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Descargue Informe Enviado al Relator

#RelatorONUPueblosEnEmergencia

Bogotá, D.C – Lima, Junio 25 de 2020.

En el marco de la convocatoria a hacer contribuciones al Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas para el informe sobre el impacto de la pandemia en los
pueblos originarios a ser presentado a la Asamblea General de la ONU en octubre próximo, la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, la Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura y EarthRights International, presentaron conjuntamente un informe al Relator Especial, Señor JOSÉ FRANCISCO CALI TZAY, que da cuenta de la situación de los pueblos y naciones indígenas de Colombia frente a
la pandemia y la respuesta del Gobierno Nacional ante la emergencia, caracterizada por un accionar que no garantiza la participación, ni el enfoque diferencial de las medidas adoptadas, lo cual contribuye a la materialización del riesgo de exterminio físico y cultural en el que se encuentran la mayoría de pueblos en el país.

Se llama la atención del Relator a visibilizar la situación especialmente vulnerable de las poblaciones indígenas transfronterizas y en zona de frontera, los pueblos indígenas en contexto de ciudad y los riesgos de exterminio asociados al conflicto armado interno que se potencian en el contexto de pandemia.

El informe destaca cómo la situación de vulnerabilidad pre-existente a la pandemia potencializa el incremento desproporcionado de los riesgos para la vida e integridad de los pueblos indígenas en Colombia frente al contagio del virus, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en condiciones previas a la coyuntura la tasa de mortalidad infantil en la población indígena es 2,79 veces más alta que la presentada en la población no indígena y que en ciudades capitales como Leticia, hoy con la segunda prevalencia más alta del
país (6,3), el 26,9% de su población tiene sus Necesidades Básicas Insatisfechas, frente a un porcentaje nacional del 14,13%.

Igualmente, da cuenta de las iniciativas adoptadas por los pueblos indígenas en el marco de su autonomía, gobierno y derecho propio para prevenir, contener y atender la pandemia, las cuales no han contado con el apoyo del gobierno nacional; así como la labor fundamental de la guardia indígena y las estrategias implementadas con base en el trabajo espiritual, los conocimientos sobre las plantas y el territorio, y el fortalecimiento de la medicina tradicional y los saberes ancestrales. Dentro de las repercusiones positivas, esta pandemia ha significado una oportunidad para Volver al Origen, acorde a la orientación de los Mayores.

Respecto a las medidas adoptadas por el gobierno nacional dentro del estado de emergencia, además de no considerar un enfoque diferencial integral, el informe presenta cómo al inicio del aislamiento preventivo, mediante la circular CIR-2020-29-DMI-1000 expedida por el Ministerio del Interior, se pretendió implementar escenarios de consulta previa a través de medios virtuales, a la cual se opusieron las organizaciones indígenas y étnicas, así como la Procuraduría General de la Nación, luego de lo cual finalmente fue derogada aunque no se reconoció el carácter inconstitucional de las consultas previas virtuales.

Las acciones para la atención en salud no han tenido en cuenta las propuestas formuladas por los pueblos indígenas en el marco del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI); el acceso a la educación de los niños, niñas y jóvenes indígenas no se ha garantizado debidamente, ya que según datos del Censo DANE 2018 sólo el 6% de los hogares indígenas tiene cobertura de internet, y las Ayudas Humanitarias de Emergencia anunciadas por el gobierno nacional para los pueblos indígenas han sido entregadas en un mínimo porcentaje, casi a 3 meses de haber inciado el aislamiento, al punto que en el fallo de primera instancia de la acción de tutela interpuesta por el Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó los derechos a la dignidad humana y el mínimo vital de las comunidades indígenas focalizadas para su atención, ordenando la entrega efectiva de ayudas humanitarias de emergencia que ascienden a la suma total de 468.896, así como la entrega de 17.488 kits de bioseguridad para la guardia indígena.

También se formulan recomendaciones que permitan mitigar el grave y desproporcionado impacto de la pandemia sobre los pueblos, en clave de acciones por parte del gobierno nacional, coordinadas y concertadas con las autoridades y organizaciones indígenas.

Instamos al Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Iván Duque, a atender las recomendaciones realizadas en el marco del informe, y garantizar los derechos de los pueblos indígenas como sujetos de especial protección constitucional.

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA (ONIC) CORPORACIÓN COMUNIDAD DE JURISTAS AKUBADAURA
EARTHRIGHTS INTERNATIONAL