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Carta pública al "Nobel de Paz" y presidente Juan Manuel Santos, con relación de su visita al departamento del Cauca.

Con ocasión de la visita del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y la instalación en Popayán de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que diseñará la política pública y criminal para contrarrestar las organizaciones y conductas que atenten contra la implementación del Acuerdo de Paz, queremos manifestar algunos puntos de vista que debe contemplar esta instancia para un efectivo y real desmonte de estructuras armadas que atentan contra la implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto armado y la garantía de una Paz estable y duradera en el país.

1. Exigimos al gobierno en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, y demás instituciones del Estado, no desconocer de entrada, las motivaciones políticas que existan detrás de cada uno de los homicidios, desapariciones forzadas y amenazas contra líderes sociales, señalando que han sido asesinados por motivos ajenos a su condición de líderes sociales o políticos y que sus muertes están motivadas por la oposición que desarrollaban, en contra de economías ilegales o conflictos privados.

2. Solicitamos también a los funcionarios públicos, no negar que los ataques contra la sociedad civil, son una práctica repetida, tolerada y en ese sentido sistemática, donde se evidencia un patrón de comportamiento similar en cada uno de los casos ocurridos en el norte del departamento del Cauca al igual que en diferentes zonas del país.

3. Para las comunidades indígenas las múltiples acciones de afectación han significado una desarmonía territorial, por lo que demandamos la presentación del estado actual de las investigaciones judiciales en cada uno de los casos dados contra líderes indígenas y sociales en el norte del departamento del Cauca desde enero de 2016 hasta la fecha, así como las agresiones de años anteriores donde se evidencia que hay un gran porcentaje de impunidad, de igual modo las investigaciones no satisfacen los requerimientos de nuestras comunidades, en esa medida vemos como a pesar del desarrollo e implementación del proceso de Paz, los pueblos indígenas quienes por siglos hemos reclamado y defendido nuestros derechos, seguimos siendo perseguidos, estigmatizados y asesinados.

4. Exigimos que el gobierno nacional reconozca, las formas propias y milenarias de defensa de la vida y el territorio, como lo es la guardia indígena, estructura de protección simbólica indígena no armada. Así mismo las autoridades indígenas, el derecho propio y la jurisdicción especial indígena son garantía de control territorial, respetarlo y promoverla en su integridad es respetar y promover el pacto constitucional de 1991.

5. No podemos permitir que se niegue la existencia de estructuras paramilitares armadas, que fueron conformadas por antiguos combatientes de las AUC, hoy llamadas “BACRIM”, estas estructuras no son más que antiguos paramilitares actuando y generando terror en diferentes zonas del país, por ello solicitamos a la Fuerza Pública y a la Defensoría del pueblo se realice un informe sobre el estado de dichas organizaciones armadas en el departamento Cauca.

6. Demandamos un plan de prevención con enfoque colectivo para el departamento de Cauca en un plazo definido y que no supere más de 4 meses, que integre y fortalezca los mecanismos de protección diseñados por los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos del país.

7. La Política de Seguridad Democrática, señaló y estigmatizó a personas y organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, periodistas y de oposición política en el país, llamándolos “cómplices del terrorismo”, por tal motivo el Gobierno Nacional debe garantizar la vida y el buen nombre de quienes resisten y se oponen al modelo económico y las políticas del gobierno nacional.

8. Es urgente realizar cambios en las estructuras de fuerza pública y las autoridades judiciales a fin de contrarrestar el accionar corrupto y cómplice de algunos funcionarios con los grupos paramilitares. Estos cambios deben llevar al desmantelamiento total de las organizaciones criminales y de paramilitares.

9. Exigimos la implementación de manera rápida, de la Unidad Especial de Investigación, encabezada por la Fiscalía General de la Nación, entidad que debe respetar y garantizar lo establecido en el acuerdo en el acuerdo de Paz, suscrito entre el gobierno nacional y las FARC.

10. Es necesario que el Gobierno Nacional se comprometa con el país, para presentar, a la mayor brevedad, Un plan de acción para el desmonte de los grupos paramilitares y conductas que atenten contra defensores y movimientos sociales y políticos en Colombia.

No se puede garantizar una PAZ estable y duradera, si a diario siguen amenazando, atentando y asesinando las personas, a los líderes y lideresas sociales en el país, por eso es urge que el Gobierno Nacional y las Instituciones del Estado colombiano realicen acciones directas que desmantelen las estructuras de guerra y paramilitares que atentan contra la vida de quienes construyen la paz desde los territorios.

 

Popayán, Cauca 23 de febrero de 2017.

Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos
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