COMUNICADO DE LA GUARDIA INDÍGENA NACIONAL A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
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A tan sólo 24 horas de haber finalizado la Minga del Sur Occidente y la visita oficial de José Francisco Calí, Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígena, a quien la ONIC le entregó un documento con un conjunto de recomendaciones sobre los aspectos temáticos que convocaron su visita a Colombia, el 16 de marzo en el Resguardo Toribío – Cauca el grupo armado Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC disparó indiscriminadamente a la comunidad y a la guardia indígena que se encontraban en la búsqueda de un menor de edad que había sido llevado por este grupo para reclutarlo, dejando como resultado heridos y la mayora Carmelina fallecida. Posteriormente, el día 18 de marzo la caravana que acompañaba el cuerpo de la mayora fue vilmente atacada con ráfagas de disparos. Ante esta gravísima situación, la Guardia Indígena Nacional:
1) Denuncia los recientes ataques armados contra las comunidades y guardias indígenas del Resguardo de Toribío y Resguardo de Tacueyó – Cauca aun cuando sabían que no estaban armados, lo que constituye no sólo una violación del cese el fuego, sino, particularmente un crimen de lesa humanidad, violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario mientras se llevan a cabo los diálogos de paz, situación que es contraria a los intentos de construcción de paz total.
2) Denuncia la crítica situación de violencia indiscriminada ejercida por distintos grupos armados y aquellos vinculados a economías criminales contra los Pueblos Indígenas del país, especialmente contra los ubicados en Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Caldas, Risaralda, La Guajira, Córdoba, Putumayo, Meta y Arauca. El riesgo de violación a las normas del derecho internacional humanitario es inminente. Estos grupos armados e ilegales, varios financiados por el narcotráfico como las disidencias de las FARC – EP, continúan alrededor de nuestros espacios de vida y territorios generando intimidaciones, persecuciones, señalamientos, asesinatos, desapariciones, reclutamientos, desplazamientos, entre otros impactos. Prueba de ello, los 79 menores indígenas reclutados según el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONIC y 153 reclutados en el 2023 de acuerdo al informe Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la ACIN. La situación es tan crítica que ha llevado a niños y jóvenes a suicidarse para evitar ser reclutados.
3) Reitera que los Pueblos Indígenas nos encontramos agotados de este conflicto armado absurdo que solo ha dejado dolor y ha profundizado el riesgo de exterminio físico y cultural de nuestros Pueblos. Por ello, exigimos mayores esfuerzos por parte del Gobierno Nacional y los distintos actores armados que se encuentran en las mesas de negociación para que no dejen de negociar, continúe en cese el fuego, aceleren los resultados de las negociaciones y demuestren mayor voluntad para transformar a Colombia a través de la paz regional. Estamos convencidos que, a mayores dificultades y violencias en los territorios, existen mayores razones para permanecer en las mesas de negociación hasta que se acuerde la paz total.
4) Exige al Estado colombiano y a los grupos armados y aquellos vinculados a las economías criminales aceleren los resultados de los diálogos de paz y generen acuerdos de inmediata materialización en los territorios indígenas, como los siguientes: desalojo inmediato de nuestros territorios y áreas de influencia, respeto a la vida de nuestras autoridades, líderes, lideresas, comuneros y guardias indígenas, finalización de todas las violencias que incluye reclutamiento, desplazamiento y amenazas, y
otorgamiento de garantías suficientes que nos permitan defender la vida y nuestros derechos sin que esto nos siga costando la vida.