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En el marco de la visita del Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, que hace 20 años no era invitado al país por los diferentes gobiernos colombianos, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hace entrega de recomendaciones urgentes ante las continuas afectaciones que se vienen sufriendo por diferentes actores e intereses que han extinguido y ponen en riesgo la extinción de por lo menos 64 Pueblos Indígenas de Colombia.

En el marco de la visita del Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, que hace 20 años no era invitado al país por los diferentes gobiernos colombianos, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hace entrega de recomendaciones urgentes ante las continuas afectaciones que se vienen sufriendo por diferentes actores e intereses que han extinguido y ponen en riesgo la extinción de por lo menos 64 Pueblos Indígenas de Colombia.El compañero Gerardo Jumí, Consejero Secretario General de nuestra organización, se permite expresar: “Agradecemos esta importante visita que es un espacio para visibilizar la deuda histórica que tiene el Estado Colombiano con los pueblos Indígenas, los tiempos indican que es el momento preciso para que haya acciones precisas y efectivas, que son justas y están suscritas en diversos tratados internacionales y en la legislación y jurisprudencia colombiana” Ante estas palabras el consejero hace entrega al Relator del documento que contiene las siguientes recomendaciones:

1. Pueblos Indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural: Se insta al Estado colombiano a generar estrategias urgentes para atender a los Pueblos Indígenas que se encuentran en riesgo de exterminio, como los Nukak Makú, Amorua, Yukpa, Emberá y Sikuani.

2. Garantías para la autonomía y la libre autodeterminación: Se insta al Estado a asumir los derechos de los Pueblos Indígenas, reconociendo a sus gobiernos y autoridades tradicionales. Es urgente actualizar los datos censales de Pueblos Indígenas y que se reconozca el censo poblacional que presentan las estructuras de gobierno indígena para que se les garantice el acceso a sus derechos.

3. Consulta previa, libre e informada: Se insta al cumplimiento de la consulta previa, libre e informada como un derecho fundamental para proteger la vida y la integridad de los Pueblos y sus territorios, en ese sentido la ONIC recomienda avanzar en un proceso de evaluación de las consultas realizadas y la incorporación de una fase de post consulta.

4. Derechos de la mujer, niñez y juventud indígena: Se insta al Estado colombiano a la implementación de medidas efectivas para proteger a las mujeres, niñas, niños y jóvenes indígenas, respetando su cosmovisión y sistemas de conocimiento. Con especial énfasis en: (i) cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional en los Autos 092 y 237 de 2009, (ii) implementar aceleradamente la Política Pública de Niñez Indígena, (iii) prevenir efectivamente el reclutamiento forzado y exigir a los grupos armados a que abandonen absolutamente las prácticas de reclutamiento de niños, niñas y jóvenes indígenas, (iv) prevenir la conducta suicida de los jóvenes indígenas garantizando su desarrollo humano y previniendo los riesgos por uso de sustancias psicoactivas.

5. Defensa de derechos y no represalias por ejercer la defensa y promoción de derechos: Se solicita prevenir la criminalización de las luchas de los Pueblos Indígenas, así como el reconocimiento y fortalecimiento de las guardias indígenas.

6. Situación de los derechos humanos: Se insta al Estado colombiano el establecimiento de un espacio de diálogo permanente entre las organizaciones indígenas y el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

7.Negociaciones y construcción de paz: Se insta a la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, avanzar en las investigaciones de la JEP y considerar las afectaciones a los territorios de Pueblos Indígenas en las negociaciones que se llevan con los diferentes grupos armados y estructuras ilegales.

8. Derecho a la participación en asuntos públicos: Insta al Estado colombiano a generar las condiciones diferenciales para hacer partícipe a los Pueblos Indígenas en asuntos de relevancia nacional y regional, y, a disponer de los recursos necesarios para el cumplimento de los acuerdos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.9.

Derechos territoriales: Se exige el reconocimiento de las territorialidades indígenas, frenar el despojo de sus territorios y tomar medidas contra la extranjerización de tierras.

10. Impacto de la financiación verde: Se solicita garantizar el cumplimiento de la consulta previa de acuerdo a los estándares internacionales en todas las negociaciones que se realicen en territorios indígenas, y, se garantice la participación de los Pueblos indígenas en el desarrollo de las negociaciones internacionales sobre canje de deuda por acción climática y por naturaleza.

A la entrega de este documento, se acordó la permanente comunicación con la oficina del Relator y el compromiso de que se tenga en cuenta a la ONIC tanto en el desarrollo del informe que este va a entregar al gobierno, así como de acompañarlo durante la entrega. De igual forma, se busca estudiar las formas en que este documento produzca acciones por parte del Estado pues como afirma el compañero Jumi: “Es tiempo de decir ¡Basta Ya! Necesitamos que el Estado colombiano por fin asuma las medidas necesarias para que vengan nuevos tiempos de armonía, paz y bienestar para los Pueblos Originarios de Colombia