ONIC

25 de marzo de 2019.

Boletín 003 Comunidad Nasa Kiwe Embera Chamí, La Delfina. Valle del Cauca.

Las Autoridades Tradicionales de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca - ORIVAC y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífica – ACIVA R.P., informan a la opinión pública, a las diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales, a las instituciones del Estado colombiano, y en general a toda la comunidad nacional e internacional:

Que en el marco del ejercicio y accionar de la Jurisdicción Especial Indígena consagrado en el artículo 246 de la Constitución Política de Colombia, en armonía con el convenio 169 de la OIT y la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación, y de acuerdo a los mecanismos para el fortalecimiento de la JEI que contempla el Decreto 1953 de 2014, expedido por el Ministerio del Interior, artículos 95 y subsiguientes, continuamos el trabajo investigativo sobre los hechos ocurridos el pasado 21 de marzo de 2019 en el corregimiento de Cisneros, municipio de Dagua, Valle del Cauca, y nos encontramos conformando y definiendo los protocolos adecuados al derecho propio que la comisión técnica implementará para dar continuidad al trabajo hasta ahora adelantado.

Esta comisión, así como todas las instancias de la Jurisdicción Especial Indígena, dentro de ellas la comisión de sabeedores y sabeedoras ancestrales, han adelantado varias acciones y trabajos propios, de acuerdo a las instancias y procedimientos propios de los Pueblos reunidos en la ORIVAC que serán dados a conocer en el transcurso de la investigación.

En este sentido, hemos solicitado la reserva absoluta de los informes forenses y técnicos que expida medicina legal para la JEI, así como cualquier tipo de informe, documento o información que reposa en los haberes de la Fiscalía General de la Nación, el CTI, y demás instituciones que hicieron presencia el día de los hechos. Lo anterior teniendo en cuenta que somos sujetos colectivos de derechos y estos hechos son objeto de investigación de nuestra Jurisdicción Especial Indígena, donde una inadecuada interpretación puede obstaculizar la administración de justicia y atentar contra la verdad y la justicia, elementos que deben primar. Sin embargo, continuaremos articulando y coordinando los procesos con organismos e instituciones gubernamentales con el fin de dar garantía a todos los derechos de las víctimas de estos lamentables hechos.

Todas estas acciones hasta ahora adelantadas, así como todo el proceso que se continuará adelantando ante la JEI, busca, además de la verdad y la justicia, la reparación de todas las víctimas, individuales y colectivas de este hecho que hoy enluta a nuestros pueblos, y sobre todas las cosas que no queden en la impunidad. Es de aclarar que, como se ha manifestado desde el comienzo, estamos avanzando en acciones técnicas, culturales y espirituales en el lugar de los hechos; sin embargo nos hemos encontrado con el hostigamiento de las Fuerzas Públicas en cercanías al lugar de ocurrencia de los hechos, por lo cual hacemos un llamado urgente al Ministerio Público y a la Gobernación Departamental, para que hagan presencia inmediata con el fin de, además de dar cumplimiento a los acuerdos de La Minga, ayuden a proteger el derecho a la autonomía y al ejercicio pleno de la Jurisdicción Especial Indígena.

Frente a la situación de nuestros 3 compañeros indígenas heridos, manifestamos que se encuentran en cuidados intensivos y que cuentan con la protección adicional de nuestra Guardia Indígena, quienes además de velar por su seguridad, también se encargan de proteger el proceso investigativo que se adelanta. Por tal razón, solicitamos a los medios masivos de comunicación y a las instituciones gubernamentales, abstenerse de realizar cualquier tipo de hostigamiento a nuestros compañeros.

Así mismo, hacemos un llamado al respeto y rechazamos contundentemente todas las declaraciones realizadas por algunos medios masivos de comunicación, en donde estigmatizan de manera irresponsable al Movimiento Indígena colombiano. Adicionalmente rechazamos los pronunciamientos del Señor Ministro de Defensa quien, como cabeza de las Fuerzas Militares de Colombia ha realizado señalamientos en los que da tratamiento criminal y terrorista al movimiento indígena, y lo responsabilizamos de cualquier afectación que podamos sufrir por esta razón.