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“La violencia sexual contra las mujeres es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexual, por parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados y, en algunos casos, por parte de agentes individuales de la Fuerza Pública”. Corte Constitucional, Auto 092 de 2008: sección III, 1.1.1.

Bakatá, Junio 24 de 2020.

El grave hecho se presentó en el Resguardo Gito Dokabú - Embera Katío (corregimiento de Santa Cecilia, Pueblo Rico – Risaralda) el día 22 de junio del 2020, donde la autoridad tradicional elevó la denuncia pública frente al aberrante hecho de violación en contra de una menor de edad de 13 años, la cual fue secuestrada y abusada sexualmente por un grupo indeterminado de soldados del Ejército Nacional de Colombia, pertenecientes al Batallón San Mateo, quienes aprovechando el aislamiento y la situación generada por la pandemia acometieron el hecho.

En comunicado oficial las Autoridades Tradicionales exigen que los agresores sean entregados a la Justicia Indígena para ser juzgados y que después de cumplir la condena también sean juzgados por la justicia penal ordinaria, exigencia que la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC respalda, acorde con los mandatos de la Ley de Gobierno Propio – Pacto para Volver al Origen, dentro de los cuales se establece Cero Tolerancia frente a la Violencia Intrafamiliar, contra la mujer y la niñez, la violencia sexual y la violencia comunitaria, así como por la Resolución “Mujeres, violencias y acceso a la Justicia” aprobada por la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas el 29 de Mayo de 2015, en la cual se resuelve fortalecer los procesos y mecanismos de justicia propia, formación y acompañamiento espiritual y cultural a los escenarios de mujeres, así como a las autoridades y comunidades en general con el fin de prevenir, denunciar, rechazar, investigar y sancionar cualquier acto de violencia contra las mujeres.

El lamentable hecho que hoy es noticia, constituye una grave vulneración de los derechos de la menor, y de afectación colectiva de su familia, el pueblo Embera Katío y los pueblos indígenas del país, y se suma a un largo prontuario de actos atroces por parte de las Fuerzas Militares quienes por acción u omisión se constituyen en un factor de riesgo en vez de garantía de seguridad para los pueblos y naciones indígenas, además en el contexto de genocidio en el que nos encontramos, constituye una estrategia intimidación, división y fraccionamiento a nivel de la comunidad con la cual buscan minar nuestra autonomía.

Llamamos la atención sobre la manera cómo se ataca a la mujer indígena. Ella es el hilo tejedor que enlaza y transmite la lengua y las costumbres ancestrales, permitiendo así, conservar a través del tiempo, la cultura y la espiritualidad que hace que los pueblos no olviden las raíces que nos unen con la madre tierra.

En medio de la pandemia se ha registrado cifras altas de agresión sexual y física contra las mujeres, en el 2020 van 99 mujeres asesinadas, 14 de ellas durante la cuarentena y la cifra de maltrato infantil también va en aumento, en los pueblos indígenas se ha denunciado varios hechos de agresión a los niños y niñas indígenas, todo esto indica que este es un problema estructural que carcome los cimientos de toda la sociedad colombiana que evidencia que la guerra naturaliza la violencia contra las mujeres y la niñez y que nos llama a hacer unidad para acabar de una vez por todas con esta pandemia que es la violencia política, social y de género.

Por lo anterior, EXIGIMOS:

• • Respeto por la víctima, por su familia y el pueblo Embera Katío.
  • No más impunidad frente a estos hechos, acorde a lo exigido por las Autoridades tradicionales solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que se adelante de manera inmediata la investigación penal que permita llevar a la justicia a aquellos delincuentes que atentaron contra la menor Embera. Las acciones deberán ser realizadas de manera coordinada con las autoridades tradicionales de la comunidad y los sistemas de justicia propia. De ninguna manera este caso puede ser conocido por la justicia penal militar.
  • A la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, realizar un acompañamiento juicioso y real al presente caso, con el fin que no se sume a la larga cifra de casos que quedan en la impunidad, en especial teniendo en consideración el peso político que puede llegar a influir en la debida administración de justicia. Pero, además, que adelante su poder disciplinario e inicie los procesos en contra de los miembros que cometieron tan despreciable hecho y evite la injerencia de quienes quieren silenciar este hecho.
  • A los organismos internacionales, para que actúen frente al proceder criminal de un Estado que sistemáticamente afecta y ha decidido acabar con los pueblos indígenas.

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA (ONIC) – AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA

#NuestrosCuerposSeRespetan