común: 8 casos (J00X)
• Parasitosis: 6 casos (L029)

Llama la atención que de acuerdo al informe, la Comisión Médica descarta el diagnóstico del virus, específicamente por no encontrar nexo epidemiológico, ya que la comunidad manifiesta que desde que se dio el aislamiento el 23 de marzo no ha entrado nadie ajeno o foráneo, no obstante, de acuerdo a la Circular 005 del 11 de Febrero del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, según la cual debe fortalecerse e intensificarse la vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y otras enfermedades respiratorias, y en términos de detección temprana de casos realizarse la prueba a casos sospechosos, aunado a que este es un territorio con un fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley, deberían haberse realizado las pruebas con el fin de descartar toda posibilidad, sobretodo por la incidencia, que en términos de contagio, puede acarrear una situación de este tipo para todas las comunidades indígenas de la región.

La Comunidad de Juristas AKUBADAURA a propósito del informe sobre el caso de Peñas Blancas, ha compartido con el SMT - ONIC el análisis que realizaron sobre el informe y han planteado una serie de preguntas que por ser de interés del Sistema de Monitoreo Territorial y de la campaña #ONICSalvandoVidas, en el marco del Plan de Contingencia, ponemos en contexto en el presente Boletín 018:  “¿cómo confirmar que no existe el contagio si no es con pruebas? ¿por qué para ir a verificar si se trataba de Covid no llevaron pruebas?, ¿Al departamento del Chocó ya se han enviado pruebas Covid con capacidad de llegar hasta regiones como Riosucio?, ¿Existen en el territorio laboratorios que puedan analizar este tipo de pruebas? . En nuestro concepto hasta tanto no se practiquen las pruebas para detección del COVID y se realice el seguimiento a los casos de la población enferma, especialmente las 24 personas de la comunidad que presentan casos con síntomas relacionados, como son fiebre y la infección aguda de las vías respiratorias, no se podría descartar la no presencia del COVID, y aún más, teniendo en cuenta que ante el estado actual de salud debería el Estado garantizar una ruta de atención permanente en territorio a la comunidad, para tratamiento de las enfermedades presentadas, prevención y actuación ante posibles complicaciones y/o contagio por COVID. (Rocio Caballero Culma, Comunidad de Juristas Akubadaura)”

Para el SMT, el caso de Peñas Blancas, así como el de la Comunidad Unión Embera Katío del Río Salaquí, del cual se han recibido reportes que informan sobre una emergencia sanitaria de igual magnitud a la de Peñas Blancas, son una demostración de la crisis sistémica en relación al derecho a la salud, que ha sido puesta en evidencia y que da cuenta del profundo abandono en el que se encuentran los pueblos indígenas en regiones como el Chocó, con sistemas de salud deficientes, factores sociales como la pobreza y políticos como el conflicto armado, que profundizan el riesgo frente a la pandemia.

 

Tumaco (Nariño), el PUEBLO AWÁ, DENUNCIA que son víctimas de la arremetida de la Policía Nacional y un grupo de erradicadores que a sangre y fuego rompen el aislamiento preventivo obligatorio, que las Autoridades indígenas están implementando en el territorio. Un indígena muerto y tres más heridos.

En horas de la mañana del miércoles 22 de abril de 2020, integrantes de la Policía Nacional, sin mediar consulta ni autorización por parte de las autoridades Indígenas del Pueblo Awá, ingresaron a una de las zonas que se encuentra en proceso de ampliación del Resguardo Inda Sabaleta en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño con el fin de adelantar un procedimiento de erradicación forzada de cultivos de hoja de Coca.

En este lugar se encontraban algunos comuneros del Pueblo Awá, quienes fueron atacados por los miembros de la Policía Nacional los cuales dispararon en su contra, acto en el cual fue asesinado el hermano Indígena Awá, Ángel Artemio Nastacuas, de 35 años de edad, y tres más resultaron heridos.

La Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que cesen estos actos violentos que ya cobraron la vida de un comunero, que profundizan los factores de vulnerabilidad, como los hostigamientos de los cuales vienen siendo víctimas mucho tiempo atrás y que ahora en relación a las medidas de gobierno propio para la contención de virus se han agravado.

Preocupa a la comunidad que en medio de una medida presidencial, como es el aislamiento preventivo obligatorio decretada en virtud de la pandemia mundial, estas personas hayan ingresado al Resguardo de manera ilegal para realizar acciones de erradicación forzada sin ningún tipo de protección ni medidas de bioseguridad, exponiendo de esta manera a toda la comunidad a un posible contagio del virus, y sin tener autorización de las autoridades indígenas que han decretado la prohibición tanto de ingreso de personas como de salida de comuneros y comuneras de sus territorios, lo cual vulnera el derecho a la autonomía y el gobierno propio del pueblo Awá.

En este sentido, la UNIPA señala que las medidas del Gobierno Nacional no pueden ir en contravía de los derechos de los Pueblos Indígenas, ni pueden poner en riesgo la vida de las comunidades, y que por el contrario deben cumplir su deber de dar atención integral a las comunidades, lo cual a la fecha no ha sucedido. Por el contrario, han recibido este tipo de acciones represivas y violentas en cabeza de la Policía Nacional, y exigen la suspensión inmediata de la erradicación forzada al interior de los territorios de las comunidades Awá, así como una oportuna investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente, y en el marco de la pandemia, el Pueblo Awá organizado en  UNIPA manifiesta que la falta de atención en materia de salud, la precariedad de las vías de acceso, así como las condiciones de vivienda y alimentación, han empeorado sin que el gobierno brinde atención alguna. Ver comunicado No. 003-2020 “En medio de la cuarentena, los erradicadores arremeten contra el Resguardo Inda Sabaleta, dejando a un indigena Awá muerto y tres heridos más”, disponible en https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/3796-en-medio-de-la-cuarentena-los-erradicadores-arremeten-contra-el-resguardo-inda-sabaleta-dejando-a-un-indigena-awa-muerto-y-tres-heridos-mas

URGENTE,  decreto 546 sobre excarcelación  requiere de enfoque diferencial integral.

Ante la expedición del decreto 546 del 14 de abril de 2020 y las medidas de excarcelación allí dispuestas, las autoridades indígenas ven con inquietud esta medida, respecto a los comuneros y comuneras indígenas privados de la libertad, ya que no contempla de manera integral el enfoque diferencial y por tanto, no considera el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las comunidades a las que posiblemente puedan regresar las personas beneficiadas con la medida de excarcelación.

La vulnerabilidad implica factores como la falta de pruebas para detección temprana de casos a la población carcelaria del país, problemas de disponibilidad de lugares adecuados para recibir a los excarcelados, así como aquellos derivados del conflicto armado y la crisis humanitaria se agrava en los territorios indígenas por cuenta de nulas condiciones para el aislamiento obligatorio. A la fecha, no se cuenta con la información completa y necesaria sobre los y las indígenas que se encuentran en centros penitenciarios, ni su estado de salud, así como tampoco sobre quiénes se verían beneficiados por esta medida.

En respuesta al derecho de petición presentado por el movimiento indígena, el INPEC informó que hay un total de 1496 indígenas privados de la libertad, de los cuales y con base en la respuesta de la entidad, el equipo jurídico de la ONIC afirma que solo es posible aplicar el criterio señalado en el Decreto 546 de 2020 referido a la edad, para concluir que cerca de 88 indígenas privados de la libertad, 2 mujeres y 86 hombres, estarían dentro de las condiciones de la excarcelación como medida para evitar el riesgo de contagio del virus por tener más de 59 años de edad.

Frente a este panorama, se requieren acciones coordinadas entre las autoridades del Estado y las autoridades Indígenas con el fin de proteger integralmente los derechos de los Indígenas privados de la libertad respecto al virus y así mismo, la salud de los pueblos indígenas frente a la implementación de la medida para evitar exponerlos a un contagio masivo, y poder garantizar el aislamiento preventivo de quienes se verían beneficiados por la medida.

Sobre aquellos que no resulten beneficiados por las medidas contempladas en el decreto 546 de 2020, manifestamos que no es claro si existen medidas adicionales de protección al interior de los establecimientos carcelarios, teniendo en cuenta también la situación ya reportada de casos de fallecimientos y contagio, que se suma a la crisis sanitaria estructural existente en las cárceles del país. Al día de hoy, se han confirmado cerca de 60 casos de contagio en cuatro establecimientos carcelarios operados por el INPEC, con presencia de indígenas privados de la libertad, en Bogotá, Florencia, Guaduas y Villavicencio, además de dos muertos por causa del virus.

Dentro de las disposiciones del decreto en mención, se consagra el enfoque étnico para los procedimientos, de forma que: “el procedimiento de traslado y la definición del sitio de ejecución de las medidas de detención y prisión domiciliarias transitorias de las personas privadas de la libertad caracterizadas como población indígena, domiciliadas al interior de sus territorios, serán acordados con las autoridades indígenas con jurisdicción en dichos territorios”. Sin embargo resulta apremiante que los acuerdos y los ejercicios de coordinación interjurisdiccional se realicen sobre la base de la plena identificación de los indígenas privados de la libertad que cumplen con los requisitos del Decreto en mención y las autoridades indígenas del Pueblo al cual pertenecen o por intermedio de las organizaciones nacionales o locales, a fin de garantizar las condiciones de seguridad sanitaria y proporcionar la información y pedagogía que permita hacer el debido seguimiento y control junto con las autoridades de los Pueblos Indígenas.

 

RECOMENDACIONES

Dado que la situación no ha cambiado, se mantienen las recomendaciones, así:

*A las Autoridades Indígenas:

• Fortalecer la gobernanza, medidas de control territorial y capacidades autonómicas para construir escenarios que garanticen la pervivencia de los pueblos y comunidades en el marco de la pandemia.
• Implementar el ejercicio autónomo de vigilancia y búsqueda activa de posibles casos de infecciones respiratorias (IRA) con síntomas coincidentes relacionados con el virus en los territorios indígenas y reportar la identificación y georeferenciación casa a casa de casos sintomáticos e implementación de protocolos para la micro contención del virus en las comunidades, extremando las medidas de bioseguridad, la aplicación de la medicina tradicional y el apoyo comunitario a las familias afectadas.
• Reportar todos los casos al SMT, con las consideraciones que tengan bien hacer sobre el manejo de la información, no obstante consideramos vital que para desplegar diferentes acciones que permitan dar respuesta y atención oportuna a un posible contagio. Es importante que se informe sobre el total de los casos confirmados o por confirmar ( sospechosos).

 

CONTACTOS PARA ARTICULACIÓN  Y REPORTE AL SISTEMA DE MONITOREO TERRITORIAL ONIC

MACRO CENTRO ORIENTE:              Consejero Heber Tegria: 3173658944 / Yamile Usgame: 3132928493
MACRO NORTE:                                  Consejera Lejandrina Pastor: 3215654600 / Vivian Calvo: 3142373781
MACRO OCCIDENTE:                         Gerardo Jumí: 310 2922844 / Jennifer Montaño: 3213476971
MACRO ORINOQUIA:                          Consejero Felipe Rangel: 3114598437 / Yormery Avendaño: 3124818470
MACRO AMAZONIA:                            Consejero Rosendo Ahue: 3213061147 / Stefany Pérez: 3118285060

 

REQUERIMIENTOS

*Al Gobierno Nacional  y Gobiernos territoriales

• Garantizar la destinación para Pueblos Indígenas de al menos el 5% de las pruebas anunciadas por el Ministerio de Salud y Protección Social a realizarse a partir de la llegada, el 21 de abril, de los insumos y reactivos que permitan ampliar la meta de pruebas aplicadas en el país.
• Incluir en los lineamientos para la toma de muestras para el virus, los tiempos que transcurren entre la aplicación de las pruebas y la entrega efectiva de los resultados con el fin de fortalecer los ejercicios de gobierno propio que están haciendo los pueblos y naciones indígenas.
• Suspender inmediatamente las operaciones de erradicación forzada en los territorios indígenas, en respeto a las decisiones de las autoridades tradicionales y los ejercicio de gobernanza y control territorial que se están desarrollando como mecanismos de defensa ante la pandemia.
• Garantizar que la implementación del decreto 546 de 2020, sobre excarcelación se realice sobre la base de la plena identificación de los indígenas privados de la libertad que cumplen con los requisitos de la norma y las autoridades indígenas del Pueblo a que pertenecen o por intermedio de las organizaciones nacionales o locales, a fin de que se garanticen las condiciones de seguridad sanitaria y se proporcione la información y pedagogía requerida que permita hacer el debido seguimiento y control junto con las autoridades de los Pueblos Indígenas.

 

Ficha Técnica Reportes cualitativos y cuantitativos  al Sistema de Monitoreo Territorial por parte de los 135 enlaces territoriales. Fuentes ●        Datos oficialmente reportados por el Gobierno Nacional desde el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) en sus reportes diarios, disponibles en  https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx, consultados diariamente. ●        Datos propios del Sistema de Monitoreo Territorial (SMT),  que articula 50 organizaciones indígenas miembros y una red de primeros respondientes que habitan en territorios indígenas. https://monitoreoterritorial-onic.co/ ●        DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE (2018), XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.    ●        UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ - UNIPA, Comunicado No. 003-2020 “En medio de la cuarentena, los erradicadores arremeten contra el Resguardo Inda Sabaleta, dejando a un indigena Awá muerto y tres heridos más”, disponible en https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/3796-en-medio-de-la-cuarentena-los-erradicadores-arremeten-contra-el-resguardo-inda-sabaleta-dejando-a-un-indigena-awa-muerto-y-tres-heridos-mas, consultado el 23 de abril de 2020. ●        IMPERIAL COLLEGE LONDON (2020), Short-term forecasts of COVID-19 deaths in multiple countries, 19 abril 2020; disponible en https://mrc-ide.github.io/covid19-short-term-forecasts/index.html#introduction, consultado el 22 de abril de 2020.

 

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA (ONIC) – AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA

#QuedateEnElTerritorio   #ONICSalvandoVidas

 

^[1] Shape de Comunidades Indígenas de Colombia, 2013-2020, ONIC.
^[2] Categorías Municipales: Especial - Población =>500.000; 1era - Población => 100.001 - <=500.000; 2da - Población => 50.001 - <=100.000; 3ra - Población => 30.001 - <=50.000; 4ta - Población => 20.001 - <=30.000; 5ta - Población => 10.001 - <=20.000; 6ta - Población <10.000.
^[3] Donde: L=(F/E)*100 y  L: tasa de letalidad. F: Número de muertes por una enfermedad en un periodo y área determinados. E: Número de casos diagnosticados por la misma enfermedad en el mismo periodo y área.
^[4] Short-term forecasts of COVID-19 deaths in multiple countries, Imperial College London, 19 abril 2020; tomado de https://mrc-ide.github.io/covid19-short-term-forecasts/index.html#introduction el 22 de abril de 2020.
^[5] Desde ONIC consideramos este escenario conservador ya que aún no se han introducido otras variables como enfermedades preexistentes y del contexto social, económico, cultural, entre otros, de las poblaciones que habitan en las áreas rurales. En los próximos boletines iremos avanzando en profundidad en estos elementos y en las implicaciones que los mismos poseen para la toma de decisiones de política pública de salud.
[6] ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA (2019), Ley de Gobierno Propio - Pacto para Volver al Origen, expedida por la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas de la ONIC el 18 de Noviembre de 2019, Mandato 5, ítems 5.6 y 5.7.
^[7] Por colindancia entre las cabeceras municipales y la ubicación de las comunidades que se encuentran en municipios vecinos, el número de municipios con casos confirmados es mayor a los identificados por el Instituto Nacional de Salud (INS) a corte de este boletín.
^[8] Los Departamentos que presentan reducción en el número de familias en riesgo de contagio por cercanía, se debe básicamente al ajuste metodológico que ha tenido en cuenta la probabilidad de contagio expresada en la prevalencia de la enfermedad en el municipio y la letalidad del mismo, es decir a mayor letalidad y prevalencia, mayor es el rango de riesgo por contagio espacial y viceversa.
^[9] Como podrán observar el la tabla 2, los departamentos de Valle del Cauca y Nariño presentan variaciones porcentuales negativas, esto se debe al ajuste metodológico que se ha introducido que tiene en consideración las variaciones de la prevalencia y la letalidad a nivel municipal para determinar el área territorial de riesgo, lo que hace de este modelo uno dinámico y adaptativo a las situaciones cambiantes de esta pandemia.
^[10] Interpretación matemática: La tasa de prevalencia es la probabilidad de que un individuo perteneciente a la población base sea afectado por el evento (enfermedad) de interés en un momento dado.
Método de cálculo: La tasa de prevalencia se calcula de la siguiente manera:

TASA DE PREVALENCIA =   (Número de casos existentes en el lugar X y momento en el  tiempo/Número total de personas de la población en el mismo lugar y tiempo)   * 1000