Comunidades indígenas, campesinas y sectores populares en Minga Social en grave riesgo por inminente trato militar a la protesta social
ALERTA TEMPRANA No. 4 / 25 de marzo de 2019
Comunidades indígenas, campesinas y sectores populares en Minga Social en grave riesgo por inminente trato militar a la protesta social.
La Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz. Teniendo en cuenta que:
1. Desde el día 10 de marzo de 2019, iniciamos el proceso de movilización pacífica, y a la fecha más de 20.000 colombianos indígenas, campesinos y sectores populares nos encontramos concentrados en los Municipios de Santander de Quilichao (La Agustina y Mondomo), Caldono (El Pital, Monterilla y el territorio ancestral Sa’th Tama Kiwe), Purace (Patico y Paletara), Cajibío (La Pajosa y El Cairo), Rosas (Parraga) y Suárez (Asnazu)
2. La Minga Social lleva 15 días exigiendo que el Estado, por medio del actual gobierno, atienda los requerimientos de las comunidades y el cese de acciones violentas en contra de los participantes de la Minga.
3. Frente a este llamado la respuesta del gobierno corresponde a la asignación de 3 comisiones y una mesa de diálogo para atender los requerimientos de las comunidades, construir la ruta y protocolo para la visita del Presidente, y la activación de una mesa de Garantías y Derechos Humanos, en las que ha quedado en evidencia la falta de voluntad política para afrontar un dialogo sensato y útil por parte del equipo de gobierno asignado. 4. Es de destacar la violencia sistemática y desproporcionada de la acción del Estado Colombiano para el tratamiento a la protesta social, que en manifiesta contravía de los estándares nacionales e internacionales en el marco, se constituyen en serias violaciones a los Derechos Humanos que se esquematiza en:
Acciones militares combinadas de integrantes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD, el Escuadrón Móvil de Carabinero EMCAR de la policía Nacional y el Ejercito Nacional, quienes mediante la utilización de armas convencionales y no convencionales (disparos de proyectiles y granas dirigidos a la humanidad de los protestantes mediante la utilización de gases lacrimógenos, granadas y cartuchos recalzados y armas de corto y largo alcance (fusiles y pistolas) con disparos tiro a tiro y ráfagas, al igual que mediante golpes con objetos contundentes a la fecha deja un saldo trágico de 51 minguero y mingueras lesionados (entre indígenas y campesinos).
La orientación de criminalización de la protesta social orquestada por el Fiscal General de la Nación que a la fecha se concreta en más 35 noticias criminales de las cuales 13 mingueros han sido retenidos y 5 han sido imputados y 4 han sido sometidos a medida de aseguramiento intramural.
Los ataques arbitrarios dirigidos en contra de Defensores de Derechos Humanos y comunicadores.
El ataque y la obstaculización de la labor de la misión medica.
Actos de pillaje y destrucción de bienes civiles entre los que se destaca la afectación a hogares de civiles, los alimentos, las ollas, la ropa y documentos de identidad de los manifestantes
Los constantes hostigamientos terrestres y aéreos mediante el sobrevuelo de helicópteros, Drones y aviones de guerra sobre los manifestantes.
Los montajes constantes mediante la presunta activación de explosivos en zonas de presencia constante y controladas por integrantes de la fuerza pública.
La masacre de diez (10) comuneros de la guardia Indígena y las lesiones a 15 Mingueros en hechos ocurridos en el municipio de Dagua Valle, el pasado 21 de marzo y la muerte de un (1) patrullero de la Policía Nacional, al igual que los Militares y Policías heridos que se presentaron en condiciones confusas y aún no esclarecidas.
La presencia de civiles armados no identificados con fusiles de asalto en inmediaciones de las fuerzas Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD, el Escuadrón Móvil de Carabinero EMCAR de la policía Nacional y el Ejercito Nacional, posicionados sobre la vía panamericana.
La infiltración de agentes de la fuerza pública vestidos de civil en puntos de concentración de la Minga Social.
La campaña de desinformación y pretensión de generación de una matriz mediática que legitima el trato militar a la protesta social, adelantado por altos funcionarios del gobierno nacional, algunos mandos Militares y Policiales de la Región, algunos integrantes del Partido Centro Democrático, y algunos sectores económicos quienes en medios de comunicación impulsan campañas de desinformación, calumnia y difamación sobre la Minga.
5. El día de hoy 25 de marzo de 2019, pese a que se estaba desarrollando un espacio de diálogo entre delegados de la Minga Social y el Gobierno Nacional en el Municipio de Santander de Quilichao en el Sector de Mandivá. En el Municipio de Popayán, parte de la delegación del Gobierno Nacional y autoridades civiles y militares realizaron un Consejo de Seguridad y una reunión de “Dialogo Social” en la casa de la moneda a los cuales fueron invitadas gremios y empresarios y algunos dirigentes políticos de la región.
6. Según se nos ha informado en el consejo de seguridad y en la reunión de “Dialogo Social”, se priorizo el argumento de defender derechos constitucionales en especial la locomoción de terceros, y se pretendió posicionar la idea de una salida militar mediante la utilización de fuerza, sobre el dialogo y las eventuales afectaciones a los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad personal de los integrantes de la Minga Social.
Teniendo como marco nuestra historia y presente:
1. Responsabilizamos al Estado Colombiano por todas las afectaciones, en el marco de la Minga Social, ocasionadas por el actuar violatorio de los estándares nacionales e internacionales sobre el tratamiento a la protesta social adelantado por el Estado Colombiano por medio de su fuerza pública (Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD, el Escuadrón Móvil de Carabinero EMCAR de la policía Nacional y el Ejercito Nacional), Ministro de Defensa y mandos Militares y Policiales).
2. Ante el tratamiento de guerra y las continuas vulneraciones a los derechos humanos de pueblos y comunidades movilizadas, nos solidarizamos con sus familiares y amigos y esperamos que todos los mingueros llevemos a los compañeros en el corazón y en la lucha.
3. Responsabilizamos al estado colombiano por la afectaciones que se puedan causar por su eventual decisión de privilegiar el tratamiento militar al dialogo racional entre colombianos, y en particular las afectaciones a los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad personal que se pueda materializar por una intervención militar a gran escala sobre los sitios de concentración en los Municipios de Santander de Quilichao (La Agustina y Mondomo), Caldono (El Pital, Monterilla y el territorio ancestral Sa’th Tama Kiwe), Purace (Patico y Paletara), Cajibío (La Pajosa y El Cairo), Rosas (Parraga) y Suárez (Asnazu).
Alertamos a la comunidad nacional e internacional por las violaciones a los derechos constitucionales y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos que puedan cometer los integrantes de la Policía Nacional y el Ejército de Colombia en contra de la vida, integridad y libertad personal de las comunidades campesinas e indígenas movilizadas.
El dialogo es la ruta
Tejido Defensa de la Vida y los DDHH de ACIN ChxabWalaKiwe
Programa Defensa de la Vida y Los Derechos Humanos Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.
Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”
Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.
#MingaSocialSuroccidente2019
