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El 26 de octubre, en el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, un área protegida estratégica entre Picachosy Caquetá que mide 447.740 hectáreas, se realizó un violento operativo contra comunidades afros, campesinas e indígenas (entre las que se encuentran comunidades del pueblo nasa) que habitan al territorio, capturando a cinco personas investigadas como presuntas responsables de la invasión, deforestación y ganadería extensiva al interior del parque.

En este operativo se movilizaron cerca de mil funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en cumplimiento de la sentencia 4360 de 5 de abril de 2018, sobre la cual se ha venido desarrollando una Estrategia investigativa contra la deforestación en la cuenca amazónica. Cuestionamos profundamente este tipo de medidas punitivas, por no estar concertadas con las comunidades locales y ser emitidas arbitrariamente por poderes ajenos al territorio, sus sentires y sus necesidades.

El parque los Picachos hace parte del Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM) que incluye cuatro Parques Nacionales Naturales: Sumapaz, Cordillera de los Picachos, Sierra de La Macarena y Tinigua, sitios igualmente relacionados con el emblemático chiribiquete, hogar de antiguas figuras rupestres y espacio de reunión ancestral de los pueblos originarios de todo el continente, según estudios antropológicos reconocidos.

Marchas multitudinarias en San Vicente del Caguán han mostrado su indignación frente al gobierno nacional por presentar mediante estos operativos un desprecio total por la paz, así como hacia la vida y la humanidad de quienes han habitado estas zonas durante más de 20 años. Nos sumamos a su grito de indignación frente a una sentencia constitucional impuesta sin respeto alguno por el derecho a la consulta previa ni el libre consentimiento, que nunca fue concertarla con los directamente implicados.

Las entidades estatales muestran una política contradictoria y sospechosa, que pareciera malintencionada frente al cuidado y conservación del medio ambiente, cuando se expiden a mansalva licencias de explotación minera y agroindustrial presentadas por el gran capital nacional e internacional, dándoles todas las garantías legales y tributarias, pero atacan sin tregua las formas de actividad económica de las gentes humildes.

Rechazamos las declaraciones irresponsables de los medios de comunicación tradicionales como Caracol TV quienes afirman que los operativos “continuaran hasta capturar cerca de 3.000 personas que estarían deforestando” impartiendo una información sesgada sobre los impactos ambientales de las comunidades, al mismo tiempo que callan sobre las consecuencias ecológicas de las multinacionales.

Rechazamos las políticas que se contradicen entre sí, donde además se impone una versión purista de la conservación, una conservación sin personas, y que sospechamos solo encubren los verdaderos intereses del gran capital por incentivar el despojo, la violencia y apoderarse de los territorios.

Apoyamos y ratificamos el Manifiesto Ecológico por una justicia ambiental para la tierra de la macarena, vida digna, campesina, indígena y afrocolombiana, para la conservación del bosque y construcción de paz, construido desde las comunidades y firmado por la Cxhab Wala Kiwe el 19 de octubre de 2018. El cual contiene exigencias, propuestas y compromisos concretos en muestra de la voluntad de paz y la consciencia ambiental de las comunidades ultrajadas por el mal gobierno nacional, buscando construir una salida dialogada que supere la violencia con que irrumpieron los escuadrones de la muerte del ESMAD.

Ratificamos las exigencias planteadas en el manifiesto, reconociendo la dignidad de quienes habitan la región que entre algunas medidas comprenden el detener inmediatamente las medidas policivas contra el pequeño y mediano propietario, la explicación de porqué la corte suprema de justicia no vinculo a las comunidades en su sentencia, el respeto al derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado, la necesidad de concertar con las comunidades otras formas de regulación alternativas a las medidas punitivas y la constitución de una mesa multicultural y pluriétnica, por un modelo de producción regional con asistencia técnica efectiva.

Responsabilizamos al gobierno nacional por todo lo que pueda suceder en materia de derechos humanos e Invitamos a los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas – ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH a las embajadas, gobiernos y organizaciones de la comunidad internacional que visibilicen, denuncien y acompañen los procesos territoriales del pueblo colombiano, por la defensa de la vida, la armonía y la paz en el territorio.