Pueblo Arhuaco desde la Sierra de Santa Marta hace un llamado al Gobierno Nacional

COMUNICADO  AL GOBIERNO  NACIONAL  Y A LA OPINIÓN PÚBLICA  EN GENERAL

El pueblo Arhuaco, desde La Sierra Nevada de Santa Marta su territorio ancestral, y a través de su organización, la Confederación Indígena Tayrona CIT, expresa su preocupación   por   la   grave   situación   que   actualmente   vivimos   los   pueblos indígenas  en Colombia y por la  persecución sistemática a los  líderes sociales que da cuenta  de más de 400  líderes  asesinados  desde el año 2018,  de los  cuales según Naciones  Unidas el 27% corresponde  a líderes  indígenas 1 muy a pesar de que  siempre  hemos  estado  dispuestos  al  diálogo  como  la  vía  civilizada  para encontrar soluciones a la problemática sin uso de la violencia.

En   el   año   2009   la   Corte   Constitucional    declaró   el   "estado   de   cosas inconstitucional" en que nos encontramos los pueblos indígenas,  evidenciando que no tenemos garantizados los derechos fundamentales  al territorio,  a la vida digna y a los  demás derechos sociales, económicos y culturales;  razón  por la cual ordenó que la situación fuera atendida como una situación de emergencia; pero, no se ha atendido  realmente,  pues hoy transcurridos  1 O   años aún no se implementan  los planes  de  salvaguarda  étnica  ordenados  como  medida  de  protección.  Hoy  la situación  es peor, y el gobierno  sigue empeñado  en invisibilizar la problemática informando a la sociedad que a los indígenas se nos están garantizando  nuestros derechos, y pasa a calificar como injustificadas las movilizaciones, fomentando  de paso  la  estigmatización   y  la  discriminación  histórica  de  la  que  hemos  sido víctimas.

La movilización  hacia espacios  públicos  de interés últimamente ha sido la única forma  de contrarrestar  esa  política  de  invisibilización  y de  negación  de  nuestra problemática,  y por lo menos lograr incluir en las agendas de gobierno los asuntos que nos que nos urge solucionar; por eso hoy no podemos menos que manifestar nuestra absoluta solidaridad y acompañamiento a la Minga Indígena del Sur Occidente colombiano;  pues  si siguen  invisibilizando  nuestra  problemática  no tendremos esperanza de solución y estaremos condenados al exterminio.

El  gobierno  lejos de atender  nuestras  necesidades de tierras  para la seguridad alimentaria y demás derechos,  impulsa un desarrollo  económico  que privilegia el extractivismo;  lo que se traduce en agresión a la biodiversidad y a la Madre Tierra; desmejorando  nuestras condiciones  de vida actual, pero especialmente  las de las generaciones futuras. Ante esto, nuestros principios de vida nos imponen el deber moral de rechazar la minería,  el fracking, la sobreexplotación  de nuestros  recursos y el deterioro del planeta,  pues nuestra misión es la conservación del agua, el aire, los bosques, el clima y la vida de todos los seres que habitamos la tierra.

Estamos  profundamente  preocupados  por la forma  irresponsable como se están concesionando  nuestros territorios  indígenas  para fines  extractivos  en contravía con el derecho fundamental  al territorio  de nuestros  pueblos. Nada bueno augura ese trato violento a la Madre Tierra, ya que despierta no sólo reacciones adversas como recalentamiento, temblores, sequías y cambios bruscos, sino también la agresividad  entre  humanos,  alejando  las  posibilidades  de  alcanzar  la  paz  y  el desarrollo humano.

Por  todo   esto,  consideramos   que  es  el  momento   de   reorientar  la   política económica  del país, para buscar alternativas  coherentes  con la  protección  de la vida y de las áreas de importancia ambiental, pues de no hacerlo estaremos condenándonos  a afrontar  las  adversidades  de  un  ambiente  deteriorado  por el modelo de desarrollo impulsado por el gobierno.

Nuestra  lucha,  desde  hace  más de 500  años  ha  sido  por el  respeto  a nuestra dignidad y por la libertad para tomar nuestras propias decisiones, por eso la lucha indígena  no  puede ser señalada  como aliada del terrorismo  o ser estigmatizada para avivar en la opinión pública el histórico menosprecio y la discriminación.

El presidente debe ir a escuchar el clamor de la  Minga,  pues no es válido decir que visitará el Cauca cuando  se levante el bloqueo de la carretera,  pues a esta situación se ha llegado precisamente  porque en la normalidad no hay atención. El presidente simboliza la unidad de la Nación;  su deber no es respaldar los intereses del  sector  privilegiado  de  la  sociedad  y  reprimir  los  intereses  de  los  sectores populares, sino garantizar los derechos y las libertades de todos los colombianos.

Es aberrante  y antidemocrático  que se señale  como  ilegal o criminal la protesta social.  No se difunden  por los medios  las justas  reclamaciones que nosotros los indígenas  hacemos;  pero sí se difunde y se le  da realce a los traumas que genera una  movilización.  Es notable así la  mala fe y la  inequidad.  No quieren reconocer que en el entorno de nuestros pueblos se acentúa EL PLURALISMO DE NECESIDADES, LA PREVALENCIA DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA CONTAMINACIÓN GENERAL.

Por todo lo anterior:

  1. 1. Rechazamos la  criminalización,  persecucion  y  señalamiento  de  la  protesta social, por lo  menos mientras no se garanticen los derechos fundamentales  de los indígenas y otros sectores deprimidos y el gobierno persista en el incumplimiento de órdenes judiciales  explícitas de la Corte Constitucional  y de acuerdos pactados con los mismos pueblos indígenas. 
  2. 2. Apoyamos  el  diálogo  como  primera  y  única  vía  para  conciliar  posturas  y acordar rutas de solución.
  3. 3. Exigimos al gobierno nacional detener la estigmatización y el tomento del odio hacia los pueblos indígenas, y adoptar medidas eficaces de prevención y protección para garantizar la vida de todos los líderes sociales.
  4. 4. Invitamos a todos  los  sectores  sociales  a  respaldar  la  Minga  Social  por  la Defensa de la Vida, el Territorio,  la Democracia, la Justicia y la Paz.

Alertamos a  la  sociedad,  a  los   Estados  y  a  los   organismos  de  derechos humanos respecto del grave irrespeto a la dignidad humana y a la Madre Tierra generada  por la  política  minera  que va ofertando  y concesionando  nuestros territorios a particulares para la explotación minera.

Finalmente  digamos  todos:   ¡EL   DIÁLOGO   SÍ,   LA  REPRESIÓN   NO!   ¡EL RESPETO SÍ,  LA ESTIGMATIZACIÓN  NO!   ¡LA VIDA SÍ,  LA MINERÍA NO!. 

 

TERRITORIO  ARHUACO,  ABRIL  DE 2019.

 

  1. 1.  Informe anual del Alto Comisionado  de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado  y del Secretario General; 4 de febrero de 2019