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• Pronunciamiento de Çxhab Wala Kiwe ante los recientes hechos en el país.

Hace siete días, el 26 de junio, encontraron los cuerpos torturados de los dos compañeros guardias indígenas Gustavo Parra y Sebastián Velásquez en La Delfina, departamento del Valle del Cauca. El 27 de junio, se contaron, en un periodo menor a 24 horas, dos líderes sociales asesinados Julio Sucerquia y José García en el municipio de Ituango, en Antioquia, donde la represa sigue estrangulando al río Cauca. El 28 de junio, fue asesinado el líder campesino Carlos Idrobo en la zona de El Patía, al sur del Cauca. El 29 de junio, en el departamento de Córdoba, fue asesinado el líder campesino Iván Lázaro mientras dormía en su casa. Ayer, 2 de julio, fue asesinado el concejal Gabriel Correa del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca.

Hoy despertamos con la noticia de una nueva masacre en Argelia, departamento del Cauca. Se encontraron siete cuerpos con tiros de gracia en una de las vías de la zona rural del municipio. Pocos días antes, se difundió por el municipio un panfleto firmado por un grupo armado que anunciaba una “limpieza”. Para rematar, en horas de la tarde, mientras transmitían el partido de fútbol de la Selección Colombia, asesinaron a dos líderes sociales: Felicinda Santamaría en el Chocó y Luis Barrios en Atlántico.

Hacemos este recuento porque creemos que a veces le es difícil al país dimensionar las magnitudes de la violencia. Porque sabemos que los nombres de los líderes asesinados serán sepultados por la rotunda indolencia de la sociedad colombiana. Las cifras aumentan, el dolor persiste y las problemáticas sociales permanecen.

Las comunidades indígenas de Çxhab Wala Kiwe somos conscientes de los cambios que sufre el país y el camino de destrucción que impone el nuevo gobierno nacional. Aunque todavía no ha tomado posesión el presidente electo, por el territorio nacional ya se extiende en la práctica el discurso de odio que tiene tanta resonancia entre el paramilitarismo no desmovilizado. El pasado 1° de julio circuló por el norte del Cauca y el sur del Valle un nuevo panfleto firmado por las Águilas Negras en el que amenazan de muerte a las autoridades indígenas y líderes de Miranda, Corinto y Pradera, utilizando el mismo lenguaje ya conocido, acusando a las comunidades de ser un obstáculo para el desarrollo; en esta ocasión, el proyecto político-electoral MAIS y sus integrantes también fueron blanco de amenazas, siendo señalados con el invento retórico del “castrochavismo”. Sin lugar a dudas, los enemigos de la vida se sienten hoy empoderados, respaldados y legitimados.

Con este panorama, entendemos que el país se encuentra en el inicio de un proceso de recrudecimiento de la violencia, caracterizado por la persecución armada a los sectores sociales, populares y alternativos, facilitado por la silente complicidad de los medios masivos de comunicación. Unido a esto, se termina de conformar un bloque político cuyo objetivo es lograr “hacer trizas” los acuerdos de paz de La Habana, que desde ya está tomando decisiones que desmoronan las posibilidades de cerrar el capítulo más largo del conflicto en Colombia. El retorno de las fumigaciones con glifosato, la inoperancia del PNIS y la imposición de la erradicación forzada y armada, son las prioridades del uribismo para el campo. Se suma el incumplimiento de los acuerdos, el desconocimiento del capítulo étnico en relación principalmente a la Reforma Rural Integral; pero con mayores consecuencias aún, propiciaron la castración de la Jurisdicción Especial para la Paz, que era el punto fundamental para conocer de una vez por todas la verdad del conflicto. Lo que percibimos en nuestros territorios, en fin, es el despliegue del proyecto militar de consolidación territorial: primero los muertos, luego los proyectos, en seguida las multinacionales extractivistas y por último el “progreso”.

Sabiendo lo que debemos confrontar y manteniendo nuestro proyecto político en alto, exigimos el respeto a nuestras autoridades ancestrales y al ejercicio de gobierno propio en nuestros territorios ancestrales. Reiteramos el urgente llamado a la comunidad internacional que incida en la necesidad de acciones eficaces del Estado colombiano y el gobierno nacional para detener los niveles elevados de violencia contra defensores de Derechos Humanos. Por otro lado, es urgente la intervención de los organismos de control sobre las acciones del gobierno nacional en torno a su papel de garante de la vida, la integridad y la libertad de los colombianos, unido a la acción eficaz de los organismos de investigación y justicia para determinar responsabilidades intelectuales y materiales del exterminio de líderes sociales. La impunidad de los casos sigue siendo el más perfecto ambiente de continuidad de violencia contra las comunidades.

Finalmente, estamos convencidos que lo anterior amerita la unidad de los procesos sociales y populares del país, para afrontar esta nueva ola de violencia, rodear la implementación de acuerdos, la mesa de diálogos y salvar la paz. El pueblo colombiano debe entender que la movilización es su principal herramienta de resistencia ante la atrocidad, la impunidad y el olvido.

Çxhab Wala Kiwe – ACIN
3 de julio de 2018