ONIC

La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, como Autoridad de Gobierno Propio, rechaza la desatención que ha tenido los entes territoriales y nacionales frente a la grave situación humanitaria en la que se encuentran las comunidades y Pueblos Indígenas en el departamento fronterizo de Arauca.

La Consejería de Derecho de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC, desplazó un equipo de trabajo a territorio araucano con el fin de realizar acciones que propendan por el fortalecimiento político-organizativo, atención a casos y seguimiento en materia de Derechos Humanos, logrando constatar la crítica y alarmante situación humanitaria de los Pueblos Indígenas en el departamento, que tiene su asidero en la grave situación económica por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, la presencia de grupos al margen de la ley que hoy operan en la frontera colombo-venezolana, el abandono del Estado colombiano para darle solución estructural a las necesidades insatisfechas de las comunidades indígenas y por último, la corrupción de las instituciones del ente territorial, las cuales se apropian de los recursos que por vía del Sistema General de Participaciones –SGP- y del Sistema General de Regalías –SGR- tienen derecho los Resguardos Indígenas en este departamento, teniendo en cuenta que estos son derechos que hemos ganado a través de la lucha social y en múltiples Mingas y que hoy son conquistas que se materializan en la Constitución Nacional de Colombia.

Como Organización Indígena Nacional de Colombia, nos preocupa tal suerte de nuestros hermanos indígenas en el departamento de Arauca, pues además de ser tan pocos los recursos que perciben, las instituciones del ente territorial presuntamente por medio de artimañas ilegales les deducen cuantiosos porcentajes para poder hacer la entrega de los recursos a los Resguardos.

Frente a la anterior situación, hoy denunciamos y solicitamos lo siguiente:

1- La Organización Nacional Indígena de Colombia tuvo conocimiento de aparentes y presuntas acciones de corrupción de los mandatarios locales en este departamento donde cobran injustificados e ilegales porcentajes de los recursos que devienen del erario y que son destinados exclusivamente para las comunidades indígenas.

2- Hoy los Pueblos Indígenas Plurinacionales del lado colombiano y del lado venezolano sufren el rigor del conflicto armado, pues es de público conocimiento que hay una disputa en esta zona por los lucrativos negocios que genera el contrabando de gasolina, ganado; cultivos de hoja de coca con fines de narcotráfico; la explotación aurífera ilegal en el lado venezolano por parte de grupos ilegales en territorios indígenas transfronterizos y los últimos hechos ocurridos en el Estado Apure, donde fueron desplazados de manera masiva y forzosa alrededor de 200 indígenas del Pueblo Plurinacional Macaguán del lado venezolano hacia el municipio de Arauquita en Colombia.

3- En el marco de la atención a la crisis humanitaria de estos 200 indígenas, se presentaron serias irregularidades, pues tuvimos conocimiento que presuntamente un funcionario de la Alcaldía de Arauquita se presentó ante la comunidad desplazada con kits de bioseguridad, recogió listados de asistencia y luego se fue en el vehículo en el que llevaba estos elementos de bioseguridad sin entregarle ni un solo kit a la población que tanto lo necesitaba.

4- De igual manera, denunciamos que a los Pueblos Indígenas presentes en el municipio de Arauquita la administración municipal les quitó la casa indígena a estas comunidades, las cuales venían haciendo usos de este bien desde hace más de 20 años y hoy está en poder del ente territorial municipal.

5- Denunciamos que, al parecer la administración de Arauquita, ha desconocido los acuerdos a los que habían llegado en materia de contratación del Enlace para Asuntos Indígenas en este municipio, pues en los últimos años se ha contratado a una persona indígena por contratos de pocos meses (alrededor de 3 meses), dejando desatendidas las necesidades y los puentes de articulación, comunicación con las autoridades indígenas y las comunidades.

6- Como ONIC tuvimos conocimiento que presuntamente las acciones que han realizado las administraciones municipales en este departamento no tienen el consentimiento de las autoridades indígenas y comunidades, y llegan al punto de imponer en qué se deben o no gastar los recursos que les llegan por el SGP y del SGR a los Resguardos Indígenas, a esto suma el agravante que presentamos en el numeral uno (1); convirtiéndose esto en acciones con daño, que no presentan soluciones reales a las necesidades de los Pueblos y comunidades Indígenas en el departamento.

7- Invitamos muy respetuosamente al alcalde municipal de Arauquita-Arauca, para que nos dé respuesta en los términos de la ley al Derecho de Petición presentado por la Consejería de Derecho de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Indígena de Colombia –ONIC el día 26 de abril de 2021, con soportes y fechas que evidencien ordenadamente en qué se han gastado los recursos destinados para nuestras comunidades indígenas, la aplicación del enfoque diferencial con pertinencia étnica indígena, el consentimiento y respeto por la voluntad que determinaron las autoridades indígenas y comunidades sobre en qué se debía invertir sus propios recursos.

Hacemos un llamado a las administraciones locales en este departamento para que se respete la voluntad de las comunidades sobre su devenir y proyección de vida con los recursos que del erario público se destinan para las comunidades indígenas, y atender de manera real la crítica situación humanitaria en la que viven, esto con el fin de evitar más daños en sus estructuras sociales que el mismo colonialismo y el estado colombiano han dañado y degradado a través de la historia.

¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!