ONIC

Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC alertamos sobre las amenazas de un nuevo desalojo forzado por parte del alcalde del municipio de Leticia JORGE LUIS MENDOZA MUÑOZ, realizadas en los últimos pronunciamientos que ha hecho en los medios de comunicación locales, donde afirma que planea proceder próximamente a un nuevo desalojo si las familias no abandonan el predio en el que se encuentran asentadas desde septiembre de 2020, sin embargo, no ofrece ninguna solución a la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Ante esta nueva situación de riesgo, nos permitimos recordar que:

1. Es un grupo de familias que desde 2005 vienen exigiendo la garantía del derecho al territorio ancestral, a una vivienda digna y otros derechos fundamentales; en septiembre de 2020, viendo agravada su situación de riesgo a causa del COVID-19 se asentaron en unos predios, propiedad de la alcaldía local. Uno de ellos fue dado por la SAE para la construcción de viviendas de interés social.

2. Entre estas familias se encuentran personas de nacionalidad brasilera, personas inscritas en el Registro Único de Víctimas y 381 familias pertenecientes a 14 Pueblos Indígenas. Es importante resaltar que también habitan allí menores de edad, adultos mayores y mujeres lactantes.

3. Desde octubre de 2020 se ha intentado generar escenarios de diálogo en los que se pueda concertar una ruta de restitución de los derechos fundamentales de estas familias. No obstante, el alcalde insiste en desalojar más de 500 familias para construir 100 viviendas de interés social, como lo afirmó en la radio local, sin ofrecer ninguna alternativa de reubicación.

En el marco de esta búsqueda de espacios de diálogo y concertación, las familias en cuestión buscaron un espacio de encuentro al cual la Secretaría de Gobierno dio respuesta convocando una reunión “que conlleve a una solución definida para lograr el desalojo voluntario y pacífico por parte de personas indeterminadas”.

Ante las claras pretensiones de la Alcaldía Local de utilizar los escenarios de diálogo para presionar un desalojo por parte de estas familias y de limitar su participación restringiéndola a únicamente 2 personas exigimos:

1. Que de parte de la Alcaldía Local se generen espacios de diálogo dirigidos a la construcción de “soluciones a corto, mediano y largo plazo” en las que el Gobierno Local y Regional atienda a su responsabilidad de velar por el respeto a los derechos fundamentales de la población, sin ningún tipo de condicionamiento.

2. Que la Alcaldía Local, en atención a la decisión de la corte constitucional en la que advierte que “la administración antes de iniciar un proceso de desalojo deberá crear espacios de concertación tendientes, en primer lugar, al retorno de la comunidad indígena a sus territorios ancestrales y, si esto no fuera posible por algún motivo de fuerza mayor, a ofrecerle alternativas dentro de sus programas de solución de vivienda.” Desista de sus amenazas de desalojo y garantice el derecho fundamental a una vivienda digna de estas familias.

3. Se respete la autonomía de los procesos organizativos de estas familias y se garantice la participación en los escenarios de concertación, de manera que pueda asistir a ellos el pleno de las vocerías, más las organizaciones y autoridades indígenas que hemos venido acompañando este proceso.

Igualmente, solicitamos al Ministerio Público y al Ministerio del Interior activar una ruta de acompañamiento y atención a esta situación; a todas las entidades y organizaciones relacionadas con la defensa y protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Derechos Humanos de carácter nacional e internacional, acompañar la situación de riesgo que están viviendo estas familias del municipio de Leticia, mediante acciones de denuncia pública, seguimiento y veeduría.

Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz.
¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!