ONIC

Repudiamos y condenamos el vil asesinato de nuestros hermanos indígenas Pablo Dagua y Adriana Montero Parra del Resguardo Triunfo Cristal Páez de Florida- Valle del Cauca y de Amilkar Yagari, ex gobernador activista y guardia indígena del pueblo Embera Chami. Adriana hasta hace 2 años y medio se había desempeñado como Guardia indígena en el resguardo Triunfo Cristal Páez del Municipio de Florida cuando decidió establecer su familia con Pablo Dagua.

El 26 de mayo, Pablo Dagua y Adriana Montero fueron desaparecidos en su residencia ubicada en el Corregimiento la Delfina de Buenaventura. El domingo 27 de mayo el hijo de las víctimas de siete años cargando a su hermanito de seis meses de nacido informó a la comunidad de los hechos.

De inmediato la comunidad activó la guardia y comunidad indígena e iniciaron la búsqueda durante el día domingo y ayer lunes 28 de mayo. A eso de las 3 de la tarde la Orivac encuentra el cuerpo de Adriana Alexandra Montero Parra, y una hora después aproximadamente se halló el segundo cuerpo que se encontraba en otro sector de la zona montañosa. Ambos tienen señales de tortura.

No habíamos salido del asombro y dolor de lo sucedido cuando nos enteramos del asesinato del líder indígena, ex Gobernador y Guardia Indígena Amilkar Yagari, hacia las 9:00 de la noche del día de ayer en su residencia en el municipio de El Dovio Valle del Cauca.

En los territorios indígenas del valle del Cauca se ha venido intensificando la amenazas a los líderes mediante panfletos, donde han ocurrido hechos tan graves como de sembrar el terror torturando las mujeres indígenas como lo que ha sucedido en Buenaventura, hechos que han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes investigativas pero a la fecha no existe una respuesta de parte de la Fiscalía General de la Nación –FGN-.

Mientras que nuestros hermanos son asesinados, torturados amenazados y desplazados forzadamente, para los organismos judiciales simplemente se trata de peleas intrafamiliares o en muchas veces líos de faldas, como suelen decir y hasta el momento no existe un informe de los resultados de las investigaciones.

Caso preocupante con un hecho que ya sucedió con la desaparición de los cuatro indígenas embera Chami de la comunidad la esperanza del municipio de Alcalá, el 8 de marzo de 2017: http://www.justiciaydignidad.co/ano-la-desaparicion-cuatro-indigenas-emberachami-alcala-valle-del-cauca-gobierno-colombia-incumple-medidas-cautelares-lacidh/ 

Pese a las denuncias que han sido instauradas por la desaparición de estos cuatro indígenas ante la FGN de Cartago, Valle, hasta el momento no ha habido respuesta. Razón por la cual las autoridades indígenas y la guardia se han declarado en Asamblea Permanente en el sitio.

Recordamos a los organismos defensores de derechos humanos, CIDH, a la Vicepresidencia de la República, Senado, Cámara de Representantes, Defensoría del Pueblo, Alto comisionado Para la Paz, Comisión de Derechos Humanos del Senado, Procuraduría General de la Nación, que esta no es la única vez que sucede esta misma situación, los hechos anteriores han dejado una cantidad de víctimas asesinadas, desplazadas, huérfanos, viudas y viudos que lo único que han recibido es el acompañamiento de la madre naturaleza.

Finalmente hacemos el llamado a los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos y a quien corresponda, para que conozcan de primera mano estos hechos que desde algún tiempo no se presentaban en nuestros territorios y aún en voces de exigencia al Estado colombiano para que garanticen y protejan los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Al alto gobierno para que tomen cartas en estos asuntos y no permitan que extraños a nuestras comunidades indígenas vulneren nuestra tranquilidad tanto en nuestra población como en nuestro territorio.

En consecuencia el Tribunal de Justicia de la ORIVAC avocara la investigación de los asesinatos de Pablo Dagua, Adriana Montero Parra y de Amilkar Yagari, pertenecientes a dos pueblos indígenas del Valle del Cauca. Lo anterior en el marco del Artículo 246 de la Constitución Política, la Sentencia T-921 de 2013 de la Corte Constitucional y la Directiva 012 de 2016 de la FGN.

Exigimos al Gobierno Nacional la adopción de medidas urgentes con garantías materiales e institucionales para que la Orivac a través del Tribunal de Justicia inicie la investigación con la colaboración de FGN y juzgue y sancione a los responsables.

Consejería de Gobierno propio de la Organización Regional Indígena Valle del Cauca - ORIVAC
Santiago de Cali, mayo 29 de 2018