ONIC

El día de hoy 24 de agosto de 2018, nos reunimos pacíficamente los gobernadores y presidentes filiales a la FEDEOREWA, con el propósito de analizar y solicitar al gobierno nacional y a la comunidad internacional intervenir prontamente ante el recrudecimiento de la guerra en nuestros territorios, la inseguridad alimentaria, violación a la libertad de locomoción y demás violaciones a los Derechos Constitucionales Fundamentales de los ciudadanos indígenas, estipulados en la Carta Política de 1991. Hacemos un llamado al gobierno central y la comunidad internacional con el fin de que desplieguen acciones oportunas, para evitar en los próximos días un éxodo masivo total de ciudadanos indígenas hacia los centros poblados del país, de acuerdo a las circunstancias por las que están atravesando.

Las garantías de no repetición por parte del Estado de acuerdo a los mandatos estipulados en la Ley de Víctimas (Ley 1448/2011) y la tan anhelada Paz Estable y Duradera parecen estar distantes y descansar en tierra árida de acuerdo al recrudecimiento de la guerra y la muerte de líderes sociales cada día en el territorio nacional. De seguir así prontamente se avecina un éxodo masivo de nuestros ciudadanos indígenas con destino a los centros poblados, lo que trae como consecuencia el desarraigo cultural y el inminente exterminio tanto físico como cultural del que somos víctimas desde la llegada del hombre extraño y por parte del abandono estatal e institucional (S.025 de 2004 y el Auto 04/2009).

Nuestro afiliados se quedan que en sus territorios el flagelo de la guerra sigue presente especialmente en lo que toca al reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de grupos al margen de la ley de ambos bandos. Además, se sigue presentando presencia constante de grupos armados en sus territorios, migraciones de comunidades enteras que tienen que salir huyendo de sus territorios por el tema de caer en el fuego cruzado por actores en conflicto.

El control en la cantidad de alimentos que llevamos hacia nuestras comunidades es cada día más riguroso por parte del Ejército Nacional, ya que no podemos llevar suficientes provisiones porque se sospecha de que son para algunos de los bandos en conflicto. No tenemos cultivos productivos ya que estamos confinados y no podemos hablar con nadie porque se sospecha que estamos filtrando información. Nuestra situación se hace cada día más crítica, y la paz no llega a nuestro territorio.

Hacemos un llamado al Ministerio Público – Defensoría del Pueblo y a los Organismos Internacionales que hacen presencia en este sector, para que articuladamente se realice un Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) con presencia de autoridades del orden nacional, con el fin de buscar una solución pronta a nuestra situación como mecanismo jurídico de prevención ante un inminente desplazamiento en los próximos días.

Cabe destacar, que en el año 2003 se denunció en el Bajo Atrato la muerte de 20 jóvenes Emberas y Katíos, niños y niñas por abandono estatal; las humillaciones y el trato cruel y degradante por parte de los perpetradores era la causa de esta masacre, esta tendencia homicida fue subiendo del Bajo Atrato donde sube y llega a Bella Vista y Vigía del Fuerte, sigue río arriba en Beté y Rió Atrato y llega a Quibdó, pasa a San Juan hasta hacer metástasis en todo el territorio chocoano según denuncias de los mismos indígenas donde aseveran que el número de niños muertos por suicidio sobrepasa los 300.

Interesa resaltar que la violencia se ha recrudecido en el municipio de Río Sucio, Río Salaquí y Río Truandó, Cacarica, en el municipio de Nuquí en las riveras del Río Chorí, en el Baudó, Bojayá, Río Cuya, Río Bojayá, Río Napipí.

También es importante señalar que el aumento de los cultivos de uso ilícito va en aumento en el territorio chocoano, lo que amerita aún más tomar acciones encaminadas a erradicar estos males de nuestros territorios. Toda vez que somos obligados a la siembra de estos cultivos.

Igualmente, causa preocupación el aumento de niños, niñas y jóvenes y el flagelo de la prostitución que trae como consecuencia esta situación, vulnerándose el derecho de los niños estipulado en el Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia.

Hay una vulneración a nuestra Jurisdicción Especial Indígena estipulada en el Artículo 246 de la Constitución Política de Colombia por parte de la Fiscalía, en el sentido de que utilizan a nuestros jóvenes como red de informantes para filtrar información personal y detallada de nuestra comunidad donde se señala a líderes inocentes como miembros de grupos al margen de la ley, lo cual causa peligro y nos estigmatiza en nuestros territorios.

Los Pueblos Embera Katío, Chamí y la FEDEOREWA, exigimos mayor presencia estatal e institucional, con el fin de contribuir con la seguridad y una mejor calidad de vida para nuestros Pueblos Indígenas de acuerdo a los mandatos del Artículo 7 de la Constitución Política de Colombia que al tenor literal expresa lo siguiente: Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.