ONIC

Para nadie es un secreto que el Cauca es uno de los departamentos  en mayor  disputa territorial para los intereses de  los actores armados de insurgencia, fuerza pública,  el narcotráfico, las multinacionales y  la explotación minera. Los datos estadísticos hablan por sí solos.
En este escenario los pueblos indígenas, seguimos en resistencia, defendiéndonos, construyendo autonomía, reclamando con nuestra voz de siglos respeto por nuestros territorios,  por nuestras vidas y el de la  madre tierra. Creemos que el pueblo colombiano así lo ha entendido y tal vez por eso ha acompañado propuestas como la liberación de la Madre Tierra, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria y últimamente la Propuesta de Paz Integral de los pueblos indígenas.  Tal vez por eso diversos sectores del país han compartido nuestros llamados a juicio contra militares y guerrilleros que han profanado la movilización o trasgredido la armonía de nuestros territorios, han manifestado su admiración cuando nuestras guardias indígenas se oponen a hechos violatorios del derecho internacional humanitario y se muestran fraternos cuando decimos “cuenten con nosotros para la paz nunca para la guerra”.
Desde la Resolución de Vitoncó, emitida en 1985, los cabildos indígenas del Cauca reclamamos la desmilitarización de los territorios tradicionales indígenas, mensaje dirigido tanto al ejército como a las guerrillas; en ese momento histórico,que contó con la presencia de la farc y del entonces movimiento armado Quintín Lame, se planteó que las discrepancias de las comunidades indígenas se resolvían de forma interna y de conformidad con sus usos y costumbres y sin la intervención de terceros. Nuestro reclamo de desmilitarización vuelve a tener vigencia hoy,  debido a la necia decisión de los armados de copar los territorios indígenas, en especial los del el norte del Cauca.
Paradójicamente, los bandos de la guerra no solo definieron continuar los combates en nuestros territorios, sino que ahora le exigen a las comunidades, que sean las gentes quienes abandonen sus casas de habitación y terrenos de trabajo para dejar libre los territorios y facilitar sus combates, y como las comunidades no lo han hecho, ahora las acciones bélicas se realizan sin el menor recato de atención o garantía del derecho a la vida y la integridad de la población civil. Un ejemplo claro es el que hemos visto y denunciado en días pasados en el Territorio Ancestral Sath Tama Kiwe, donde militares de la Brigada 29 en solo 8 meses han asesinado a 3 indígenas (EDWAR FABIAN GUETIO el 18 de julio del 2012 en la vereda el Crucero del Rosario, JOSE EDWIN CAYAPU GUETOTO de 23 años de edad, comunero en condición de discapacidad(sordo mudo) el día 19 de diciembre de 2012, en la vereda Santa Elena, Resguardo de Caldono y  ALVARO CHOCUE RAMOS de 57 años de edad, el día 30 de marzo de 2013 en la vereda la Esmeralda, Resguardo de Caldono).  Además las 6 autoridades del Territorio Ancestral Sath Tama Kiwe, han denunciado que estos militares  torturaron y amenazaron  a dos comuneros indígenas el 17 de marzo  en la vereda Plan de Zuñiga, Resguardo de Caldono. Tambien manifiestan que han  ocupado lugares comunitarios y centros escolares impidiendo la tranquilidad, armonía y la integridad física de niños y comunidad en general.
Mientras las autoridades  y la guardia indígena del Territorio Ancestral Sath Tama Kiwe, en su ejercicio legítimo y constitucional de control territorial, detienen a los  militares que cometieron los asesinatos, el general Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, a través de los medios de comunicación  estigmatiza, acusa y demanda a la guardia indígena por supuesto secuestro de los 3 militares comprometidos en el asesinato del indígena Álvaro Chocué Ramos, el pasado 30 de marzo. Así mismo, ha manifestado que el indígena fue muerto en un combate, cuando en realidad nunca existió dicho enfrentamiento entre la guerrilla y la Brigada 29 Tarea Apolo.
Esta clase de declaraciones basadas en la mentira y la estigmatización es mucho más indignante que las mismas balas, pues de los 3 homicidios registrados en Caldono, en el cual los mismos militares han confesado ser los responsables de los asesinatos, hasta el momento no se sabe de los procesos de judicialización de los militares implicados. Quedamos públicamente notificados que para el ejército colombiano no existe la jurisdicción indígena y que el nuevo bloque de constitucionalidad lo constituye la justicia penal militar.
También hemos conocido por parte del cabildo de Tumburao, Municipio de Silvia, Cauca que la misma Brigada 29 ejército Tarea Apolo, el pasado 24 de marzo del 2013 en la vereda el Culebrón, maltrataron a  JOHN AGUDELO Y FERNEY PEÑA dos jóvenes indígenas a quienes les señalaron de ser cabecillas de la columna Jacob Arenas de las farc. Desconociendo que son jóvenes activos del cabildo indígena de Tumburao.
El día 06 de abril del año 2013, esta misma brigada, detuvo  a GERARDO TOMBE coordinador de la guardia indígena de Jambaló,  en la vereda la Esperanza. Lo obligaron a ir al pueblo a comprar cigarrillos y este al no aceptar  los militares lo llevaron  a un monte, lo hicieron desnudar, le sacaron fotos, lo obligaron a dar la vuelta y uno de los soldados le puso el cañón del fusil en cabeza, otro soldado le dijo que él era miliciano, que lo iban a matar, que si sentía miedo, el comunero respondió que no, que el solo iba a trabajar, hecho que hizo que los soldados lo cogieron a patadas, situación que terminó cuando los soldados se percataron que una comunera los estaba viendo.
Esta situación obligó a las autoridades indígenas del norte del Cauca a pronunciarse ayer 08 de abril en una audiencia pública en Toribio.
Mientras los pueblos indígenas denunciamos y buscamos alternativas de pervivencia en nuestros territorios a través de asambleas permanentes y el control territorial por parte de la guardia indígena, la Fiscalía General de la Nación profirió 140 órdenes de captura contra miembros de las comunidades indígenas del departamento del Cauca por supuestos vínculos con las farc, y ahora los mandos del ejército buscan judicializar  la guardia indígena; en tanto, aumenta la minería ilegal en los territorios y la crisis humanitaria.
El Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, exige al Ministro de Defensa, con base en la constitución política vigente, investigar el proceder de sus militares y tomar medidas sobre los implicados. A la justicia ordinaria y entidades de control, investigar y hacer sancionar con todo el rigor los atropellos cometidos por militares en los territorios indígenas.
Ante el cansancio de la permanente violación  de Derechos Humanos, Crímenes de Lesa Humanidad, Actos demenciales de Terrorismo, señalamientos, asesinatos selectivos, sindicalización, persecuciones jurídicas como de hecho, , convocamos de manera urgente al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y el Ministro de Defensa Nacional Juan Carlos Pinzón, organismos de derechos humanos nacional e internacional, autoridades indígenas del nivel regional y nacional a una AUDIENCIA PUBLICA, programada para el día 23 de abril del presente año en la cabecera municipal de Caldono,  con el propósito de tomar medidas y acciones eficaces de protección, justicia, reparación y no repetición de hechos que atentan contra la dignidad, integridad física individual y comunitaria  de los pueblos indígenas del Cauca y demás población civil.

Consejería Mayor

Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-