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• #MingaPorLaVida.

¿Por qué marchamos?

Marchamos por la defensa de nuestro derecho a la vida y el buen vivir del Pueblo Zenú y el Pueblo Embera del Bajo Cauca antioqueño. En el territorio ancestral del Bajo Cauca, hemos caminado la palabra exigiendo nuestro derecho a morir de viejos y viejas, escuchando la furia y amor de la madre tierra y nuestro gran Rio Cauca.

Desde el inicio del proceso político organizativo de las comunidades Zenú y Embera de esta subregión del departamento, los cabildos y la OIA hemos elevado la voz para señalar la violación sistemática a los derechos de los pueblos indígenas en esta región.

Hemos vivido el vaivén de la guerra y el conflicto social y armado en nuestro territorio y hemos perdido allí la vida de muchos de nuestros líderes, lideresas, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, niños y niñas. Muchas de nuestras familias han tenido que desplazarse de sus territorios o quedarse encerrados allí, por amenazas y presiones de diferentes grupos armados legales e ilegales en confrontación.

Nuestra región como muchas otras en el país, ha visto como el conflicto armado se ha venido escalando nuevamente, luego de la firma del Acuerdo Final de Paz poniendo en amenaza a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que sobrevivimos en un territorio olvidado por el Estado.

Esta situación se vive en departamentos como Norte de Santander (Catatumbo), Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño (Tumaco), Córdoba, Putumayo, Meta, entre otras regiones del país, que con Antioquia registran el mayor índice de homicidios y amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos y en donde la mayoría pertenecen a comunidades étnicas y campesinas. Entre 2016 y 2018 han sido asesinados 261 líderes y lideresas sociales. En lo que va corrido del año, 35 personas han sido asesinadas, la mayoría afrodescendientes e indígenas.

Este año en las comunidades indígenas de los municipios de Ituango, Taraza, El Bagre, Cáceres, Caucasia y Zaragoza hemos vivido la muerte de seres queridos, el reclutamiento forzado, el señalamiento, el desplazamiento y confinamiento, la presión y afectación permanente de los megaproyectos y la negación del derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada y a las consultas populares como espacios legítimos para decidir sobre el presente y futuro de los territorios de familias y comunidades Senú, Emberas, campesinas y afros.

Estamos en Minga porque las demandas hechas desde los Planes de Salvaguarda, las misiones de verificación de derechos humanos, siguen siendo ineficaces, sin lograr el cuidado y la protección de la vida y de nuestros territorios.

Estamos en minga porque nos siguen negando nuestra existencia, impidiendo el registro ante el Ministerio del Interior para el acceso a políticas públicas con enfoque diferencial y con ello nuestros derechos a una vida digna, a la autonomía, al agua, al territorio, la salud y la educación propia.

Estamos en minga porque queremos que los derechos de la madre tierra, los derechos de la naturaleza, los derechos del Rio Cauca sean exigidos y defendidos.

A pesar de las denuncias que desde las comunidades y organizaciones sociales se hicieron sobre las afectaciones que para el territorio sagrado trae el represamiento del Río Cauca, hoy vivimos las graves afectaciones ambientales, sociales y económicas. El bosque seco tropical devastado, las comunidades amenazadas aguas abajo por inundaciones y avalanchas y las familias que dependían del barequeo, la pesca y la agricultura de subsistencia en las riberas del río, ya no encuentran un futuro posible.

Denunciamos la actual situación por la pésima atención por parte de los organismos de atención del desastre de Hidroituango a las comunidades víctimas, como la Comunidad Indígena Isla de la Dulzura de Cáceres, obligada a ser desplazada de su territorio y sus bienes, sin una garantía mínima de atención.

Las autoridades y comunidades indígenas del Bajo Cauca, representadas por más de 1.000 hombres y mujeres indígenas que venimos recorriendo este territorio, nos declaramos en Minga Permanente por la Protección y Defensa de la Vida y el Territorio y EXIGIMOS:

1. Respeto por la vida y la tranquilidad de nuestras familias y comunidades de los Pueblos Zenú y Embera y también de nuestros hermanos y nuestras hermanas, afrodescendientes y campesinas que hemos habitado la región del Bajo Cauca.

2. Que nuestros líderes, nuestras lideresas y autoridades indígenas puedan caminar su territorio sin preocuparse por amenazas a su vida. Que todos los actores del conflicto armado en Colombia respeten al movimiento indígena y sus representantes políticos.

3. A la Unidad Nacional de Protección –UNP–, construir con la Guardia Indígena las medidas colectivas de protección para líderes, lideresas y comunidades que actualmente sufren una amenaza directa a la vida e integridad personal, familiar y comunitaria.

4. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas –UARIV– y a la Unidad de Restitución de Tierras –URT– un plan de contingencia que permita concretar avances reales en el cumplimiento de lo definido por el Decreto 4633 de 2011 y acorde al Auto 266 de 2017, sobre la desprotección y desatención y la reincidencia del riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas Zenú y Embera, entre otros, en el marco del conflicto armado.

5. A la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, adelantar los procesos de registro de todas las comunidades indígenas de la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

6. Al Ministerio de Minas y Energía la suspensión de proyectos minero energéticos que afectan a los territorios indígenas.

7. A la Agencia Nacional de Tierras –ANT– y a la Gobernación de Antioquia, avanzar en la compra de tierras, saneamiento, ampliación y constitución de resguardos indígenas para los Pueblos Senú y Embera del Bajo Cauca.

8. A Parques Nacionales Naturales –PNN–, la garantía de los derechos territoriales y la Consulta Previa Libre e Informada de las comunidades Senú, afrodescendientes y campesinas, que han habitado tradicionalmente la Serranía de San Lucas, que pretenden declararla como área protegida nacional.

9. A Hidroituango, EPM y Gobernación de Antioquia, que construyan con las comunidades un plan de atención de la emergencia y compensación de los daños ocasionados de los derechos del Río Cauca y de las comunidades aguas abajo del proyecto hidroeléctrico, siempre que permitan que el río pueda seguir su cauce natural.

Nos solidarizamos y respaldamos a las comunidades campesinas, indígenas y afros que están siendo amenazadas y afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico del río Cauca Hidroituango. Nuestra Guardia Indígena de todas las comunidades de la zona está a disposición para las medidas de atención de emergencia de la actual situación, en caso de ser necesario.

10. Al Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental, el mejoramiento y dotación de la infraestructura y legalización de centros educativos indígenas en el marco de una Educación indígena propia que incluya el nombramiento de los docentes indígenas en propiedad, que permitan atender a la población escolar indígena del Bajo Cauca antioqueño.

11. A la Agencia de Renovación del Territorio ART que garantice la aplicación de estrategias diferenciales para la inclusión de la perspectiva étnica en la formulación e implementación del PDET en la zona, en el marco del Acuerdo Final de Paz.

12. La instalación de una Mesa Permanente de Trabajo conjunto entre instituciones competentes del Estado del orden nacional, regional y local y representantes de las comunidades indígenas del Bajo Cauca antioqueño, en la cual sean garantes y acompañantes la Defensoría del Pueblo, la ACNUR, la ONU y MAPP-OEA.

¡Cuenten con Nosotros y Nosotras para la Paz, Nunca para la Guerra!