ONIC

La Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Tolima – CRIT, en sus cuarenta años de lucha por la reivindicación de sus derechos, por la pervivencia y la resistencia cultural, social, económica y política dentro de nuestros territorios ancestrales; procesos por los cuales nos han perseguido, amenazado, judicializado, condenado, desplazado y otras series de barbaries que hemos tenido que soportar junto a nuestros hijos, abuelos, abuelas, mayores y mayoras.

Actualmente El Resguardo Indígena de San Antonio de Calarma, del municipio de San Antonio lleva dieciocho años en el proceso de liberación de la madre tierra con actividades por vía de hecho en los predios denominados Las delicias, alto bello y la Holanda, predios ancestrales Indígenas del resguardo San Antonio de Calarma.

Dando cumplimiento al fallo del juzgado civil del circuito de Chaparral se ordeno el desalojo a las familias que conforman la parcialidad integrada por jóvenes, mujeres, niños(as), ancianos y hombres; quienes han trabajado dentro de su territorio, reforestando 180 hectáreas y recuperando 28 nacimientos de agua con arboles nativos, sus cultivos están distribuidos de la siguiente manera:

- 35 hectáreas de frijol, 9 hectáreas en cultivo de caña, 5 hectáreas de maíz, 4 hectáreas de arracacha, 40 mil plantas de Café y 80 cabezas de ganado bovino del proyecto comunitario, 20 parcelas con vivienda, con este fallo judicial quedaron vulnerados los derechos a la alimentación, trabajo, vida digna, desplazamiento masivo al sector urbano, entre otros.

Por lo anterior el CRIT, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, y las instituciones defensoras de los Derechos Humanos, el vil atropello y abuso de la fuerza que fue objeto en el día de ayer, 09 de Agosto de 2017, "Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, la parcialidad indígena de san Antonio de Calarma, en el departamento del Tolima por parte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios - ESMAD, la Policía Nacional, autorizada y obedeciendo órdenes de la juez promiscuo municipal de San Antonio, Nelly Eugenia Paredes Rojas, la comunidad fue golpeada, atropellada y atacada sin discriminación alguna, sin importar que allí se encontraran niños, mujeres y ancianos.

Este abuso de autoridad por parte de la fuerza pública y el estado Colombiano se hizo pese a la solicitudes y advertencias hechas a la señora juez de que no existían las garantías ni cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas, la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la violenta agresión son igualmente responsables el señor alcalde municipal de San Antonio José Dayler Lasso Mosquera, y su patrocinadora política y económica, la terrateniente Isabel Cristina Melo, quienes sin existir garantías para el desalojo presionaron a la señora juez y a la fuerza pública, para que actuaran en contra de los integrantes de la etnia Pijao.

Hacemos responsables a la fuerza pública, el estado Colombiano, al departamento, a la señora juez Nelly Eugenia Paredes Rojas, al señor alcalde municipal de San Antonio José Dayler Lasso Mosquera, a la señora Isabel Cristina Melo, de las amenazas y desplazamientos de la comunidad, crisis alimentaria, afecciones en salud y de las judicializaciones que se vengan en contra de la comunidad y sus directivas con este desalojo.

Como consecuencia de la vil agresión resultaron tres niños lesionados por la inhalación de gases lacrimógenos, siete adultos con golpes y heridas, algunos fueron trasladados al hospital local de San Antonio, y una indígena en estado de embarazo que con solicitud de atención de urgencia, fue remitida al hospital de Chaparral.

Convocamos a las 115 comunidades de nuestra organización y del pueblo Pijao, y demás sectores sociales, populares, para que se solidaricen con la comunidad quien después de este desalojo se declara en asamblea permanente y a seguir ocupando los predios.

Hacemos un llamado a la Dirección de Asunto Técnicos Territoriales de la Agencia Nacional de Tierras, a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia, a la Gobernación del Tolima, Defensoría del Pueblo regional, organizaciones de derechos humanos a que se solidaricen ante esta problemática.

Ibague, diez (10) de Agosto de 2017.

 

Yaneth Suárez Gutiérrez
Representante Legal y Consejera Área de Gobierno Propio.

Rigoberto Tique Loaiza
Consejero Área Economía, Finanzas y Administración.

Emilia Yaima Ángel
Consejera Área Social

Mabel Tapia Chaguala
Consejera Área de Territorio

Jesús Emilio Torres
Área de Derechos Humanos y Jurisdicción Indígena

 

Contacto:

• Yaneth Suárez - Consejera CRIT: 3143829528.
• Jerónimo Guzmán - Gobernador Resguardo San Antonio de Calarma: 3183966995.
• Jesús Emilio Torres - Consejero de DDHH CRIT: 3183546994.