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DECLARACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PLURINACIONALES DE ZONAS DE FRONTERA DE COLOMBIA CON VENEZUELA Y ARUBA

Diciembre de 2022

 

Los Pueblos y Naciones Indígenas nómadas y seminómadas, originarios transfronterizos y plurinacionales ubicados la zona de frontera de Colombia con Venezuela y Aruba, en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Cesar, Arauca y Vichada, nos reunimos el 5 de diciembre de 2022 en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Saberes y Sabedores Indígenas de Frontera, para tejer la palabra y comprender a partir de nuestras leyes de origen las diferentes situaciones que históricamente hemos enfrentado en nuestros territorios ancestrales.

Nosotros, las naciones Wayuu, Bari, Yukpa, Kichwa, Inga, Sáliba, Sikuani/Jivi, E’ñepá/Panare, Piapoco, Amorúa, Piaroa, Puinave, Curripaco, Achagua, Wamonae, Macaguan/Hitnü, Betoy, y demás que nos encontramos en las fronteras del Estado colombiano, reafirmamos nuestra condición de Pueblos Indígenas plurinacionales y expresamos ante la sociedad colombiana, venezolana y arubeña que somos pueblos originarios y desde hace milenios recorremos nuestros territorios para el ejercicio de la caza, la pesca, la recolección, las economías propias y el buen vivir de acuerdo a los mandatos de nuestras Leyes de Origen y Derecho Mayor.

Desde la colonización española hemos sido víctimas de innumerables afectaciones en ambos lados de las fronteras que hoy se traducen en violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y que han llevado consigo daños irreparables a nuestra identidad cultural, la pervivencia en nuestros territorios y en general, el buen vivir en armonía con nuestras historias de origen, esto ha implicado organizarnos como comunidades y organizaciones indígenas plurinacionales para alzar nuestra voz ante la sociedad no indígena, los Gobiernos Nacionales y los actores armados para exigirles el respeto por nuestras prácticas ancestrales, nuestra identidad nómada y el territorio que recorremos desde mucho tiempo antes de la conformación de las actuales Repúblicas.

Somos Naciones nómadas cuyas Leyes de Origen conforman las bases de nuestra identidad cultural, con ejercicio pleno de sistemas gobierno y justicia propia, comunicación a través de nuestras lenguas, control jurisdiccional en nuestros territorios ancestrales, protegemos nuestros sitios y lugares sagrados como símbolos de nuestra identidad, ejercemos las economías propias a ambos lados de las fronteras de los Estados; por estas razones reafirmamos que antes de ser colombianos, venezolanos o arubeños, somos Nación Wayuu, Nación, Barí, Nación Yukpa, Nación E´ñepá, Nación Amorúa y demás naciones indígenas. Como plurinacionales, mal nos llaman binacionales, reduciéndonos a sólo dos naciones republicanas y desconociendo nuestra historia de origen.

Como pueblos plurinacionales, rechazamos el trato de población migrante que nos da el Estado colombiano, este también es nuestro territorio en el que hemos vivido desde mucho antes del genocidio de la Corona española, no somos extranjeros ni mucho menos invasores en el desierto, el mar, los ríos, la selva, las montañas y las llanuras que hemos recorrido históricamente. Lamentablemente nuestros territorios ancestrales quedaron marcados por líneas divisorias político-administrativas imaginarias que son y seguirán siendo una ficción ante nuestras Leyes de Origen.

Hoy nos enfrentamos a grandes retos para el buen vivir en nuestros territorios, los Estados que comparten nuestros sitios de origen no han tenido la capacidad política para garantizar nuestros derechos de acuerdo a los tratados internacionales de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT. Las medidas administrativas que éstos adoptan, violan flagrantemente el enfoque étnico indígena diferencial y por el contrario nos imponen numerosas barreras administrativas y burocráticas que alimentan la apatridia, aumentan las cifras de muertes de nuestros niños por omisión estatal, nos conducen a vivir en condiciones de miseria e indigencia en las ciudades de frontera como Maicao, Puerto Carreño, Cúcuta, Arauca, San Antonio del Táchira, San Cristóbal, El Amparo de Apure, Puerto Páez, entre otros.

El conflicto armado de la frontera Colombia - Venezuela y la aguda crisis sociopolítica venezolana nos obliga a desplazarnos masivamente a las ciudades y principalmente al interior del territorio colombiano, donde enfrentamos abandono estatal, pobreza, racismo, xenofobia, viviendo en situaciones degradantes e inhumanas, sin los servicios básicos fundamentales como el agua potable, sin acceso a un territorio, sin posibilidad de tener alimentación adecuada y constante, una vivienda digna, nuestros jóvenes se encuentran en constante riesgo de desnutrición, prostitución, consumos de sustancias psicoactivas y reclutamiento forzado.

Ante la situación actual por la que atravesamos, los Pueblos Indígenas Plurinacionales mandatamos:

1. Reafirmamos nuestra condición de Pueblos Indígenas Plurinacionales: Como Naciones originarias nómadas, las fronteras político – administrativas desconocen nuestras Leyes de Origen,imponen barreras para el ejercicio de nuestra identidad cultural en nuestros territorios ancestrales y alimentan la xenofobia y la exclusión ante nuestra presencia en los diferentes Estados. No somos de un país en particular, somos de un territorio ancestral.

2. Exigimos aplicación inmediata e integral del artículo 96 de la Constitución Política de Colombia: En cumplimiento de la obligación de los Estados ante la comunidad internacional para la garantía de Derechos Humanos y fundamentales, Colombia, Venezuela y Aruba deberán otorgarnos
el acceso a derechos con enfoque étnico diferencial, en respeto a nuestras leyes de origen, a partir de una única identidad: la indígena. Exigimos que Colombia aplique de inmediato el principio de reciprocidad internacional legal, judicial o fáctica y con medidas administrativas con observancia
siempre del principio pro homine.

3. Reafirmamos el derecho a la libre autodeterminación y autonomía de los Pueblos Indígenas: Los Estados no deberán imponernos cargas injustificadas para la garantía de derechos como la exigencia de habitar un territorio en particular, el uso de la lengua materna, la dependencia de otras autoridades indígenas que no hacen parte de nuestras estructuras propias y demás exigencias que desdibujan la autonomía, violan el Convenio 169 de la OIT y alimentan el racismo y la xenofobia. Nuestras comunidades y sus autoridades son autónomas y nuestro gobierno goza de protección
internacional mediante Convenio 169 de la OIT. Independientemente del lugar de origen, somos indígenas y se nos debe respetar esta calidad en cualquiera de los Estados.

4. Los Gobiernos han invadido nuestros territorios: No somos nosotros los Pueblos originarios los invasores en las zonas de fronteras que históricamente hemos habitado, han sido los Estados a través de los diferentes Gobiernos locales y nacionales quienes invaden nuestros territorios ancestrales, otorgan licencias para la explotación minero-energética de los bienes naturales que defendemos, declaran zonas de protección ambiental sin consulta previa y en desmedro de nuestro control jurisdiccional, nos acusan de ser supuestos invasores de zonas con importancia cultural que
irónicamente hace parte de nuestros antepasados, desconocen nuestra autoridad y conocimientos propios como protectores ambientales.

5. Los Estados deberán reconocer y respetar nuestros caminos ancestrales: Históricamente hemos transitado caminos ancestrales que hoy atraviesan las fronteras político-administrativas, estos recorridos que hemos realizado desde nuestros orígenes, representan nuestra calidad de nómadas de acuerdo con nuestros sistemas de conocimiento indígena y los saberes propios sobre las épocas para la caza, pesca, recolección e intercambio comercial. Seguiremos haciendo uso de los recorridos en nuestros territorios y lo afianzaremos a través de maratones, carreras, navegación y demás juegos tradicionales que trasciendan las fronteras.

6. Rechazamos la discriminación sistemática de la que somos víctimas: Las pocas medidas administrativas adoptadas por Colombia y los Estados fronterizos no contienen enfoque étnico diferencial para atender de manera clara, efectiva y respetuosa de la dignidad nuestra condición de
Pueblos Indígenas Plurinacionales nómadas, éstas, por el contrario afianzan acciones discriminatorias que resultan el aumento de las condiciones de desigualdad material y aportan en el exterminio físico y cultural de nuestros Pueblos.

7. El Estado colombiano debe respetar nuestros sistemas organizativos: Pues es común que nuestro Gobierno Propio, reconocido por el Convenio 169 de la OIT, viene siendo vulnerado a partir de exigencias administrativas injustificadas que nos supeditan al registro ante el Ministerio del Interior o a los Actos Administrativos de las alcaldías de la República de Colombia. No pueden seguir existiendo procedimientos administrativos que ponen en tela de juicio nuestro Gobierno Indígena. Los cabildos urbanos o en contextos de ciudad que hemos conformado desde hace muchos años deben ser
reconocidos como parte de nuestras estructuras de Gobierno sin limitaciones.

8. Exigimos reconocimiento y respeto por nuestros sistemas de conocimiento indígena: Los Estados que comparten nuestros territorios ancestrales deberán adoptar políticas integrales de sistemas de conocimiento indígena que garanticen y protejan nuestras labores ambientales, nuestras
medicinas tradicionales, nuestra educación propia y propendan por una etnoeducación según nuestras necesidades. Exigimos al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia INVIMA y a la Policía Nacional de Colombia, que adopten medidas dirigidas a proteger nuestras
medicinas ancestrales para su consumo sin ningún tipo de restricciones.

9. Solicitamos de manera urgente una política pública integral de fronteras para Pueblos Indígenas: La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, como espacio por excelencia para la toma de decisiones en Derechos de los Pueblos, deberá impulsar el dialogo con las diferentes instituciones del Estado para que se construya de manera consensuada una política integral con enfoque ético diferencial, respondiendo a nuestras necesidades y según los mandatos que emanan de este Tercer Encuentro Nacional de Saberes y Sabedores Indígenas de Frontera. El decreto 1396 de 1996 le otorga a ésta Comisión, toda la capacidad técnica y política, a la altura de la Mesa Permanente de Concertación para que se adopten las soluciones estratégicas en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

10. Exigimos el cumplimiento de los decretos 2135 y 2136 de 2021: A partir del diálogo y la debida consulta previa en los espacios de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la Mesa Permanente de Concertación y las Mesas de Concertación regionales, para que se adopten
medidas con enfoque diferencial a favor de los Pueblos y Naciones originarias de las zonas de fronteras.

PUEBLOS INDÍGENAS PLURINACIONALES DE FRONTERAS
Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC
Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz

 

 

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